El expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) logró la semana pasada que un juzgado del ámbito civil ordenara el secuestro de acciones y de cuentas bancarias del holding periodístico Corporación La Prensa, S. A. (Corprensa), que aglutina el medio más influyente del país (La Prensa) y el de mayor circulación en Panamá (Mi Diario).
La medida lleva concretándose desde hace varios días, lo que imposibilitará al medio, por el momento, pagar los salarios de su personal periodístico y administrativo. Tampoco se podrán pagar a contratistas que prestan servicios y venden insumos a la corporación.
Pérez Balladares pretende el pago de 5.5 millones de dólares por supuestos daños morales, luego de que el Ministerio Público lo acusó de lavado de activos en 2012, tras una investigación sobre dineros que habría recibido de compañías filiales de Lucky Game, empresa que recibió en su gobierno una concesión para operar en Panamá locales con máquinas tragamonedas.
Recientemente habría quedado en firme una sentencia que lo sobreseyó de las acusaciones de las Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada. Luego de ello procedió en el caso contra la Corporación al secuestro de los activos de la empresa, que no incluyen, la administración de la casa editorial Corprensa. Este proceso está apenas en su etapa inicial, en primera instancia, específicamente, en la presentación de pruebas, por lo que no existe en este momento un fallo contra La Prensa.
Por el contrario, en su querella civil, a este medio se le ha negado en dos ocasiones los recursos para defenderse de las acusaciones del expresidente, por los que los abogados de la defensa han interpuesto amparos de garantías constitucionales, ambas resueltas este año a favor del medio.
Escenario
Pérez Balladares gobernó Panamá en medio de numerosos escándalos de corrupción. Ello incluyó la concesión de contratos servicios que prestaba el Estado a ciudadanos de Estados Unidos que fueron investigados en su país de origen y condenados por pagar sobornos. Y aunque las autoridades panameñas investigaron este caso, la justicia local no halló culpables.
El expresidente panameño le fue revocado su visado para entrar a Estados Unidos al final de su mandato, en 1999, cuyo detonante fue el presunto tráfico de personas durante su gobierno. Los escándalos de su administración también incluyen el nombramiento de personas y políticos allegado a él y a su partido (Revolucionario Democrático, PRD, actualmente en el poder) como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido el esposo de su secretaria personal.
Los procesos de privatización de las empresas estatales que instauró el expresidente en su momento también fueron duraderamente criticados por las irregularidades en sus procesos de venta, ello sin contar que durante su campaña recibió fondos de un reconocido narcotraficante colombiano.
Años después se sabría que un fondo público multimillonario para uso discrecional del Presidente de la República también fue usado por Pérez Balladares para gastos suntuosos, regalos a su esposa y familiares y gastos sin explicación.
Acoso judicial
La demanda civil de Pérez Balladares se suma a las decenas decenas de querellas penales y civiles por presuntos delitos contra el honor, que suponen penas de cárcel y reclamos económicos que suman más de 80 millones de dólares, contra La Prensa, casi todas incoadas por expresidentes, exfuncionarios o contratistas del Estado y allegados de todos ellos, en una campaña para amedrentar y desgastar judicialmente, con el claro propósito de debilitar la economía de la corporación, obligándola a destinar buena parte de sus ingresos en cuantiosos gastos legales.
Una enorme cantidad de estas querellas han sido presentadas por abogados del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y su familia, quien enfrenta varios casos de presunta corrupción en los tribunales de justicia panameños, incluido, una reciente acusación en su contra por el caso Odebrecht, investigación en la que él y dos de sus hijos, además de varios de sus ministros, han sido identificados por delatores brasileños como receptores de decenas de millones de dólares en sobornos.
La semana pasada, cuando se concretaban los secuestros bancarios y activos de Corprensa, Martinelli anunció en Twitter -como es habitual en él para atacar medios y ciudadanos que lo critican- nuevas demandas contra La Prensa, que incluían, por primera vez, la amenaza de secuestrar administrativamente el medio. Ello supondría perder el control del periódico y el resto de sus publicaciones.
Es así como dos expresidentes persiguen el mismo fin: controlar La Prensa, medio en el que se ventilan sus casos para el conocimiento de los ciudadanos panameños.
Martinelli fue extraditado de Estados Unidos a Panamá en junio de 2018, luego de permanecer en ese país durante tres años, uno de ellos, detenido en una cárcel federal a la espera de su extradición para ser juzgado en Panamá por presunto espionaje telefónico a más de un centenar de personas. De este caso fue exculpado, en un polémico fallo, aunque aún enfrenta varios casos más, como ya se mencionó, y la sentencia en última instancia del caso del que fue exculpado: el de los pinchazos telefónicos.
El acoso judicial al que ha sido sometido La Prensa por parte de Martinelli, al que ahora se suma Pérez Balladares, con el secuestro parcial de los bienes de La Prensa, tiene como fin, antes y ahora, silenciar un medio comprometido con la verdad y la rendición de cuentas.