Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2470 de la revista ‘Caretas’.
El mes pasado, diciembre, en Brasilia, Jorge Barata empezó a confesar.
El ex jefe de Odebrecht en el Perú – y hasta hace poco director ejecutivo de Odebrecht Latinvest– rindió manifestación en lo que será el primero de muchos capítulos de narrativa delatora. Las confesiones de Barata serán la fuente principal de información corroborable sobre los multimillonarios sobornos que su Corporación pagó a lo largo de por lo menos tres y probablemente cinco gobiernos en el Perú.
En cuanto a la verdad de los hechos, la gran ventaja de la delación corporativa de Odebrecht (cerca de 80 altos ejecutivos en confesión a la vez solista y coral) es que no aportará solo versiones sino evidencias. A quién sobornó, por cuánto, para qué. Cómo pagó y cómo lavó dinero para hacerlo. Quién recibió el pago, en qué cuenta, a favor de quién. Qué recibió Odebrecht a cambio, cuánto ganó por el soborno y cuán lucrativo le fue, en cada caso, corromper. Quiénes fueron corruptos baratos y quiénes fueron exigentes. Cómo y a través de quiénes se negoció cada soborno.
«Hasta mediados de diciembre, la primera ola de delaciones de Odebrecht en Brasil identificó más de mil doscientos hechos de corrupción».
Según fuentes bien informadas, Barata reconoció, en su primera confesión en Brasilia, que en Perú se pagaron coimas a altos funcionarios públicos y que él mismo ordenó el pago de los sobornos a través de la entonces semi clandestina y hoy notoria oficina del llamado ‘Sector de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht.
Según entiendo, (aunque no pude confirmar esta información), Barata estuvo luego por unos días en Lima, donde a nadie de la fiscalía peruana se le ocurrió interrogarlo o pedir su impedimento de salida para integrar –como bien pudo haberse hecho– una colaboración eficaz peruana con la delación premiada de Brasil.
De acuerdo con información de la compañía en Lima, Barata dejó oficialmente su cargo antes de Navidad. Quien lo reemplazó es Mauricio Cruz, un alto ejecutivo de Odebrecht que ha trabajado sobre todo en contratos. Él tiene ahora el dificilísimo encargo de reestructurar la compañía en Perú.
Barata, entre tanto, pudo regresar sin problemas a Brasil. Según algunas fuentes, lleva ahora un brazalete electrónico para que las autoridades que investigan Lava Jato puedan tenerlo ubicado en todo momento.
Como delator, la capacidad de Barata de exponer la corrupción peruana de, por lo menos, el siglo XXI, es formidable. Por supuesto que no será el único, pero su testimonio podrá ser el más importante. Sin embargo, las autoridades peruanas dependerán completamente de la disposición o el interés de las brasileñas en profundizar la investigación, dado que la posibilidad de que sea extraditado al Perú es virtualmente nula.
Aún así, dada la pachocha con la que la Fiscalía peruana maneja la investigación, quizá resulte mejor que las autoridades brasileñas sean las que conduzcan los interrogatorios sobre las cutras en Perú y otros países latinoamericanos.
Hasta mediados de diciembre, la primera ola de delaciones de Odebrecht en Brasil identificó más de mil doscientos hechos de corrupción. Según una fuente con conocimiento calificado del tema, cuando esa delación sea “homologada” y aprobada, el interrogatorio se hará mucho más profundo y específico. Como hay un acuerdo de confidencialidad con los delatores por un plazo de seis meses, no habrá –a menos que se produzcan filtraciones– una secuencia inmediata entre la confesión judicial y la revelación pública.
Confesiones Suizas
Pero ya no se canta solo en Brasil ni se maneja solo desde ahí la partitura de las revelaciones. Ahora, con fuerte impacto desde el mes pasado, intervienen otros dos polos investigativos, de menor dimensión pero igualmente importantes.
