Reproducción textual y gráfica de la nota publicada en Útero.pe el 12 de abril de 2017.
(Ver aquí la versión original de la nota)
Castañeda no se encuentra en su mejor momento. Para ser exactos -y honestos- debemos decir que el alcalde de Lima se encuentra en el peor momento de toda su trayectoria política: su desaprobación ha llegado al 70%. De poco sirvieron las apariciones en programas de espectáculos y constantes publicaciones en redes sociales.
Pero a pesar de los puentes caídos, los presupuestos no invertidos en prevención de desastres y los millones de soles utilizados en mejoramiento de la Costa Verde, Castañeda llega con una última palomillada: el uso de fondos públicos para la contratación de un abogado que defienda a una conocida extrabajadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima: Giselle Zegarra.
Imagen: Útero.Pe
¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo? ¿What happened what? Arranquemos de una vez
1. ¿Quién #@!* es Giselle Zegarra?
El 19 de octubre del 2016, IDL Reporteros publicó un artículo explosivo titulado El champagne que no se descorchó. En esa publicación, que nosotros rebotamos, se demostró que la exgerenta de Castañeda, Giselle Zegarra, había negociado por lo bajo la cancelación del proyecto Río Verde con el expresdidente OAS, Léo Pinheiro.
Esta negociación se hizo en el 2014 cuando Castañeda no era alcalde. Como ya sabemos, Río Verde fue cancelado y el dinero fue utilizado para la construcción del dichoso bypass de 28 de julio.
Lucy Giselle Zegarra Flores fue gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante las dos primeras gestiones de Castañeda. Zegarra está inscrita en Solidaridad Nacional desde diciembre del 2004 e ingresó a la Municipalidad de Lima en el 2005. El primer cargo que ocupó fue el de gerente de Desarrollo Urbano.
La confianza entre Castañeda y Zegarra data de muchos años. Sergio Tejada, expresidente de la Megacomisión, señaló que Zegarra y Lucho se reunieron en Palacio de Gobierno con Alan García en el 2009. ¿Por qué es relevante esta información? Tejada intentó demostrar que, contrario a lo dicho por la teniente alcaldesa, Patricia Juárez, Zegarra no era una simple trabajadora de la Municipalidad. Esto fue lo dicho por Juárez en octubre del 2016.
“No amiga, digamos que sea una persona de absoluta y entera confianza de alcalde. Fue una funcionaria hasta el 2010 ¿Cuántos gerentes había en la Municipalidad en el 2010?”.
2. Las comunicaciones del mudo
Lo último que se sabe sobre el caso fue que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios levantó el secreto de las comunicaciones de Castañeda. El Comercio señala que se hizo en el marco de la investigación por Río Verde y OAS.
“En noviembre pasado, luego de analizar la denuncia que hizo la Procuraduría Anticorrupción contra Castañeda –por los delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir- el fiscal César Zanabria, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso abrirle una investigación preliminar”.
Por más que Castañeda y Juárez señalaron que los mensajes no son comprometedores y que jamás favorecieron a OAS, el fiscal Zanabria decidió abrirle una investigación preliminar.
3. Abogado de la solidaridad
Es a partir de aquí que comenzamos con lo nuevo. En los registros de procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras de abril de 2017, la Municipalidad de Lima registra tres gastos. Uno de ellos, el protagonista de esta historia, es nada menos que la “defensa legal de la exfuncionaria Giselle Zegarra”. La contratación de este servicio fue por S/ 72,360.
El gasto municipal fue publicado el jueves 6 de abril. El resumen ejecutivo del mismo señala que se trató de una contratación directa del abogado Mario Pablo Rodríguez Hurtado para la defensa legal de Giselle Zegarra. El documento fue firmado por Jorge Ignasio Arce Holgado, subgerente de Logística de la Municipalidad de Lima.
Aquí puedes leer el resumen ejecutivo completo
RESUMEN_EJECUTIVO_20170406_181828_665 by Victor Caballero on Scribd
Si bien entendemos que toda persona tiene derecho a un abogado y que, en algunas ocasiones, el Estado debe asumir los costos de la defensa de algunos funcionarios, aquí estamos hablando de todo lo contrario. Giselle Zegarra dejó de ser funcionaria hace SIETE años y cuando mantuvo las conversaciones con Léo Pinheiro para cancelar Río Verde ella NO ERA FUNCIONARIA.
¿Por qué diablos el Estado -con dinero de TODOS nosotros- debería de asumir el costo de la defensa de alguien que no es ni fue -durante los hechos que son materia de investigación- funcionaria?
¿Así nos quieren convencer de que Zegarra fue una simple trabajadora municipal?
