Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2408 de la revista ‘Caretas’.
“Los escándalos son mucho más dañinos cuando la economía se deprime”, escribió este mes Ian Bremmer en la revista Time al comentar la creciente crisis económica, política y moral que afecta con fuerza inédita a Brasil.
Las estadísticas en este caso poseen la elocuencia comprimida de números vitales alineados en el tiempo. La séptima economía en el mundo ingresó en la borrasca del mayor escándalo de corrupción mundial (aunque no lo fuera por dimensión, lo sería por alcance y resonancia), mientras el crecimiento se contraía hacia la recesión y el optimismo devenía indignación.
La inversión extranjera cayó de casi 40 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2014, a apenas algo más de 25 mil millones en el mismo período este año. Petrobras, la antaño insigne compañía petrolera estatal, convertida hoy en símbolo de saqueo por la cleptocracia público-privada, perdió más de la mitad del valor de sus acciones en un año y ha debido separar más de dos mil millones de dólares como contingencia para responder por gastos (forados, más bien) relacionados con la corrupción.
Las contingencias, empero, pudieran ser insuficientes. Según Deltan Dallagnol, el fiscal que encabeza la “Fuerza de Tarea” a cargo de la investigación del caso Lava Jato, las pérdidas relacionadas con la corrupción en Petrobras pueden superar los 5 mil 300 millones de dólares.
La enérgica investigación anti-corrupción centrada en Curitiba quizá resulte en el futuro en una corporación petrolera reformada e íntegra, pero por ahora la realidad de Petrobras es la de una profunda crisis.
Las calificadoras de riesgo, como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s han rebajado consistentemente el perfil de Petrobras. Su presupuesto, según un despacho de Petronews, se reducirá el próximo año de 27 mil a 19 mil millones de dólares.
«La megacorrupción de Lava Jato es una coalición de venalidades que cruza las líneas partidarias, las de lo público y privado; y también las de fronteras».
Por si no fuera suficiente, Petrobras enfrenta ahora varias demandas judiciales internacionales. Una de las más prominentes, que sostiene que la corrupción en Petrobras les representó pérdidas millonarias en las acciones que compraron de buena fe, es la de la Fundación de Bill y Melinda Gates, que incluyó también en la demanda –presentada en New York– a la compañía auditora de Petrobras: Price Waterhouse Coopers (PwC).
Como sucede en crisis intensas, la compañía comprimida por las pérdidas necesitará más liquidez para hacer frente a sus responsabilidades e infortunios varios. Con su deprimido perfil crediticio, no le queda más alternativa que la de vender sus propios bienes. Según Petronews, Petrobras plantea vender el equivalente de 15 mil millones de dólares en activos este año y el siguiente, con lo cual se contraerá aún más.
Mientras tanto, la épica investigación anticorrupción a cargo de los fiscales de la Fuerza de Tarea en, principalmente, Curitiba, y los equipos especializados de la Policía Federal, continuó con gran intensidad, abriendo nuevos capítulos en el drama de revelaciones que afecta virtualmente todos los aspectos de la vida pública en Brasil.
Habeas Corpus en Brasilia
Hacia fines de la semana pasada, la defensa de la corporación Odebrecht logró su primer éxito procesal significativo desde los arrestos de sus ejecutivos en junio pasado. En Brasilia, el ministro (vocal) del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, opinó a favor del Habeas Corpus presentado por Alexandrino de Alencar, y ordenó su puesta en libertad.
Zavascki consideró que la liberación de Alencar no representaba peligro para la integridad de la investigación. Sin embargo, Alencar – persona que, entre varias otras acciones, acompañó, en representación de Odebrecht, al ex presidente Lula en viajes en los que este hizo gestiones en favor de la corporación–, ha quedado prohibido de tener contacto con los demás investigados en Lava Jato. Tampoco puede abandonar Brasil.
