Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2238 de la revista ‘Caretas’.
LA semana pasada escribí sobre el apasionado interés que la telenovela sobre la vida e infamias de Pablo Escobar (“El patrón del mal”) ha despertado en Colombia. Lo que explica esa fascinación es que al mirar el pasado, vemos el presente y podemos temer mejor el futuro.
Escribí (y con esto paro de citarme) que “tanto el avance de Escobar ayer como el de los Zetas hoy solo fue y es posible gracias a la impune corrupción dentro del Estado y partes de la sociedad; la ósmosis entre la criminalidad y figuras e instituciones públicas; la ambigüedad e hipocresía en la que pocos son realmente quienes afirman ser”.
Consideren, como ilustración de lo dicho, los siguientes hechos ocurridos o revelados en los últimos días en dos países protagónicos en este tema trágico: México y Colombia:
• A inicios de esta semana, en el aeropuerto internacional de México D.F., tres policías federales intentaron arrestar a otros dos policías, aparentemente por una acusación de narcotráfico. Los dos policías abrieron fuego antes que los federales pudieran reaccionar y mataron a los tres. Sus victimarios escaparon.
• Algunos días antes, en Jalisco, el fiscal del Estado hizo público un vídeo de seguridad de un hotel de Lagos de Moreno, donde se ve a un grupo de policías con armas largas, entrando al hotel para arrestar a tres huéspedes, que son sacados, esposados y en ropa interior, para ser luego entregados a un grupo de civiles que desde fuera han ordenado la acción de los policías. Los detenidos fueron encontrados muertos, por asfixia y golpes, poco después.
El incidente ocurrió el 20 de enero, pero el vídeo fue hecho público hace pocos días. Pese a la extendida violencia del narcotráfico (que ha causado más de 50 mil muertes en seis años), y la percepción de una extensa y profunda corrupción en la Policía, esta es, parece, la primera ocasión en la que el doble crimen (corrupción y asesinato) es grabado en vídeo mientras se perpetra, con los rostros de los policías visibles e identificables. Fue un impacto similar al de los vladivídeos, en versión de corrupción policial.
“Los carteles mexicanos probablemente gastan en conjunto más de mil millones de dólares al año solo en sobornar a la policía municipal de su país”.
• En Colombia, el general Mauricio Santoyo, que fuera jefe de la seguridad del anterior presidente, Álvaro Uribe, acusado por una Corte Federal de Estados Unidos, de haber estado en la planilla de traficantes de drogas durante los cuatro años que fue jefe de seguridad de Uribe.
La acusación federal, emitida el 24 de mayo, afirma que el general Santoyo recibió alrededor de 5 millones de dólares de coimas por parte de la organización mafiosa conocida como “la oficina de Envigado” y de grupos paramilitares.
• Un reciente reportaje en el New York Times Magazine, “Cocaine Incorporated”, escrito por Patrick Radden Keefe y publicado el 16 de junio, describe los travestismos cruzados que provoca la ubicua corrupción en la “guerra contra las drogas”, en la cual desaparecen las fronteras entre gangsters y policías. Un antiguo colaborador de Joaquín, ‘el Chapo’ Guzmán, refiere que casi todos los miembros en su organización tenían identificaciones (es decir, papeles o credenciales, policiales y militares).
KEEFE menciona la paradoja de que mientras una gran cantidad de los asesinatos por narcotraficantes son perpetrados a plena luz del día por individuos con uniforme policial, las conferencias de prensa para anunciar una captura de narcos cuentan con la presencia de policías o militares armados, con los rostros invariablemente cubiertos por máscaras. Así, dice Keefe, en “la resbalosa semiótica de la guerra contra las drogas, los policías se visten de bandidos y los bandidos se visten de policías”.
• El propio Keefe explora las razones por las que la ‘guerra contra las drogas’ se ha vuelto, especialmente en México, una lucha realmente intestina dentro del Estado y sus instituciones, en la que Jekyll intenta arrestar o matar a Hyde, quien a su vez trata de sobornar o asesinar a Jekyll.
