Este 23 de septiembre, el fiscal supremo provisional Gilmer Robinson Jara Vergara, apenas estrenado como titular de la primera fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, dispuso el inicio de lo que se llama una “investigación preliminar compleja” contra el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti; el fiscal superior Rafael Vela, excoordinador del Equipo Especial Lava Jato; el exfiscal José Domingo Pérez, que integró ese equipo hasta junio de este año; la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht; y los exprocuradores ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión y Jorge Ramírez.
Este caso deriva en forma directa del informe final de la llamada ‘Comisión Muñante’, del anterior Congreso, el que cesó en julio de este año. Dicha comisión, supuestamente encargada de “investigar” el acuerdo suscrito entre Odebrecht y el Estado peruano, en 2019, tuvo como objetivo evidente destruir la investigación del Equipo Especial Lava Jato y acusar penalmente a quienes participaron en ella y, también, a quienes realizaron la indagación periodística del caso.
La comisión parlamentaria fue presidida por el entonces congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, (quien es ahora primer vicepresidente del Senado), cuyo partido está implicado en el caso Lava Jato. Durante el período de su “investigación”, Muñante participó en gestiones en contra de por lo menos una persona, a la que, se suponía, debía investigar con imparcialidad. Ese fue el caso de Silvana Carrión, cuya destitución del cargo de procuradora ad hoc, fue enfáticamente gestionada por Muñante.
La comisión también estuvo integrada por congresistas cuyos partidos están involucrados en la trama de corrupción investigada por los fiscales y procuradores. Nada que sorprenda en el anterior Congreso, pero que debe constar también en su abultado registro de fechorías.
El pleno del [anterior] Congreso aprobó –como era de esperar– el 12 de junio pasado el informe de la ‘Comisión Muñante’, que recomendó iniciar acciones penales contra los operadores de justicia que tuvieron la osadía de investigar a los corruptos del caso Lava Jato; y contra Gustavo Gorriti, quien desde IDL-R dirigió las investigaciones periodísticas del caso y lideró una red transfronteriza para la cobertura de la investigación en América Latina.
La estrategia de criminalizar el periodismo de investigación y perseguir penalmente a fiscales, procuradores y jueces es parte de un conjunto de objetivos más amplios puestos en marcha por los poderosos sectores expuestos por corrupción en este caso, que IDL-R ha documentado en extenso en anteriores publicaciones. En resumen, los objetivos son: Destruir la investigación mediante desinformación, mentiras y leguleyadas; y, convertir a los investigadores en acusados, apelando a los mismos medios, para destituirlos, perseguirlos, acusarlos y llevarlos eventualmente a la cárcel.
El informe de la ‘Comisión Muñante’ fue remitido el 16 de junio desde el Congreso al despacho del fiscal de la nación, Tomás Gálvez. El 2 de septiembre Gálvez derivó el caso al fiscal supremo provisional Gilmer Jara, específicamente con respecto a Gustavo Gorriti, Rafael Vela, José Domingo Pérez, María de los Ángeles Álvarez, Silvana Carrión y Jorge Ramírez.
En cuanto a los exfiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, también incluidos en el informe de la comisión como presuntos autores de delitos contra la administración pública, será Gálvez, por razones de fuero quien los “investigue”.
Las imputaciones
El fiscal Gilmer Jara dispuso iniciar una “investigación preliminar compleja”, por el plazo de ocho meses, contra el director de IDL-R, los fiscales, los exprocuradores y la jueza que homologó el acuerdo con Odebrecht.
Como parte del proceso, Jara requerirá al juez “el levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, reserva tributaria y bursátil” de los investigados.
Esto es un calco de la actuación del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay cuando en marzo de 2024 inició una investigación fiscal hostil contra el director de IDL-R. Entonces quedó clara la amenaza que ello representaba para la libertad de prensa. Impermeable a las lecciones de la experiencia, Jara repite el libreto de Chinchay.
En cuanto al director de IDL-R, el fiscal Jara repite los cargos que Gorriti habría incurrido en delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Esto último significa en términos prácticos haber ofrecido o entregado un soborno.
¿Soborno de qué, cómo, de qué manera? Según la disposición fiscal, en junio de 2015, el director de IDL-R habría tenido una reunión con Pablo Sánchez (entonces recién estrenado como fiscal de la nación), gestionada por la periodista Monica Vecco y por Jaime Villanueva. Durante el encuentro, Gorriti le habría ofrecido a Sánchez “un beneficio mediático –apoyo comunicacional, cobertura favorable y respaldo para una eventual reelección–” a cambio “de influir en la creación del Equipo Especial Lava Jato y en la designación de fiscales afines”. ¿La fuente? Supuestas declaraciones de Villanueva, que no aparecen en la documentación del caso.
Lo absurdo de las imputaciones (¿ayudar a la reelección de un fiscal que recién iniciaba un período de tres años? ¿tener injerencia en investigaciones sobre las que IDL-Reporteros llevaba entonces una enorme ventaja sobre cualquier otra institución en el país? ¿Hacer una “cobertura favorable”, es decir, relaciones públicas antes que periodismo, que no se había hecho con nadie en decenios de labor periodística), no fue obstáculo para que el fiscal Jara las trasladara sin empacho a su “disposición” y que encima, declare “compleja” esa investigación.