La importancia de la decisión de Zavascki no pasó inadvertida para nadie. Pese a la oposición del procurador general, Rodrigo Janot, Zavascki sostuvo que la prisión preventiva “solo se justifica en situaciones en las que sea el único medio eficiente para preservar los valores jurídicos que la ley penal busca proteger. Fuera de esas hipótesis excepcionales, la prisión preventiva representa simplemente una anticipación de condena”.
Alencar no solo fue el funcionario de Odebrecht que hizo de bisagra y facilitador con Lula, sino que fue señalado por varios “delatores premiados” como uno de los articuladores de Odebrecht para el pago de sobornos. Su libertad, en contra de los argumentos que tuvo el juez Sergio Moro al decretar su arresto, pareció señalar el derrotero procesal para el equipo de abogados defensores de Odebrecht, y en especial del principal ejecutivo de la corporación, Marcelo Odebrecht. Su esperanza es que la liberación de Alencar abra el camino para la de los demás ejecutivos arrestados.
Pero, casi en forma simultánea, un documento de casi 140 páginas cambió de nuevo el estado de la investigación sobre el caso Lava Jato y determinó una nueva decisión procesal.
Acusación en Curitiba
El viernes 16 pasado, el procurador (fiscal) federal Deltan Dallagnol y otros 10 fiscales de la Fuerza de Tarea federal que aquel encabeza, firmaron una acusación fiscal de 137 páginas centradas en los actos presuntos de corrupción cometidos por altos ejecutivos de Odebrecht contra Petrobras.
Según la acusación, Marcelo Odebrecht y los ejecutivos Marcio Faria, Rogerio Araujo y Cesar Ramos Rocha tuvieron responsabilidad directa en la comisión de delitos relacionados con ocho contratos entre Odebrecht y Petrobras, en los cuales Odebrecht pagó cerca de 35 millones de dólares en coimas a funcionarios corruptos de Petrobras. Por eso, Marcelo Odebrecht, Faria, Araujo y Ramos Rocha son acusados de “corrupción activa” mientras que los sobornados ex funcionarios de Petrobras, Pedro Barusco y Renato Duque, reciben la imputación de “corrupción pasiva”.
La descripción de las pruebas de las acciones de corrupción es de una impresionante precisión en el detalle de cada paso de los procesos.
Junto con el pedido de detención preventiva, los fiscales pidieron que los acusados no solo paguen al Estado los 35 millones que entregaron como coima, sino que además abonen un mínimo de 70 millones de dólares (en reales, por cierto, que al cambio actual son 275 millones), de indemnización a Petrobras.
El lunes 19, el juez federal Sergio Moro aceptó la acusación fiscal y decretó una nueva orden de detención preventiva para Marcelo Odebrecht, Araujo y Faria.
Pese a la extraordinaria precisión de la acusación fiscal, de la importancia de los acusados y la dimensión de los crímenes económicos, se trata solo de ocho casos, seleccionados de un número mucho mayor de casos de corrupción, cuyos efectos ya han alcanzado de lleno al gobierno de Brasil.
Así, un grupo importante de congresistas busca remover al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, luego que los fiscales confirmaran haberle descubierto cuentas bancarias no declaradas en Suiza. Cunha había negado tenerlas, mientras intentaba desviar la atención sobre él atacando al muy debilitado gobierno de Dilma Rousseff.
Esta acusó a su vez a la oposición de “incitar el golpismo” en un discurso ante sindicalistas de su partido en el que defendió un proyecto político “que sacó exitosamente a millones de brasileños de la pobreza”. En cuanto a sus opositores, Dilma afirmó que “la artificialidad de sus argumentos es absoluta, [también] el envenenamiento de la gente en las redes sociales, [y] su incesante juego ‘cuanto peor le vaya a ella, mejor para nosotros’”.
En medio de la retórica inflamada de las maquinarias políticas, lo más resonante siguen siendo los hechos, tanto los nuevos como los confirmados al detalle, de una megacorrupción que cruza las líneas partidarias en una coalición de venalidades, cuyas reverberaciones no deben tardar en cruzar fronteras y llegar con su carga de revelaciones al resto de Latinoamérica y en especial a nuestro país.
