Por decisión del presidente Alan García y anuncio del premier Javier Velásquez, el Gobierno determinó la anulación del proceso de compra de los sobrevalorados portatropas a la empresa Hatehof. Poco después de anunciada la decisión, dimitió el viceministro del Interior (de gestión institucional), Samuel Torres, quien fue la fuerza de choque ministerial en la defensa de esa contaminada transacción.
El premier Velásquez declaró que el caso quedaba cerrado para el Gobierno, lo cual fue prontamente refutado por los hechos. Hatehof se dio por no notificada, mientras que un reportaje de Carlos Hidalgo en Prensa Libre (que IDL-Reporteros reproduce aquí) descubre nuevas sombras contractuales en la transacción.
De manera que el caso no queda, en absoluto, cerrado. Ha habido un primer, e importante, desenlace, a partir del cual es necesario profundizar la investigación, identificar y adscribir responsabilidades administrativas y legales, para procesarlas donde corresponde hacerlo.
La fiscal Juana Meza tiene abierta una investigación desde hace varias semanas. La fiscal de la Nación observará, espero, si dicha investigación se realiza o no con la diligencia y la profundidad necesarias. Y también si es capaz o no de ir más allá de las formalidades documentales a los asuntos de fondo de este proceso abortado, pero cuyas consecuencias tóxicas están todavía por desatarse.
Las preguntas de fondo no son muchas, pero son importantes e inequívocas. Aquí van algunas de ellas:
• ¿Es cierto o no que Hatehof compró 31 portatropas a AIL (del lote de 50 que esta fábrica ensambló en 2007 para que ISDS los vendiera al Perú a 107 mil dólares cada uno) a fin de hacerles algunas modificaciones y venderlos al Perú a 171 mil dólares cada uno? Hay una afirmación inequívoca en ese sentido de uno de los más altos ejecutivos de AIL, Leonard Solomon. La transacción puede verificarse con exactitud, si llega a ser necesario, examinando los libros contables de Hatehof. Conviene recordar, además, que durante la visita del general Obregón a la planta de Hatehof, los ejecutivos de esta compañía le informaron que AIL había fabricado los chasís que el general inspeccionaba. Además cualquier persona que no tenga un doctorado en ingenuidad se percatará que todas las anomalías y “errores” respecto de las especificaciones acordadas que detectó Obregón, correspondían a la configuración del vehículo Abir.
• ¿Es verdad o no que Rony Lerner (miembro del grupo de comerciantes que, con Zvi Sudit a la cabeza, vendieron y coimearon a Montesinos y sus secuaces) ofreció desde 2008, tanto a AIL como a ISDS, arreglar la venta detenida de los Abir mediante el pago de una coima del 20% a las autoridades que podían destrabar el proceso en el Perú? Rony Lerner tuvo, si no me equivoco, un proceso de colaboración eficaz, junto con Sudit y otros, en el Perú. Con la debida exhortación legal, es posible que su memoria logre aclararse. Por lo demás, esa conversación (que no fue la única), tuvo testigos.
• ¿Cuál es el papel que tuvo el ministro del Interior, Octavio Salazar, en esta operación? Salazar se ha mantenido astutamente al margen de la controversia, y logró convertir a su viceministro Torres en el bonzo designado, pero él es el responsable de toda decisión central en su sector, y todas las informaciones coinciden en que tuvo un papel fundamental en la operación cancelada. Salazar se ha hecho invisible durante la crisis y todo indica que hace lo posible por sobrevivirla. Cualquier otro ministro ya hubiera salido a estas alturas; pero no Salazar. ¿Confía en que su bien conocida cercanía con Luis Nava lo ayude a sortear la crisis?
• ¿Se ha investigado y definido el papel que tuvo el funcionario Hans Heysen en esta transacción? Las informaciones que llegan a IDL-Reporteros coinciden en que Heysen fue un ejecutante de importancia en esta operación.
Toda buena metodología investigativa parte de un planteamiento correcto de los puntos por resolver. Si la fiscal Meza lo hace, su investigación descubrirá –porque tiene los elementos para hacerlo– lo fundamental: que el sobreprecio y los vicios en esta compra existen porque uno o algunos funcionarios poderosos y corruptos de este régimen, pidieron y cobraron una coima desproporcionada, para hacerla posible. El caso no puede quedar cerrado hasta que se los descubra.