Tres ex jefes de la VII Región Policial Lima, dos de los cuales fueron luego ministros del Interior en este gobierno, suscribieron contratos de mantenimiento vehicular con Iza Motors, que son ahora investigados por gruesas irregularidades por la Fiscalía.
El fiscal anticorrupción Gunther Cornejo investiga 14 contratos suscritos entre la compañía del empresario automotriz Antonio Camayo con la VII Región Policial de Lima, en el periodo 2015-2017, durante las gestiones del ahora ministro del Interior César Gentille, su predecesor Gastón Rodríguez y el general PNP (r) Salvador Iglesias. Todos ellos son investigados, desde febrero pasado, por los delitos “contra la administración pública, colusión agravada y/o negociación incompatible en agravio del Estado”.
El fiscal basó sus argumentos en una investigación de la Inspectoría de la Policía iniciada en julio de 2018 por órdenes de su entonces inspector general, general PNP Gustavo Hananel.
Este caso se inició a raíz de publicaciones periodísticas que reportaron que los vehículos policiales empleados durante el operativo de detención preliminar de Antonio Camayo en su domicilio por el caso ‘Cuellos Blancos’–en la madrugada del 29 de julio de ese año– tenían calcomanías de Iza Motors.
Ante eso, Hananel dispuso que se realicen “acciones de control” para determinar “la legalidad” de los contratos que la Policía había suscrito con Iza Motors.
Un mes después, la Inspectoría determinó que la empresa de Camayo había obtenido catorce contratos (sola o en consorcio) para la reparación y mantenimiento de autos en la VII Región Policial de Lima entre el 2015 y 2017, por un monto total de 4 millones 102 mil 873 soles.
De acuerdo con el Informe Técnico Contable N° 06-2018, en 2015, durante la gestión del general PNP Salvador Iglesias en la VII Región Policial, Iza Motors obtuvo siete contratos en consorcio con “la empresa Giovanna Zegarra Zavaleta (persona natural)” y la compañía Mafeky Motor, por un monto total de 2 millones 192 mil 217 soles.
Respecto a Giovanna Zegarra, el informe señala que “la actividad que realiza [alquileres de vehículos] no guarda relación con la actividad solicitada”. Esta no ha sido la única contratación de Zegarra con esa dependencia policial. De acuerdo con los registros del OSCE, entre el 2013 y 2016, obtuvo 46 órdenes de servicio con la VII Región Lima.
La compañía Mafeky Motor, a su turno, fue creada pocos días antes de suscribir su primer contrato con la VII Región Lima. IDL-R ha podido constatar que fue inscrita en Registros Públicos el 24 de abril del 2015 con un capital de mil soles. Once días después, el 5 de mayo, Mafeky Motor, representada por Olga Ríos Vera, recibió una autorización como proveedor del Estado, y dos días más tarde obtuvo sus primeras tres adjudicaciones en consorcio con Iza Motors en la VII Región Policial Lima por más de un millón de soles.
En paralelo a la investigación del fiscal Gunther Cornejo y la auditoría que realizó la Policía, el equipo especial de fiscales del caso ‘Cuellos Blancos’ también recibió información sobre los contratos de la compañía Antonio Camayo con la Policía, a través de dos aspirantes a colaboradores eficaces.
Según el aspirante a colaborador identificado con el código 2006-2019, desde 2015 se llevaron a cabo coordinaciones “para obtener la buena pro de contratos” entre Iza Motors, Giovanna Zegarra y la empresa Mafeky Motor con la VII Región de Lima “mediante el uso de documentación falsa y vinculaciones del personal de Mafeky Motor con la PNP”.
“A inicios del año 2015 se reunieron el señor Camayo Valverde y la señora Olga Ríos [en representación de Mafeky Motor] quien le propone un negocio que consta en realizar servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a unidades policiales”, relató el aspirante a colaborador.
Ríos Vera le propuso presentarse en consorcio y se comprometió “con Camayo a enviar a un especialista en contrataciones con el Estado […] para que le entregue todos los documentos y cumplir con los requisitos que solicitaban [sic] la Jefatura de la VII Región Policial Lima”.
