La vía de acceso es la “avenida” Camino Real, una trocha carrozable que repta por el cerro entre chozas y grandes bidones de agua azules o negros. La línea de microbús es la “uno” –y la única, por cierto. La ruta del micro escrita a lo largo de la carrocería es otro ejercicio de literalidad: Ciudad-Hospital-Parque Industrial. Todas las esperanzas compactadas en un viejo pedazo de lata. La cruda y dura realidad. Nuestro destino: La Capilla, una losa deportiva cuarteada por el sol, en la punta de un cerro en San Juan de Miraflores.
“Los adultos podemos aguantar el hambre, ¿pero los niños?”, pregunta Jaime Puya, 44, padre de tres hijos, obrero de construcción civil y coordinador de la olla común Los Amigos de la Manzana F en ese distrito de la capital. Puya ha acudido a La Capilla junto con representantes de otras nueve ollas comunes de la zona para recibir un lote de alimentos básicos y productos de higiene donados a través de la oenegé Techo, el sábado 13 de marzo.
«Hay 72 ollas comunes en esta zona de La Rinconada Alta”, comenta, mientras dibuja un amplio arco con el brazo sobre la urbe caótica y polvorienta. “La olla común más alta en esta ladera es Usticancha. Y la más alta en aquella es Niña del Sur. ¿Se imagina cargar agua hasta esas alturas?”.
Registro de Ollas
Maná del Cielo, Madres Luchadoras, Cristo Redentor, Nueva Esperanza. El nombre de las ollas y su ubicación marcan la cartografía del hambre en la capital. Según el Registro de Ollas Comunes de Lima Metropolitana del 19 de marzo, ya hay 2034 ollas en 30 distritos limeños, que atienden a un total de 220 mil 235 personas.
El mapa con la ubicación georreferenciada de las ollas está colgado en su página web #Adoptaunaolla. Contiene valiosa y actualizada información sobre el hambre en la capital. La inscripción de las ollas comunes es voluntaria. La información es verificada y actualizada mensualmente por 120 voluntarios de la Gerencia de Participación Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en cambio, no cuenta aún con ningún registro y los municipios distritales, responsables según la ley de identificar a su población vulnerable, se escudan en la autonomía municipal para mantener en reserva su información –si es que la tienen.
El tema es el nervio de la coordinación de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana –en la que intervienen unas 60 organizaciones públicas, de la sociedad civil, la Iglesia y la cooperación internacional– con el gobierno.
Desesperación
“Las madres están desesperadas”, describe Samuel Yáñez, del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), que participa en la Mesa de Seguridad Alimentaria.
En febrero pasado, el Congreso aprobó por insistencia la Ley 21136 mediante la cual se reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y se ordena asistirlas con fondos públicos mientras dure la crisis sanitaria.
La propia titular del MIDIS, Silvana Vargas, presidió entonces dos reuniones de coordinación con la Mesa y la Red de Ollas Comunes y convocó a una reunión con los equipos técnicos de ambos organismos en esas semanas críticas.
Por esa época, el MIDIS anunció dos partidas presupuestales por un total de S/ 65 millones para financiar sus programas de “complementación alimentaria” –de los cuales S/ 21.1 millones se destinarían exclusivamente a abastecer a las ollas comunes.
Sin embargo, poco se ha avanzado desde entonces.
El diálogo se interrumpió en la segunda semana de marzo, sin explicación alguna. Extraoficialmente se informó que varios miembros del equipo técnico del MIDIS se habían contagiado de COVID-19. Lo único que se sabe con certeza es que las ollas comunes no han recibido aún ni una bolsa de frijoles de los fondos públicos anunciados.
El 31 de marzo, Fortunata Palomino, coordinadora de las ollas comunes de Carabayllo y una de las más activas integrantes de la Mesa de Seguridad Alimentaria, se dirigió por escrito a la ministra Vargas: “Desde nuestras ollas comunes enfrentamos el hambre con nuestros exiguos recursos, juntando día a día […] gracias a una enorme solidaridad ciudadana, cada vez más decreciente, y sin la asistencia alimentaria proveniente del presupuesto público, a pesar de que se nos dijo”, escribió.
Los invisibles
El martes 6 de abril, Yáñez recibió una llamada telefónica del MIDIS informándole que la ministra Vargas retomará el diálogo con las representantes de las ollas comunes la próxima semana, después de las elecciones. Yañez confía que en esta oportunidad el gobierno finalmente concrete la ayuda.
No solo se trata de que se materialice la transferencia de los S/ 21.1 millones en víveres, “suma insuficiente para atender a las ollas comunes a escala nacional”, advierte. “El gobierno debe asegurar una partida presupuestal para atender la emergencia alimentaria en lo que resta del año”.
El presupuesto no es la única papa caliente sobre el tapete.
“Aún tenemos problemas estructurales”, resume el sociólogo Alain Santandreu, del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (ECOSAD).