El fiscal incluye también la afirmación de que Gorriti habría “invocado las influencia que mantenía con el entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez”, con el objetivo de que este ordenara la suspensión “de la diligencia de exhibición de documentos en las instalaciones de IDL-Reporteros, diligencia dirigida por el fiscal adjunto Rodrigo Rurush en el marco del caso CNM Audios”, en julio de 2018.
Lo primero que salta a la vista es que el caso no tiene nada que ver con Lava Jato, sino con otra investigación de IDL-R, el caso CNM Audios, o Cuellos Blancos, o Lava Juez. ¿Qué hace ahí? Muñante lo metió en su informe, y Jara lo acepta tal cual le llegó.
IDL-R ha desmentido esos infundios en varias publicaciones, sobre la base de hechos comprobados y pruebas concretas. Sin embargo, con cretina terquedad, se repiten otra vez más.
De hecho, la fiscalía de la nación ya investigó el segundo caso descrito por el fiscal Jara. A raíz de una publicación de Willax de diciembre de 2023, la entonces fiscal de la nación Delia Espinoza investigó a Pablo Sánchez por los mismos hechos. El caso fue archivado en enero del año pasado.
Unos meses después, ya con Tomás Gálvez como fiscal de la nación, Katherine Ampuero (actual senadora por Renovación Popular) solicitó el reexamen del caso. Gálvez rechazó el pedido de Ampuero y confirmó el archivo el 11 de noviembre del año pasado.
Investigaciones previas
De otro lado, el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano ya ha sido investigado –y archivado– por la Fiscalía en años anteriores.
En 2020, Bersabeth Revilla, entonces a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, archivó de forma definitiva una investigación contra Jorge Ramírez, Silvana Carrión y José Domingo Pérez por la suscripción del acuerdo con Odebrecht.
Este caso se inició a raíz de la acumulación de varias denuncias penales contra algunos de los funcionarios que suscribieron el acuerdo con Odebrecht, una de las cuales fue presentada por la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma, abogada del extesorero de Fuerza 2011 (Luis Mejía Lecca), implicado en el caso Lava Jato. El objetivo de estas denuncias era claro: que los operadores de justicia vayan eventualmente a prisión, anular el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña, y como consecuencia de ello debilitar las investigaciones penales contra los partidos políticos y sus miembros.
En 2024 hubo otra denuncia penal en torno al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht. Fue presentada por Luis Pacheco Mandujano y Luis Francia, abogados de los fugitivos Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, ambos investigados por el cargo de lavar dinero para Odebrecht.
La denuncia fue presentada contra Silvana Carrión, Jorge Ramírez, Zoraida Ávalos, Rafael Vela, José Domingo Pérez y la fiscal Diana Canchihuamán, del Equipo Especial Lava Jato.
Salvo el caso de Zoraida Ávalos que fue derivado al despacho de fiscal de la nación de entonces, el resto llegó a las manos del fiscal Fernando Timarchi, quien dispuso el inicio de una investigación.
El exprocurador Ramírez alegó que el caso ya había sido investigado y archivado. Por esa razón Timarchi derivó el caso al despacho que había ocupado la fiscal Revilla, que entonces estaba a cargo del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay.
El caso fue archivado. Esta decisión fue apelada por Pacheco Mandujano y por la procuraduría anticorrupción. La fiscal Karla Zecenarro, que revisó el caso en segunda instancia, dispuso que se hagan nuevas diligencias. Nuevamente el caso fue archivado y las mismas partes solicitaron un reexamen de la carpeta fiscal.
Zecenarro confirmó el archivo del caso en un extremo, pero con respecto a dos hechos dispuso que se hagan nuevas diligencias que se están desarrollando en estos días. Ahora quien está a cargo de la investigación es el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, a quien hasta los amnésicos recordarán por sus esfuerzos por detener la investigación de Cuellos Blancos en sus inicios.
Hay que recordar que Pacheco Mandujano trabajó como asesor de la ‘Comisión Muñante’ en 2025. Pacheco estuvo afiliado a Renovación Popular entre 2020 y 2024; y en las últimas elecciones postuló al Senado por el Apra. Ambos partidos están implicados en la trama del caso Lava Jato.
Hay otro dato de importancia. Zoraida Ávalos fue investigada por la entonces fiscal de la nación Delia Espinoza sobre este caso. El 25 de agosto del año pasado, Espinoza ordenó el archivo de la investigación.
Pedido de nulidad
El 27 de septiembre pasado, el exfiscal José Domingo Pérez presentó un pedido de nulidad de la disposición que da inicio a la investigación preliminar compleja sobre la suscripción del acuerdo con Odebrecht. En su escrito dirigido al fiscal Robinson Jara, Pérez sostiene que el informe de la ‘Comisión Muñante’ tiene vicios al no haber realizado un debido proceso y al haber vulnerado su derecho a la defensa en sede parlamentaria.
En la última edición del programa Reporteros, el sábado 26 de septiembre, Gustavo Gorriti entrevistó en extenso a los abogados Carlos Rivera y Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal, quienes ejercen la defensa legal del director de IDL-R en este caso y otros, sobre los alcances de la investigación dispuesta por el fiscal Robinson Jara y cómo esta representa un grave ataque a la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción.
A continuación, el programa completo.