Según el aspirante a colaborador eficaz, en los procesos se incluyeron “documentos reales y otros documentos adulterados, modificados o creados” por el personal de Iza Motors en coordinación con Mafeky Motor.
Un segundo aspirante a colaborador eficaz, con clave 409-2018, confirmó lo dicho por el primero e indicó que Olga Ríos “se valía de recomendaciones de altos oficiales de la PNP y sus relaciones con los encargados de los procesos de selección, con quienes coordinaba para lograr estos objetivos”.
Además, dijo que la “empresa [Mafeky] fue creada poco antes de ser favorecida y sin contar con talleres para brindar los servicios y menos la experiencia, herramientas, equipo, mano de obra calificada, entre otros”.
Las compañías donde Ríos ha trabajado tienen un largo historial de contrataciones con la Policía. Fue gerente general de la empresa Orios Constructora que, entre 2013 y 2018, logró adjudicarse más de 18 servicios por montos que oscilaban entre 11 mil y 30 mil soles con la VII Región Policial de Lima, la Dirección Ejecutiva Antidrogas y la Dirección de Investigación Criminal. Durante el periodo investigado (2015-2017), Orios Constructora obtuvo más de 70 mil soles en contratos con la VII Región Policial de Lima.
Olga Ríos también es socia y representante legal de la empresa Seralico SA que, según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), tiene contratos con el Estado desde el 2008 y, con la PNP desde 2015. La firma también se adjudicó contratos en las gestiones de los generales Salvador Iglesias y César Gentille en la VII Región.
Aunque en un primer momento se mostró dispuesta a tener una entrevista con IDL-R, la empresaria optó por no volver a contestar. La defensa legal de Antonio Camayo tampoco quiso pronunciarse.
En 2016, durante la gestión del ahora ministro del Interior, César Gentille, al mando de la VII Región Policial de Lima, Iza Motors logró seis adjudicaciones en solo un mes por un total de 1 millón 542 mil 797 soles. En los cinco primeros contratos Iza Motors actuó en consorcio con Mafeky Motor, y en el último contrato ambas compañías se consorciaron con Autopasa Servicios A Clasificados. En todos los casos el servicio fue el mismo: reparación y mantenimiento de vehículos.
Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) corroborada con los contratos, en un solo día –el 9 de junio del 2016– la región policial, entonces liderada por Gentille, le adjudicó dos contratos a Iza Motors y Mafeky Motor por más de medio millón de soles. Un día antes hizo otro contrato por más de 194 mil soles, y cuatro días después otro por más de 186 mil soles.
En cuanto a Autopasa Servicios A Clasificados, IDL-R verificó que esa compañía tenía apenas nueves meses inscrita en Sunat cuando obtuvo la buena pro con Mafeky y la empresa de Antonio Camayo por poco más de 200 mil soles. Tras esta primera experiencia en el sector público, esa compañía ha logrado ganar cinco contratos con municipalidades distritales.
El abogado especialista en contrataciones públicas, César Candela, explicó que por los conceptos contratados y las fechas, existe “un aparente fraccionamiento que, además, está prohibido de acuerdo a ley. Estos fraccionamientos suelen darse cuando hay una mala planificación o la búsqueda indebida de redireccionamiento para favorecer a un determinado proveedor”.
Esta presunta irregularidad en la gestión de Gentille también fue señalada en la pericia contable policial del 2018: “[la VII Región Policial] no llegó a realizar una adecuada programación […] incurriendo en fraccionamiento en los procedimientos de selección […]. Esto se debe al no haber realizado la unidad ejecutora un cuadro de necesidades oportuna con la finalidad de evitar las contrataciones por tramos”.
Otro de los hallazgos respecto a la gestión de Gentille fue una lista de “servicio de reparación” de vehículos que “se encontraban operativos”. En este caso, se habría pagado “por servicios no realizados”. También se menciona que “en las bases no consigna el número de placa de los vehículos, así como en el contrato no hace mención de la garantía técnica por el mantenimiento a realizar”.
De acuerdo con el aspirante a colaborador eficaz 2006-2019, durante la gestión de Gentille se dio el mismo esquema de “uso de documentación falsa y vinculaciones del personal de Mafeky con la policía”.