La ministra Vargas se debate en una falsa disyuntiva: incorporar a las ollas comunes en la estrategia Hambre Cero o persistir en la focalización individual para establecer los programas de complementación alimentaria.
El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) registra a personas vulnerables que voluntariamente se han inscrito en el padrón para que el Estado pueda asistirlas a través de sus programas sociales y subsidios. Pero las ollas comunes, por ser espacios colectivos, no forman parte de ese padrón. Tampoco están inscritas en el SISFOH la mayoría de las personas que acuden a esos lugares.
“Los cerros, las partes altas, las barriadas populares, son espacios no reconocidos en la cartografía política y social del país, ni en la conciencia colectiva de la sociedad. Como consecuencia, quienes viven en los distritos más pobres forman parte de esta población invisible”, reflexiona Santandreu en un reciente informe sobre el tema publicado por ECOSAD. “A sus territorios no llega el Estado, no tienen agua, ni saneamiento, no cuentan con red eléctrica, no tienen calles transitables ni ningún tipo de servicio público”, describe.
Por otro lado, el SISFOH desemboca inevitablemente en una enorme aglomeración de personas para recibir las canastas de alimentos, o en colas interminables frente al Banco de la Nación para cobrar un bono económico. “El propio MIDIS propicia el foco de contagio”, lamenta Santandreu. “Es la consecuencia práctica de una metodología de distribución equivocada”.
La magnitud de la crisis económica producto de la pandemia ha vuelto inútil toda sutil escala en el método de focalización vigente.
Según el último Registro, los cuatro distritos limeños con más ollas comunes son Villa María del Triunfo, con 401 ollas y 43.200 beneficiarios; San Juan de Lurigancho, con 359 ollas y 42.201 beneficiarios; Pachacamac, con 219 ollas y 21.687 beneficiarios; y San Juan de Miraflores, con 162 ollas y 15.834 beneficiarios.
“¿Cómo focalizar si hay comunidades enteras con hambre?”, reflexiona Yáñez. “La estrategia tiene que ser territorial y no saltando de casa en casa”.
Pero aquí se tropieza con la lectura al pie de la letra de la autonomía municipal.
Entrampamiento burocrático
“Los municipios tienen la responsabilidad de su propio registro. Nosotros no podemos decirle al alcalde qué hacer. El responsable de enviar un oficio y solicitud de víveres es él”, alega Cristina Medina, asesora de la ministra Vargas, en una de las tempranas sesiones de coordinación con la Red de Ollas Comunes.
“¡Yo no sé cómo está hecho el Estado!”, protesta Fortunata Palomino, de Carabayllo. “Nosotros que vivimos día a día, los que tenemos que cargar agua, así lo sentimos”.
Así las cosas, el MIDIS, que es el ente tutelar de las políticas de “complementación alimentaria”, no puede imponer el registro único a los municipios, solo asesorarlos.
Y los resultados han sido previsibles.
“El ministerio está asesorando a diez municipios de Lima en la metodología del Registro, pero hay avances significativos en solo tres”, lamenta Yáñez a inicios de abril. “En los otros siete el resultado a la fecha es malo, ya sea por falta de personal, de voluntad política o por otra razón”.
En septiembre del 2020, el primer ministro Walter Martos del gobierno de Vizcarra resolvió el dilema con una sola firma. Simplemente autorizó la distribución de alimentos de Qali Warma a las ollas comunes con un decreto de urgencia.
El problema fue que Qali Warma asignó los alimentos a solicitud de los municipios distritales, sin registro ni fiscalización. “Es probable que vayamos a cometer errores”, comenta ahora Santandreu, “pero no serán los mismos”.
Indicadores dramáticos
El camino ya ha sido allanado por la Mesa de Seguridad Alimentaria. El Registro de Ollas Comunes tiene mapeado el terreno en Lima Metropolitana. Le faltan datos, pero es lo más cercano a la realidad. El resto del país está aún fuera del radar. Los últimos indicadores, de febrero, son dramáticos:
- Cerca de 30 mil beneficiarios son niños menores de cinco años de edad y 12.500 son adultos mayores de 60 años —entre ambos representan un 30% del total.
- Unos 7 mil sufren de enfermedades crónicas o discapacidad.
- 2740 mujeres están embarazadas.
- 1250 son migrantes.
- Apenas el 19% de las ollas tiene conexión con la red de agua potable.
- Un 45% cocina con leña.
El hambre en su expresión más cruda dentro de un radio de apenas 12 kilómetros de Palacio de Gobierno.
Consolidar un registro único de ollas comunes para Lima y el resto del país, tomando como base el Registro de Lima Metropolitana ya existente; definir un presupuesto para todo el año; y establecer los mecanismos para poder fiscalizar la distribución de los víveres por parte de los municipios distritales, darle de comer a quienes sufren hambre ahora, cerca de nosostros, son los temas que con urgencia debe resolver la agenda pública.
