Dos días antes de que se celebre una videoconferencia que puede abrir la caja de Pandora, el gigante brasileño Odebrecht se presentó ayer ante la justicia argentina y ofreció sellar un «acuerdo de colaboración» que permita sacar a la luz quiénes recibieron las coimas que pagaron en los últimos años en la Argentina por US$ 35 millones.
La constructora comunicó esa oferta a los jueces federales Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi, quienes tienen en sus manos distintas investigaciones penales sobre las operaciones de esa empresa en el país, junto a los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi, y el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
La iniciativa de Odebrecht se plasmó dos días antes de que dos brasileños condenados en su país por sus roles en la megacausa Lava Jato, Leonardo Meirelles y Alberto Youssef, declaren por videoconferencia desde Brasil ante los investigadores argentinos.
«¿Cuál es el objetivo de Odebrecht? Alcanzar un acuerdo similar a los que obtuvo en Brasil y otros países que le permitan entregar información».
Ex socios, hoy distanciados, Meirelles y Youssef fueron engranajes clave en la operatoria de fuga de divisas, triangulación y lavado de dinero que montaron Odebrecht y otras empresas brasileñas para pagar coimas y financiar campañas en su país, en la Argentina y una docena de países más.
Detenidos y luego condenados por el juez brasileño Sergio Moro, tanto Meirelles como Youssef se acogieron al régimen de la delación premiada para obtener una reducción de sus tiempos en la cárcel a cambio de entregar información y documentos sobre la operatoria delictiva de Odebrecht y otras constructoras brasileñas.
Entre los documentos que Meirelles entregó a la justicia brasileña -y luego a las autoridades peruanas- figuran cinco transferencias que ese operador ordenó a favor del actual titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Basado en esos y otros indicios, el fiscal Delgado requirió al juez Casanello que se citara a declarar a Meirelles y a su ex socio y jefe Youssef, lo que terminó por plasmarse en una videoconferencia prevista para mañana, a partir de las 13.
Con el asesoramiento de los abogados penalistas Pablo Maggio y Maximiliano Frola, optó entonces por adelantarse y dar el primer paso formal para abrir una negociación cuyos primeros tanteos informales comenzaron en Buenos Aires hace dos meses.
¿Cuál es el objetivo de Odebrecht? Alcanzar un acuerdo similar a los que obtuvo en Brasil y otros países que le permitan entregar información, limpiar su imagen y mantener sus actividades en el país. Así, mediante un comunicado, la constructora brasileña informó que se había «presentado ante la justicia federal ofreciendo un acuerdo de colaboración amplio y eficaz, similar a los celebrados ante las autoridades judiciales de Brasil, Suiza, Estados Unidos y República Dominicana».
Odebrecht sostuvo que su objetivo es arribar a un acuerdo «de conformidad con las disposiciones de los tratados internacionales vigentes y la legislación argentina», y reafirmó que dejó atrás las prácticas corruptas que colocaron contra las cuerdas a dos de sus dueños, Emilio y Marcelo Odebrecht, y a 77 de sus máximos ejecutivos.
Para la constructora, el paso formal que dio ayer en los tribunales de Comodoro Py se suma a los contactos que desde marzo pasado mantuvo otro de sus abogados, el experto en arbitrajes complejos con aristas internacionales, Guido Tawil, con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Las negociaciones también incluyeron a por lo menos un abogado interno de la compañía, que viajó de Brasil a Buenos Aires mientras se aproxima el jueves 1° de junio, cuando debería levantarse el secreto que se ciñe sobre las actividades delictivas en varios países -entre ellos, la Argentina- que confesaron ex ejecutivos de Odebrecht que se volcaron a la delación premiada.
Esas actividades delictivas abarcan, entre otras, el pago de «propinas» a funcionarios públicos en los proyectos de ampliación de los sistemas troncales de gas, según declaró en Brasil un ex jerarca de Odebrecht, Márcio Faria. También los pagos a Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. O quiénes son los dos sobornados en Buenos Aires a los que se identificó en los registros internos de la constructora como «Festança» («festivo» o «fiestero») y «Duvidoso» («dudoso» o «dubitativo»).
Piden seguir la causa de Arribas
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recurrió ante la Cámara Federal el cierre de la investigación por las transferencias que un operador brasileño de la megacausa Lava Jato ordenó a favor de Gustavo Arribas. Planteó que nunca se le dio la «intervención necesaria» que impone la ley, máxime cuando el fiscal ante esa Cámara, Germán Moldes, desistió de la apelación del fiscal Federico Delgado, en contra del sobreseimiento de Arribas. La PIA busca que Casación revoque el «arbitrario» cierre de la causa y ordene continuar la investigación.
(*) Hugo Alconada, de La Nación, de Argentina, forma parte de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, compuesta por periodistas de IDL-Reporteros, La Prensa, de Panamá; Armando Info, de Venezuela; y Sudestada, de Uruguay.