El equipo especial del caso ‘Cuellos Blancos’ deberá enviar este testimonio junto con el del aspirante a colaborador eficaz 409-2018 al despacho del fiscal anticorrupción Gunther Cornejo, quien ya cursó las citaciones para declarar a todos los implicados.
Entrevistado por IDL-R, el ministro César Gentille dijo que no se siente responsable de estas contrataciones: “mi foco de atención era netamente la parte operativa de la región. Para todo lo que era administrativo, contrataciones, había una facultad especializada y un conocimiento técnico especializado que no tenemos los jefes de Región”.
Sobre la opinión de los abogados respecto a que las autoridades no pueden renunciar a su deber de supervisión, Gentille respondió que, según ley, él no era la autoridad responsable sino el director general de la Policía: “Yo nunca tuve la condición de titular de la entidad”.
Aseguró que, según las normas policiales, “el titular de la entidad es el Director General de la Policía” que el 2016 fue el general hoy en retiro PNP Vicente Romero: “esa expresión que dicen los abogados respecto a que se puede delegar facultades pero no se delega responsabilidad le compete no al jefe de la unidad ejecutora [César Gentille], sino al titular de la entidad […]. Yo no puedo asumir una responsabilidad que nunca tuve. Ni la administrativa ni la penal”.
A pesar de ser magíster en Administración y haber sido director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP, Gentille reiteró que desconoce sobre materia contrataciones: “el conocimiento técnico que tengo de contrataciones es mínimo. Si hay irregularidades que se sancione […]. Poco podría yo opinar que dice que hay dos contratos en un día, yo no lo conozco […]. No conocía que, si se firmaban dos contratos en un día, estaba mal”.
Sobre quién es Olga Ríos y quiénes pudieron ser los altos mandos policiales que habría contactado para los cuestionados contratos, Gentille dijo no tener conocimiento alguno: “No me acuerdo de ella […]. No sé a quién se referiría, pero el que habla nunca recomendó, nunca participó, nunca intervino en acto de contratación alguna”.
En 2017, durante la gestión del general Gastón Rodríguez en la VII Región Policial, otrora ministro del Interior, Iza Motors contrató con esa dependencia policial por un monto total de 367 mil 857 soles para el mantenimiento y reparación de vehículos. Entrevistado por IDL-R, Rodríguez sostuvo que brindará declaraciones después de dar sus descargos ante la fiscalía.
Cabe mencionar que en 2018, la fiscal Manuela Villar inició una investigación contra Antonio Camayo por el delito de lavado de activos por un presunto incremento patrimonial indebido a través de Iza Motors, que guardaría relación con delitos contra la administración pública, al haberse presuntamente favorecido con procesos de selección entre 2015 y 2018 en la VII Región Policial, la Corte Superior de Justicia del Callao, la gerencia general del Poder Judicial, la municipalidad del Callao y la Sunat.
En mayo de 2019, a pedido de la fiscal Villar, la UIF congeló las cuentas de Camayo, su esposa María del Carmen Izaguirre, y sus empresas Grupo Iza e Iza Motors Perú por casi un millón de soles. En junio de 2019, esta investigación fue derivada al Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’, a pedido de la fiscal Rocío Sánchez.
Asuntos Internos
En diciembre del 2018, la Inspectoría General de la Policía –órgano de investigación administrativa y disciplinaria hasta el grado de coronel–, envió todos los actuados a la Dirección General de la PNP para que, por intermedio de esta, se derive a la Oficina de Asuntos Internos (OAI) del Ministerio del Interior.
La OAI es la única con facultades para iniciar procesos administrativos disciplinarios contra oficiales generales como lo son Iglesias, Gentille y Rodríguez.
Seis meses después, el 10 de junio del 2019, la OAI remitió a su directora Sandra Guevara el Informe 01-2019-IN_OGII donde se consigna la “presunta responsabilidad administrativa disciplinaria en los Jefes de la Región Policial Lima (períodos 2015, 2016 y 2017) por falta de control y supervisión en los procesos de contratación”. Párrafos después, sin embargo, la misma oficina advierte que la investigación prescribe, por el tiempo transcurrido, para los casos de los generales Salvador Iglesias y César Gentille.
