El programa Reporteros se concentró en esta edición en otro deprimente capítulo de la demolición y desmantelamiento de las acciones fiscales contra la corrupción. Después de liquidar los equipos especiales de los casos Cuellos Blancos y Lava Jato, ahora se destruyó a las fiscalías especializadas en las investigaciones de lavado de activos.
Las demoliciones de las fiscalías, la expulsión en los hechos de los y las fiscales abocadas a los casos, no solo significa el cese en la práctica de las investigaciones futuras sino también el fin de las investigaciones en curso, con el resultado de la más extendida impunidad.
La exprocuradora en delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y extinción de dominio, Sonia Medina, que trabajó sin interrupción en el sector por casi una veintena de años, expresó bien la alarma por la campaña de demolición, que incluye informes a la medida, como el hecho por el “defensor” del pueblo, Josué Gutiérrez, sobre las fiscalías de lavado de activos.
“Lo digo desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista profesional, de haber sido una ex funcionaria justamente en la materia. Me preocupa lo que realmente se expuso. Puedo decir, con criterio profesional, que hay demasiadas contradicciones en lo que se manifiesta”, dijo la ex procuradora Medina.
Veamos ahora el grave significado, los alarmantes alcances de esas contradicciones.
El programa anterior de Reporteros fue emitido antes del 28 de julio, bajo un régimen diferente. Ahora, unos días después, vivimos en un nuevo escenario. Hemos pasado de un escenario informal y anormal a uno formal, pero que conserva, ahora en segundo plano, la estructura informal en acción.
Ha habido un cambio sustantivo en el centro de gravedad del poder, detentado antes por el Congreso, a través de la coalición cuyo factor dominante (aunque no único) era Fuerza Popular.
Ahora, el centro de gravedad se ha trasladado al Ejecutivo, que se relaciona con dos cámaras, ya no con una; y que si bien tiene una importante representación, ya no cuenta con la aplastante mayoría que le dio la coalición corrupta que dominó el país, cambió leyes fundamentales, reconquistó el control de instituciones claves (y las “barrió” para utilizar uno de los términos preferidos de Rospigliosi, especialmente aquellas dedicadas a la lucha contra la corrupción y a la defensa de los derechos humanos) y preparó en gran medida, (pero no completa) el escenario para la transición al nuevo gobierno de Keiko Fujimori.
De hecho, el régimen anterior, desde Boluarte hasta Balcázar, debe ser entendido como el que desbrozó el terreno del actual. Ocupó, demolió, barrió, estableció un nuevo estado de cosas, intentó (e intenta) reinterpretar tanto el pasado (en especial la lucha contra la corrupción), como el presente (redefinir la impunidad como la virtud perseguida y a los corruptos o mafiosos de ayer como ciudadanos meritorios hoy); dejar el campo expedito para que el nuevo gobierno de derecha ingrese a un escenario con los mecanismos presentes y aceitados para el ejercicio del poder.
Pese a todo las cosas no salieron como esperaban. Keiko Fujimori no solo tuvo una victoria muy estrecha sino que perdió la votación en territorio nacional. La oposición, pese a sus debilidades estructurales, logró un virtual empate en el Senado y una mayoría en Diputados. Todo esto puede cambiar (y seguro que cambiará), de repente en una dirección inesperada.
La nueva situación planteaba dilemas que la nueva presidenta debía encarar y responder desde el principio.
En la asunción formal del cargo, el 28 de julio, hubo incertidumbre sobre qué tipo de Keiko Fujimori era la que se iba a expresar en ese escenario. Si la Fujimori moderada, demócrata y autocrítica de Harvard en 2015 refrendada por la que, en el último día de mayo de 2021, recibió en Arequipa el respaldo de Mario Vargas Llosa para las elecciones de segunda vuelta contra Pedro Castillo, en una ceremonia en la Casa del Fundador, en la que juró “preservar la democracia” la libertad de expresión y de prensa “sin restricciones”,
O si la Keiko de mano dura, de ultraderecha, con el culto por la razón de la fuerza y desprecio por la fuerza de la razón. La que prometió megacárceles al estilo Bukele, examinar el retiro de la Convención de San José, militarizar las cárceles, hacer que los presos trabajen por su comida. Y la que predijo represalias contra sus enemigos favoritos, como José Domingo Pérez (en entrevista con Milagros Leiva, el 2 de febrero pasado, cuando esta le preguntó si pensaba que Pérez Gómez terminaría preso, K. Fujimori respondió: “No solamente preso. Yo creo en la justicia divina. Y será arriba quien se encargará de él”). Parece que su visión de la “justicia divina” es la de un tribunal celestial de jueces sin rostro.
