Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2461 de la revista ‘Caretas’..
En mi artículo de la semana pasada escribí sobre “el punto de inflexión” que había determinado la rendición de Odebrecht y la ruta que siguió desde la posición irreductible – de no reconocer ningún crimen, ningún delito de lo que se les acusa en la investigación Lava Jato– , a negociar la delación premiada de Marcelo Odebrecht y de entre 50 y 68 altos ejecutivos de la firma.
Dos días después de la publicación de la nota, un despacho de Reuters trasmitió una entrevista a Carlos Fernando Dos Santos Lima, uno de los procuradores [fiscales] más experimentados entre quienes componen la Fuerza de Tarea Lava Jato en Curitiba. En ella, Dos Santos Lima alargó los plazos predictivos del proceso de delación y hasta previno sobre la posibilidad de que sea saboteado por políticos aterrorizados de que emerjan las pruebas de su deshonestidad.
“No hay acuerdo firmado […] hay muchos detalles, grandes y pequeños que necesitan trabajarse” dijo Dos Santos Lima, “[Las negociaciones] son extremadamente complejas y toman tiempo para concluir pues involucran muchos hechos, mucha gente”.
El sector de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, no se guiaba por nada que estuviera impreso en la TEO, la Tecnología Empresarial Odebrecht, la doctrina que, como enfatizaban, hacía única a la compañía, sino escrito con la tinta invisible de la corrupción.
A la vez, Dos Santos dijo “no tener una gran confianza de que se alcance un acuerdo [de delación premiada] porque estamos viviendo una increíble inestabilidad institucional… No sé si el gobierno Federal [de Brasil] tiene interés en que se logre este tipo de acuerdo. Mucho de lo que se discute en las negociaciones, no solo con Odebrecht, involucra a políticos que están o estuvieron en el Gobierno”.
De hecho, luego de la destitución de Dilma Rousseff, el nuevo presidente Michel Temer y sus partidarios en el Congreso han buscado debilitar las investigaciones anti-corrupción. Y es muy probable que intensifiquen su acción para impedir el proceso de delación premiada de Odebrecht, que seguramente identificará a buena parte de ellos como participantes en los esquemas de corrupción.
La ofensiva contra Lava Jato hará seguramente énfasis en la inestabilidad institucional y la crisis económica que, según ellos, es provocada en parte por el encarcelamiento de líderes empresariales corruptos, capitanes hasta hace poco de grandes corporaciones, hoy humilladas, endeudadas y disminuidas por el destino penitenciario de sus líderes.
El caso Embraer
Los métodos comunes –especialmente coimear para asegurar contratos y, cuando se pueda, sobrecostos que ensanchen aún más el lucro– han marcado la acción de muchas empresas brasileñas, incluso ajenas al caso Lava Jato, y han tenido resultados en parte comparables.
El 24 de octubre, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, en acción coordinada con autoridades anti-corrupción brasileñas, la Securities and Exchange Commision [SEC] llegó a un acuerdo con Embraer, la fabricante, entre otros, de los aviones Super Tucano, mediante el cual esta compañía pagará más de 107 millones de dólares como castigo a violaciones a la Ley Federal Anticorrupción Estadounidense.
Embraer admitió haber sobornado a funcionarios de la República Dominicana, Arabia Saudita y Mozambique para asegurar las ventas de sus aeronaves. En la República Dominicana, Embraer pagó 3 millones 520 mil dólares de sobornos para vender ocho aviones por cerca de 92 millones de dólares. En Arabia Saudita, coimeó con un millón 650 mil dólares a un funcionario saudí para vender tres aviones por alrededor de 93 millones. En Mozambique pagó 800 mil para asegurar la compra de dos aviones por 65 millones de dólares.
La ganancia por esas tres transacciones fue de cerca de 84 millones. En el arreglo con Embraer, a la que las autoridades gringas le reconocen ‘cooperación pero incompleta remediación’, las multas exceden las ganancias y no previenen las investigaciones criminales (sobre todo en Brasil y Arabia Saudita) a los sobornados y sobornadores.
Operaciones estructuradas
Pese a los esfuerzos de los caciques políticos brasileños –fortalecidos por la presidencia de Temer– para socavar y tratar de destruir la investigación Lava Jato (el líder del Senado, Renan Calheiros, también investigado por corrupción, intenta hacer aprobar una actualización de una ley de 1965, durante la dictadura militar, que responsabiliza penalmente a investigadores y jueces si una corte superior desestima una acusación u orden de detención tomada por aquellos), la acción de los funcionarios anti-corrupción ha logrado una abrumadora iniciativa, con una cantidad aplastante de pruebas y, sobre todo, con la confesión de buena parte de los malhechores corporativos, que resulta muy difícil que logre ser neutralizada. O que se logre prevenir la delación premiada de Odebrecht.
La semana pasada, una excelente crónica investigativa en la revista brasileña Piauí, escrita por la periodista Malu Gaspar, (A Organização) explicó y reveló tanto las circunstancias que llevaron a la poderosa corporación a rendirse y solicitar la delación premiada, como la historia de ese imperio familiar que combinó la ética weberiana de trabajo, con una cultura institucional que la reflejaba y a la vez con la práctica organizada, clandestina pero controlada verticalmente, de una corrupción sistemática, que creció mucho con la expansión de la firma, pero que existió antes también con características muy parecidas a las de hoy.
Para Gaspar, el punto de inflexión ocurrió cuando los investigadores del caso Lava Jato descubrieron el sector de “Operaciones Estructuradas”, el responsable del pago clandestino de sobornos, que a lo largo de ocho años habría repartido coimas por cerca de tres mil millones de dólares. Su jefe, Hilberto Silva, estaba a cargo de un departamento de apenas siete funcionarios que tenía un sistema paralelo al del resto de la corporación. Silva “respondía directamente” a Marcelo Odebrecht.
Una secretaria veterana, Maria Lucia Tavares, presa casi por casualidad, fue la persona cuya confesión tuvo un efecto sísmico sobre Odebrecht. Su testimonio permitió descifrar los códigos de las planillas, los apodos de los corruptos. Otras capturas de documentos llevaron a una lista de más de 200 políticos sobornados, con sus nombres y seudónimos.
Otra secretaria, Conceição Andrade, aportó también documentos y datos precisos para ilustrar la corrupción en Odebrecht en la década de 1980, cuando, a tenor de lo que se ha conocido hasta ahora, la compañía no solo sobornó en Brasil sino realizó coimas tempranas en el Perú.
Nada que estuviera impreso en la TEO, la Tecnología Empresarial Odebrecht, la doctrina que, como enfatizaban, hacía única a la compañía, sino escrito con la tinta invisible de la corrupción.
En la declaración corporativa con la que Odebrecht decidió allanarse a la delación premiada, hecha pública a fines de marzo de este año, la Firma dijo que “las evaluaciones y reflexiones” llevaban a Odebrecht a “decidir por una colaboración definitiva con las investigaciones de la Operación Lava Jato”; y terminaba esperando que “los esclarecimientos de la colaboración contribuyan significativamente con la Justicia brasileña y con la construcción de un Brasil mejor”.
Si eso se da y la tinta invisible sale a la luz y describe los hechos perpetrados no solo en Brasil, sino en casi toda Latinoamérica y buena parte de África, el resultado, con alguna suerte, será, junto con un mejor Brasil, un mejor Perú, una mejor Latinoamérica y quizá hasta se logre reportar mejorías en Angola y Mozambique.
Digamos que trabajo es lo que menos falta en Curitiba.