Además de analizar a los presuntos responsables, el informe ratificó que la VII Región Policial Lima “no realizó un debido proceso administrativo (consolidación, valorización de los servicios en general, estudio de mercado, valor referencial, términos de referencia)”.
Se halló, además, que la aparente ineficacia del proceso “conllevó a que los servicios efectuados en las unidades móviles se realicen sin Informes Técnicos de la situación real de cómo se encontraba cada unidad móvil […] trayendo como consecuencia un posible perjuicio económico para la institución policial”.
El 11 de junio, un día después de presentado el informe de la OAI, los detalles de sus conclusiones fueron publicados en el diario Perú21. Ese mismo día Guevara envió el expediente a la Fiscalía, de 3811 folios.
Mientras la documentación ingresaba a la Fiscalía, dentro del Mininter la investigación también continuó. Los tres generales ex jefes de la VII Región Lima fueron notificados e hicieron sus descargos. El argumento principal fue la existencia de resoluciones directorales de la PNP que transfería hacia sus jefes de Administración y demás subalternos todo tipo de responsabilidad sobre los concursos y contratos.
El descargo de los generales fue aceptado por la OAI. A través del Informe 118-2019/IN/OGI, su directora consignó que se había verificado la existencia de un documento que concluía que “no se les podría imputar responsabilidad administrativa disciplinaria alguna, en calidad de Titular de la Entidad, a los señores generales Jefes de la Regpol Lima de los años 2015, 2016 y 2017, pues que dichas facultades fueron asumidas por delegación directamente por el jefe de la Oficina de Administración” de la citada región.
Párrafo siguiente, se establece “las presuntas responsabilidades administrativas disciplinarias en las que se encontrarían inmersos los jefes de las Oficina de Administración y los integrantes del Comité de Selección de los diversos procesos llevados a cabo”.
En la gestión del teniente general Iglesias, el administrador que suscribió los contratos, fue el entonces coronel PNP Eswin Manay, actual jefe de la Macro Región Policial Piura.
En el caso de Gentille, el jefe de Administración fue el coronel PNP (r) Miguel Prieto Pérez, a quien conoció en Trujillo cuando fue jefe de la Región La Libertad. Prieto fue pasado al retiro en noviembre del 2016, pocos días después de que la Contraloría le iniciara un proceso administrativo sancionador por un presunto direccionamiento a favor de una empresa constructora el 2012.
Por su parte, en su corta gestión en la Región Lima del 2017, Gastón Rodríguez tuvo como administrador al comandante PNP Ulices Vásquez, con quien coincidió en la División de Aviación Policial. Vásquez lo acompañó después a su despacho cuando asumió la cartera del Interior entre abril y julio de este año.
Dos abogados consultados señalaron que la batalla ganada por los generales Gentille, Rodríguez e Iglesias dentro del Mininter podría no repetirse en el fuero fiscal.
El abogado constitucionalista Claudio Cajina explicó que “hay algunas facultades que se pueden delegar y otras que no, pero, desde una óptica del derecho penal, eso no es relevante”. Sostuvo que “el hecho de delegar funciones no libera a una autoridad de responsabilidad penal: uno puede delegar para formalmente no aparecer pero si la fiscalía recaba evidencia de que he influido o direccionado las decisiones, puedo ser penalmente sancionado”.
Para el abogado César Candela, el argumento de que las responsabilidades administrativas fueron transferidas a los subalternos carece de sustento. Sostuvo que ese tipo de delegaciones solo aplica a “algunas funciones vinculadas a la contratación pública, pero no significan que se renuncie a por lo menos la supervisión” Remarcó que esto “resulta inverosímil y hasta sorprendente de una autoridad, más aún si estamos hablando del gasto del presupuesto para el mantenimiento de patrulleros”.
El general en retiro Salvador Iglesias no quiso ser entrevistado. Su exjefe de Administración y hoy jefe de la Región Piura, Eswin Manay, no atendió nuestras llamadas y desde su oficina informaron que se encuentra de vacaciones. Tras la mención del ministro Gentille, IDL-R buscó la versión del también exministro Vicente Romero, pero este se abstuvo de responder.