Su discurso inaugural en el Congreso correspondió más a la primera hipótesis. La presidenta Fujimori prometió “respetar” el equilibrio y la división de poderes. Y también prometió respetar y proteger tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa.
Ello tuvo un refuerzo más claro y explícito poco después en la ceremonia por la celebración del “día del juez”, donde, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pronunció un discurso fuerte e inequívoco sobre los hostigamientos y amenazas al Poder Judicial. Dijo que “cuando se atenta contra la independencia del Poder Judicial, se pone en peligro la democracia y la vigencia misma de la Constitución”.
Tello mencionó, volteando en algún momento hacia Fujimori, la contradicción entre lo que esta había expresado en el Congreso y lo que dijeron y expresaron líderes de su partido. Como, claro está, Rospigliosi, el jacobino de anteayer convertido en el Torquemada botafuego de hoy.
Keiko Fujimori, que fue preparada, respondió declarando el “absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía indispensable para preservar las libertades y la estabilidad de nuestra nación”.
En el auditorio se encontraban, y escucharon, los miembros de la actual JNJ (sobre todo), del TC, y del ancho elenco de funcionarios e instituciones que, luego de haber consolidado la captura de la FN habían perpetrado acciones para separar o amenazar a los jueces que se negaron a aplicar leyes violatorias de la constitución y de convenciones internacionales suscritas por este país.
Algunos ya sancionados, con un cinismo sin fisuras, como el juez superior Oswaldo Ordóñez, expresidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, separado del Poder Judicial, por haber pronunciado un discurso crítico de los abusos e ilegalidades perpetrados por el Congreso y el “Ejecutivo” durante una audiencia de la CIDH en 2024.
Otros suspendidos, como el juez Richard Concepción Carhuancho; denunciados, como el juez Jorge Luis Chávez Tamariz y la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño. Todos atacados con virulencia verbal por, sobre todo, Fernando Rospigliosi, desde su posición de presidente del Congreso hasta el 28 de julio pasado.
¿Cuál era y cuál es la realidad, entonces, de este nuevo gobierno? ¿Una lucha de dos líneas al estilo maoísta que culminará con la victoria de uno u otra? ¿Una versión del policía bueno y el policía malo, para que escojas a quién terminarás por someterte? ¿Un maquillaje “democrático” por parte de Keiko Fujimori, (algo así como el breve episodio izquierdista de su padre en el inicio de su gobierno), que pronto derivará hacia el autoritarismo cuando las condiciones (criminalidad, inminentes desastres naturales) le den la excusa circunstancial apropiada?
O, ¿podrá ser que Keiko Fujimori fluctúe o intente fluctuar entre la demócrata moderada y la autoritaria vengativa, con convicciones realmente sentidas en cada caso, que pendulan con la misma facilidad con la que Groucho Marx tenía principios al gusto del cliente?
Creo que el asunto de esas polaridades, interpretar su naturaleza, puede ser más complejo de lo que parece.
Por lo pronto tenemos ahora el disonante escenario cognitivo de una presidenta que efectúa declaraciones formales y explícitas de respeto y defensa de la democracia, mientras que el aparato mafioso sigue funcionando. De repente con la idea de que lo de la separación de poderes les resulta ahora –con instituciones ya capturadas– una buena coartada.
Casi al mismo tiempo que lo del Día del Juez , hubo la conferencia de prensa del “Defensor del Pueblo”, sobre los presuntos abusos cometidos contra ciudadanos en el área de lucha contra el lavado de activos en la Fiscalía.
Ahí estaban Josué Gutiérres, Aladino Gálvez y Fernández Jerí. (Era como tener al Guasón, al Pingüino y al Dos Caras hablando sobre la seguridad ciudadana en Ciudad Gótica
Dijeron que todo era un desastre. Poco antes, Aladino había desmantelado el área de lavado de activos.
Antes lo hizo con la investigación de cuellos blancos. Luego con la de Lava Jato. Y ahora terminó por demoler lavado de activos.
¿Qué investigaciones han sido afectadas?
Las que implican a: Rafael López Aliaga, el ex partido solidaridad, hoy Renovación, Erasmo Wong y su familia., Jimmy Pflücker y su compañía Paltarumi.
Lo más revelador es que todo ese proceso de desmantelamiento de fiscalías de Lavado de Activos se hizo en estrecha y simbiótica relación (especialmente por el lado del FN Gálvez) con Willax, el canal de Erasmo Wong, uno de los mayores beneficiados por esta demolición.
Ya pueden imaginar lo que va a suceder.
¿Y a quién nombró Aladino Gálvez como nuevo coordinador de lavado de activos?
A Juan Mendoza Abarca, cuyo largo paso en la fiscalía antidrogas contiene hechos muy significativos
