En las últimas semanas se ha barajado salidas de emergencia para resolver los problemas del sistema privado de pensiones. Entre el debate sobre el retiro casi del cien por ciento de los fondos al jubilarse, y la renuncia del jefe de la SBS; no se ha hecho preguntas de fondo: ¿Funciona realmente el sistema de las AFP? ¿Es posible obtener buenas pensiones mediante el sistema actual?
El sur nos da la respuesta.
En abril del año pasado, ante la avalancha de críticas de los jubilados por las bajas pensiones en Chile, la presidenta Michelle Bachelet formó una comisión liderada por el economista David Bravo e integrada por una veintena de especialistas en seguridad social, para que hiciera un diagnóstico del sistema de pensiones y planteara modificaciones. En Chile, a diferencia de Perú, solo existen las AFP.
A inicios de los 80, las AFP se habían presentado como la alternativa perfecta, desde el ámbito privado, para asumir con solvencia el sistema pensionario. Lo mismo ocurrió en el Perú. Las mismas promesas, las mismas expectativas.
A fines de 2013, los chilenos tenían una pensión promedio que no alcanzaba siquiera el sueldo mínimo vital. Eso estaba lejos de lo prometido cuando se creó el sistema: pensiones equivalentes al 70 por ciento del sueldo promedio de los últimos diez años de trabajo (lo que en jerga económica se conoce como tasa de reemplazo). Si el sueldo promedio de un trabajador había sido de 1000 dólares durante ese periodo laboral, la pensión debería haber sido de 700 dólares. Ese no fue, ni mucho menos, el caso.
La comisión investiga
El equipo tuvo especial interés en saber qué pensiones iban a tener aquellas personas que desde el inicio de su vida laboral estuvieron afiliadas a una AFP.
La comisión proyectó -por primera vez- cuáles serán las pensiones de este primer grupo de afiliados exclusivos del sistema privado, que recién se jubilará entre el 2025 y 2035. Los resultados fueron dramáticos. «Un 50% de los pensionados (…) obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15 por ciento del ingreso promedio de los últimos diez años [de trabajo ]», según el informe de la comisión. Es decir, si el sueldo promedio fue 1000 dólares, solo se lograría una pensión de 150.
En Perú, la SBS aún no ha realizado este tipo de estudios. Eso fue confirmado por la institución a IDL-R hace algunas semanas.
Desde la creación del sistema privado de pensiones, en 1980, hasta el año 2002, un trabajador chileno aportaba a su AFP, en promedio, el 52 por ciento de su vida laboral. Al advertir esta baja densidad de cotización, reflejo de la poca capacidad del trabajador para permanecer en un empleo formal; el gobierno chileno decidió, en 2008, subsidiar las pensiones.
En marzo de ese año se creó el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), a través del cual aquellos que al jubilarse no alcanzaran una pensión mínima (139 dólares para 2008, 448 dólares para 2015) y que pertenecieran al 60% de la población con menos recursos, recibirían un subsidio estatal.
Y en el caso de aquellos que nunca estuvieron afiliados a una AFP (y que pertenecen al 60% más pobre), recibirían una Pensión Básica Solidaria (PBS), que para este año equivale a 138 dólares. Ambos beneficios han sido y son desembolsados en su totalidad por el Estado chileno.
“El Estado está saliendo a cubrir tanto a la gente que se ha jubilado por compañía de seguro como por AFP. Esa es la rabia que tenemos”, dijo María Bustos, vicepresidenta de Asociación Nacional de Pensionados de Chile, a IDL-R, en rechazo a que recursos fiscales subsidien aquello que, en teoría, no iba a necesitar el aporte del Estado.
Pero ni con este subsidio fue suficiente.
La Comisión Bravo actualizó los datos y describió una situación peor: en promedio, estos cotizan en las AFP solo el 41,7% de su vida laboral. “El problema es serio en Chile, el problema de la baja cotización; y Chile tiene, evidentemente, un sector informal mucho menor que el que tienen otros países de la región”, dijo Bravo.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), hay una brecha de por lo menos 25 puntos porcentuales entre el empleo informal en Chile y en Perú. Su “Estudio Multidimensional del Perú” para este año reportó cerca de un 60% de empleo informal y casi un 35% para el país vecino (con datos de 2011-2012). A su turno, el INEI reportó para el 2014 un 72,8% de informalidad laboral en el Perú.
En sus conclusiones, la Comisión Bravo recomendó aumentar otro pilar contributivo al sistema: el aporte del empleador equivalente al 4% del sueldo de su trabajador. Y elevar en 20% el subsidio estatal.
Aun con estos cambios, no es seguro que se logre un salto tan alto en la tasa de reemplazo: del 37% alcanzado con el subsidio estatal al 70% ofrecido a los pensionistas.
En estos días, las recomendaciones de la Comisión Bravo son revisadas por la Subsecretaría de Previsión Social de Chile, cuyo informe de evaluación será discutido en un comité de ministros. Esto se traducirá en un proyecto de ley que deberá debatir el Congreso en las próximas semanas.
“Por sí sola la capitalización individual [las AFP] no es suficiente para sustentar el sistema y obtener buenas pensiones”, sostuvo Julia Urquieta, jefa de dicha subsecretaría, en entrevista con IDL-R. “Hoy día hay resultados objetivos, que nadie puede desmentir”, enfatizó.
Para el economista peruano y especialista en seguridad social, Javier Olivera, “[el sistema de AFP] no resuelve el problema de la pobreza en la vejez ni de la cobertura”.
Hay la certeza de que el modelo chileno fracasó, y no con base en un termómetro popular, sino en estudios oficiales. “Ustedes están a tiempo, tienen que salvarse de este problema”, dijo Mariela Calderón, presidenta de la Asociación Nacional de Pensionados de Chile.
IDL-R contactó a Luis Valdivieso, presidente de las Asociación de AFP, quien indicó haber leído el informe de la Comisión Bravo. Aceptó ser entrevistado telefónicamente sobre este tema, pero luego no respondió las llamadas. A su turno, IDL-R intentó comunicarse en repetidas oportunidades con Michel Canta, superintendente adjunto de AFP de la SBS, pero no hubo respuesta de su parte.
(*) La Comisión Bravo eligió a la “mediana” como indicador estadístico más representativo para los chilenos, pues el promedio difiere de lo que la mayoría de pensionados recibe en vista de la asimetría en el mercado laboral. Aun así los resultados no son muy diferentes. Si la mediana da una tasa de reemplazo de 15,3%; el promedio da una de 21,2%.