IDL-Reporteros publica, a continuación, el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú de fecha 25 de junio.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su preocupación por la reciente aprobación, por parte del Congreso de la República, de un informe que recomienda iniciar acciones penales contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, a partir de imputaciones que buscan atribuirle una supuesta capacidad de influencia indebida sobre fiscales y magistrados sin prueba alguna.
Los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia exigen acreditar, entre otros elementos, la existencia de ofrecimientos, beneficios indebidos o una capacidad real de influir sobre decisiones de funcionarios públicos, circunstancias que no han sido demostradas fáctica ni jurídicamente. La sola existencia de contactos entre un periodista y sus fuentes, práctica inherente al ejercicio de la labor informativa, no constituye conducta ilícita ni puede ser utilizada para presumir la comisión de delitos.
Con la aprobación del Informe Final de la Comisión Investigadora Multipartidaria sobre el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht –presidida por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante–, se pretende criminalizar el periodismo y constituye una grave amenaza a la libertad de prensa, al secreto profesional y al derecho de la sociedad a estar informada.
Este nuevo intento de involucrar penalmente a Gustavo Gorriti se suma a una larga secuencia de ataques, campañas de desprestigio, denuncias judiciales, investigaciones fiscales y acciones orientadas a desacreditar su trabajo periodístico y el de IDL-Reporteros, particularmente a partir de las investigaciones que revelaron redes de corrupción vinculadas al caso Lava Jato y otros graves hechos.
Entre estos episodios figuran intentos de acceder a material periodístico protegido por el secreto profesional, cuestionamientos infundados a sus relaciones con fuentes informativas y campañas sistemáticas de hostilidad promovidas desde distintos espacios políticos y mediáticos.
Para la ANP, decisiones como estas confirman patrones de un acoso sistemático al periodismo. En un sistema de justicia que goce de independencia imputaciones de esta naturaleza no deberían prosperar.
La ANP permanecerá vigilante frente a cualquier intento de utilizar los órganos del Estado para intimidar, silenciar o castigar el periodismo crítico.
Reafirmamos que investigar la corrupción, proteger las fuentes y publicar información de interés público no son delitos: son expresiones esenciales del derecho a la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.