Primero fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos que comunicó públicamente los alcances de los acuerdos de confesión, reparación y leniencia alcanzados con Odebrecht y con la gigante petroquímica Braskem (cuyo accionista mayoritario es Odebrecht). Fue un acuerdo coordinado, sobre todo en el pago de multas, con Brasil y Suiza, aunque en su propia investigación los fiscales estadounidenses contaron con la fuerza y la experiencia en la aplicación de la FCPA [Foreign Corrupt Practices Act o ley contra las prácticas corruptas en el extranjero].
Entiendo que los fiscales brasileños no estuvieron precisamente contentos con la oportunidad de las revelaciones estadounidenses sobre el caso, pero el hecho es que, pese a la limitada información que proporcionan, los comunicados de las autoridades estadounidenses cambiaron de un momento al otro la naturaleza del juego en Latinoamérica. Nadie duda ahora que Odebrecht sobornó sistemáticamente a lo largo y ancho del continente. Y aunque en todas partes se sospecha los nombres, ahora solo falta conocer la identidad de los sobornados.
Pocos días después de los estadounidenses, la fiscalía suiza dio a conocer –aunque con tachaduras en el contenido – un documento de 37 páginas que expuso con claridad el funcionamiento de la maquinaria de lavado de dinero de Odebrecht.
En julio de 2015, como se recuerda, [Caretas 2400], un primer informe de los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimbruger probó en forma irrefutable la participación de Odebrecht en un complejo circuito de lavado de dinero que utilizaba a compañías offshore (como Constructora Internacional del Sur) con las que Odebrecht había negado hasta entonces toda relación. Los suizos probaron fehacientemente la estrecha vinculación operativa, que fue utilizada días después por los procuradores brasileños para demostrar que Odebrecht mentía. Eso cambió de un momento al otro la situación estratégica de la investigación y puso a la hasta entonces arrogante y confiada Odebrecht en una defensiva existencial que meses después culminó en su derrota, aceptación de culpa y delación colectiva.
Durante esos meses, uno de los integrantes fundamentales de la Oficina de Operaciones Estructuradas, Fernando Migliaccio, fue capturado en Suiza. Luego de unos meses, Migliaccio aceptó confesar. Con la ayuda adicional de su testimonio el fiscal Stefan Lenz –quien se aparta del caso a partir de ahora– hizo una descripción detallada y precisa de la que calificó como una estructura delictiva “altamente profesional” para el pago de sobornos a través de una red que abarcó más de diez países, con contratos, cuentas y recibos falsos secuenciados en cuatro etapas para esconder tanto el comienzo (el origen de los pagos) como el final (el sobornado).
En el documento de 37 páginas, Perú es mencionado un par de veces. La primera, en la página 9, que indica –en traducción aproximada del alemán– que aparte de las cuentas “de nivel A” en Suiza, había también cuentas de ese nivel en el extranjero “expresamente en Estados Unidos, Portugal, Irlanda, República Dominicana y el Perú”.
En una tabla en la página 16 del informe, que muestra transferencias de dinero del extranjero a Suiza. Uno de los remitentes (el único en la tercera columna) es el Consorcio XXXX (el nombre ha sido tachado) de Perú. El monto de la transferencia de ese “Consorcio” es de 2 millones 587 mil francos suizos.
Tratándose de un consorcio, eso significa que Odebrecht no envió sola el dinero, pues lo hizo desde una empresa en la que estaba asociada con otros, como fue el caso, en otra circunstancia, de los depósitos que hizo IIRSA Norte a Constructora Área (de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona Bernasconi) en 2007, junto con offshores probadamente dedicadas al lavado de dinero con Odebrecht. El destino de esos pagos fue, en un 70%, la muy sospechosa offshore Balmer Holding Assets Ltd., cuyo dueño o dueños están todavía pendientes de identificación.
Parece cuestión de tiempo breve identificar y procesar a los sobornados. Pero es en medio de la sobreabundancia de datos donde radica un serio peligro para el Perú: que las investigaciones se adulteren, que ciertos nombres se oculten, que los más lornas paguen y los más pillos se protejan. Las investigaciones, por eso, no deben ser reservadas.