El año 2008, el ‘zar anti-drogas’ de Felipe Calderón, Noé Ramírez fue acusado de recibir 450 mil dólares al mes en coimas. El soborno, escribe Keefe, es probablemente el mayor rubro de gastos en la operación de cualquier cartel. Un alto funcionario especuló que los carteles mexicanos probablemente gastan en conjunto más de mil millones de dólares al año solo en sobornar a la policía municipal de su país.
¿Cuánto ganan los carteles mexicanos para poder gastar tanto en sobornos? De acuerdo con la, según Keefe, ‘sobria consideración de la Corporación Rand’, el ingreso bruto de todos los carteles mexicanos por sus exportaciones a Estados Unidos, es de 6 mil 600 millones de dólares al año, de los cuales entre el 40 y el 60 por ciento corresponde al ‘cartel’ de Sinaloa, del ‘Chapo’ Guzmán.
Es probable que la mitad, o más, de esos ingresos de 3 mil millones de dólares tenga que gastarse en sobornos a las autoridades. Parece mucho, pero si se lo observa bien, el resultado es que una parte estratégicamente significativa del Estado termina trabajando para la organización criminal. Mientras tanto, otras partes del Estado (o las mismas, a diferentes horas, proclaman llevar a cabo una ‘guerra’ contra el narcotráfico, que con frecuencia es contra grupos rivales. Lo suficientemente convincente como para haber producido cerca de 60 mil muertos en algo más de cinco años.
En esa tóxica y letal esquizofrenia, la de esa ‘guerra’ con muertos tan reales y frentes tan promiscuos, debiera escucharse, me imagino, la calmada resonancia de Pogo desde el pasado, sobre lo que sucede hoy en la ‘guerra contra la droga’: “Hemos encontrado al enemigo. Somos nosotros”.
Si esa es la herencia y la remanencia en Colombia; y la actualidad de México; es probablemente mucho peor en buena parte de Centroamérica, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Frente a eso, pienso que la situación en el Perú es comparativamente mucho mejor que la de cualquiera de las naciones mencionadas. Y claramente mejor de la que hemos tenido en el pasado.
NO existe ahora en el Perú una sola figura de crimen organizado vinculado con el narcotráfico que tenga importancia y peso nacional. No hay ningún equivalente de Montesinos, ni tampoco de Rodríguez López ni, yendo a un pasado más lejano, de Langberg.
Los Sánchez Paredes tienen plata y alguna influencia entre políticos y amigos empresarios. Pero me parece que uno de los lugares donde tienen más poder específico es Mamacona. Lo cual no tiene, después de todo, gran importancia nacional.
Los ingresos por la exportación de cocaína y pasta básica son un porcentaje muchísimo menor del total de exportaciones de lo que fueron en los 80 y buena parte de los 90. Si el kilo de cocaína se vende a, más o menos, $1,000 en el VRAE o el Huallaga y a $1,500 en Lima; y si se produce entre 300 y 500 toneladas de la droga, llegamos a un total importante de dinero pero no a un tsunami económico, sobre todo teniendo en cuenta la configuración de las actuales organizaciones peruanas de narcotráfico: antes pymes que ‘carteles’.
El área de coca ha crecido, es verdad. Aún así, es menos de la mitad de lo que había en los 80 y principios de los 90.
Quiero decir que en medio de tanto cacareo y de tanta propaganda disfrazada de análisis, podemos y debemos pensar con claridad. El gran peligro que es preciso enfrentar es del crimen organizado y el aumento desbocado de corrupción que siempre lo acompaña.
Por ahora, el peligro es mediano. Permite prepararse para controlarlo, actuar para no dejarlo crecer y disminuir paulatinamente su peso y su amenaza. Podemos crear los firewalls suficientemente eficaces junto con las medidas internas de investigación, control y sanción. Y en esa estrategia, los campesinos cocaleros, el empobrecido proletariado en la cadena del narcotráfico, deben ser aliados, nunca enemigos.