Esta investigación de La Prensa, de Panamá, se desarrolló en el marco de la red latinoamericana de periodismo de investigación sobre el caso Lava Jato, integrada por IDL-Reporteros, La Prensa, de Panamá, y Armando Info, de Venezuela.
Los abogados de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, y de Mario Martinelli Berrocal hijos y hermano del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, respectivamenteacudieron ayer a la Fiscalía Especial Anticorrupción tras una orden de ubicación y conducción que giró contra sus representados, como parte de las investigaciones por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en bancos suizos.
Por esta investigación, la fiscal especial Anticorrupción, Tania Sterling, también pidió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la conducción del exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez, del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo SáezLlorens, y del empresario Riccardo
Francolini Arosemena, actualmente detenido preventivamente, pero por la investigación sobre supuesto peculado contra la Caja de Ahorros (CA). Igualmente, la fiscal requiere la presencia de Evelyn Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez. Esta última fue conducida anoche a la fiscalía y, tras ser indagada, quedó aprehendida.
No ubican a Mario Martinelli
Miembros de la DIJ acudieron en la tarde de ayer a la residencia de Mario Martinelli Berrocal para conducirlo a la fiscalía, pero no lo ubicaron.
José Nelson Brandao, abogado de Martinelli Berrocal, confirmó la diligencia que efectuó la DIJ. Dijo que su cliente no se encontraba en casa, pero indicó que está en el país y dispuesto a declarar en este caso.
Brandao acudió al edificio Avesa, sede de la fiscalía, para solicitarle a los funcionarios del Ministerio Público (MP) que le dieran una fecha para que Martinelli Berrocal acudiera a la fiscalía.
“Los funcionarios de la fiscalía nos han dicho que si no viene conducido, que no venga… Es decir, que al final lo que quieren es detenerlo de todas maneras y no darle la oportunidad para que venga de manera voluntaria a dar su declaración”, sostuvo el abogado.
Mario Martinelli Berrocal enfrenta otros procesos judiciales por supuestos peculados en la compra de granos y mochilas escolares, a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN). Por ambos casos tiene impedimento de salida del país.
Tambíen Cristóbal Arboleda y Carlos Carrillo defensores de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, respectivamente acudieron al Avesa, pero no informaron si sus clientes acudirán a la indagatoria ni informaron sobre su ubicación.
Arboleda y Carrillo se quejaron de que la fiscalía no les dio acceso al expediente, por lo que no podían dar mayores detalles sobre la implicación que hace la fiscalía a los hijos del expresidente.
Carrillo, también defensor de Francolini, dijo que le sorprendió la implicación del empresario en este caso y negó su vinculación en las coimas pagadas por Odebrecht.
No se conoció sobre las diligencias de conducción contra el exministro Suárez y el exjefe de la CSS, Sáez Llorens.
17 implicados: Porcell
Más temprano, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, precisó que las órdenes de conducción dadas ayer son en contra de 17 personas, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).
Porcell –que no precisó nombres– detalló que se trata de 3 exfuncionarios del Gobierno de Panamá; 13 empresarios –8 panameños y 5 extranjerosy un oficial de banca privada de un banco de la plaza. Indicó que las medidas son parte de las investigaciones por los millones de dólares provenientes de cuentas en bancos suizos, cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora Odebrecht.
“Lo que puedo señalar es que si estas personas no se encuentran en Panamá se cuenta con mecanismos legales para conseguirlas, como ocurrió con el apoyo de Interpol en el caso de West Valdés”, explicó.
Indicó que en la medida en que las personas sean ubicadas y se presenten a la fiscalía, se podrá empezar con las indagatorias.
Explicaciones del silencio
Porcell explicó a los medios por qué no había actuado en este caso, a pesar de que había recibido una carta rogatoria de Suiza, fechada el 24 de febrero de 2016, sobre la incautación por fiscales suizos de $22 millones en cuentas de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
Porcell leyó en la conferencia una cronología en la que indicó que desde abril de 2016 la Procuraduría General de la Nación tramitó un pedido de asistencia legal por parte de Suiza por este caso (ver cronología).
De acuerdo con la funcionaria, una vez se logra el 19 de enero el levantamiento del velo de confidencialidad de la información por parte de Suiza, se permite la imputación de cargos contra 17 personas por este caso.
Interrogada sobre si el MP necesita autorización de Suiza para imputar cargos en este proceso, Porcell respondió que sí. Explicó que desde marzo de 2016 manejaba la información de los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos de Suiza, “pero hay normas especiales y tenían que ser cumplidas, lo importante es que no se está actuando hoy, sino desde hace meses y hay concepto de reserva, y es fundamental en esas investigaciones, y si no se tiene prudencia lo que puede ocasionarse es que las pruebas se vayan”.
Indicó que una prueba de la agilidad con que ha trabajado el MP en este caso son las órdenes de conducción giradas ayer por la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga los procesos contra Odebrecht.
MP no ha reclamado US$22 millones
La procuradora señaló que aún el MP no ha reclamado los $22 millones incautados por las autoridades suizas, como parte de los sobornos pagados por Odebrecht.
Explicó que en diciembre pasado es cuando la Procuraduría responde a Suiza sobre las diligencias solicitadas, y tras obtener la información de que ese dinero está incautado, se está a la espera de que el pedido se haga. “El tema de ese dinero no es una novedad, pero había que manejarlo con la reserva correspondiente”, declaró Porcell.
Agregó que cuando fue a Viena, Austria, a rendir un informe en la Oficina contra Droga y Delito de las Naciones Unidas, en mayo de 2016, se entrevistó con la contraparte suiza para hablar sobre ese dinero incautado por las autoridades judiciales de ese país europeo.
Tres casos
Porcell explicó que las pesquisas por los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá giran en torno a las cuentas congeladas en Suiza, la información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el pago de $59 millones en sobornos a funcionarios panameños, y además sobre las investigaciones que se realizan en Brasil por el caso Lava Jato.
Aseguró que será la investigación que realiza la fiscalía especial la que determine los períodos en que se dieron los pagos de sobornos a funcionarios panameños en los distintos gobiernos. Indicó que hasta el momento hay distintos períodos de gobierno en los que se dieron las coimas, pero no precisó.
“Lo importante es que se sepa que estamos trabajando con las limitaciones, con las limitaciones legales que no son las mismas de mis homólogos, y porque se ven resultados en otros países más rápidos que en otros”, dijo.
No se ha firmado acuerdo con Odebrecht
Aclaró que ella no ha firmado ningún acuerdo con Odebrecht para la devolución de los dineros a Panamá, producto de los sobornos que pagaron.
Afirmó que sostuvo una conversación verbal con los abogados de la constructora, quienes fueron los que acudieron al MP a plantear que devolverían los dineros al Estado panameño.
Porcell pidió una vez más a la ciudadanía que tengan confianza en el MP, a pesar de que comprende la impaciencia del país por obtener una respuesta rápida por estas investigaciones que se adelantan.
