Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2243 de la revista ‘Caretas’.
UNA y otra vez, pese a los esfuerzos de políticos, de medios y sus comentaristas por llevar la atención pública a otros asuntos, el tema de la falta de seguridad ciudadana emerge como una de las principales preocupaciones y temores de la gente.
Un observador foráneo probablemente encontraría extraña esta preocupación. En las estadísticas del crimen, el Perú compara favorablemente con su anómico vecindario latinoamericano. En el índice de homicidios, por ejemplo, nuestro país se encuentra entre los más seguros del Hemisferio.
El Perú tiene, como lo mencioné aquí hace unas semanas, una tasa de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes, una representación de paz bucólica al lado de naciones como Honduras, con 82 homicidios por cada 100 mil personas; El Salvador, con 66 homicidios; Venezuela, con cerca de 50 víctimas mortales por cien mil habitantes.
Lo que sucede es que la preocupación de la gente se origina más bien en el crimen de baja intensidad, en la percibida plaga de hurtos, asaltos y robos sin sangre pero con gran perjuicio.
La experiencia que tuve durante el tiempo que examiné los problemas de seguridad ciudadana es que en muy pocas cosas importa más la diferencia de clase social que en el impacto de la criminalidad. Para expresarlo simplificadamente: quien tiene mucho, tiene también mucha seguridad; quien tiene poco, poca seguridad; quien tiene nada, ninguna. Y eso marca toda la diferencia en la forma de sentir la vida, de dormir los sueños, de ver el mundo.
De manera que, pese a las consoladoras estadísticas comparativas de nuestro país con el resto de América Latina, el problema de inseguridad colectiva es tan real como la demanda prioritaria por resolverlo.
La experiencia indica, empero, que los gobiernos tienen mayores posibilidades de equivocarse que de acertar al hacer frente a la criminalidad. Las equivocaciones, además, no suelen ser leves y pueden con frecuencia (como se ve en los casos de El Salvador y Honduras, por ejemplo), tener consecuencias profundamente contraproducentes.
«La poca o ninguna seguridad marca toda la diferencia en la forma de sentir la vida, de dormir los sueños, de ver el mundo».
Habrá errores de equivocación y errores de corrupción. Los primeros resultarán de suponer que cuanto más fuerte la represión habrá mayor éxito en la lucha contra la inseguridad. El resultado más bien, ha sido, salvo alguna que otra excepción, el opuesto.
EL segundo, el de corrupción, en cambio, es consciente. La exigencia de la gente llevará al gobierno central y a varios gobiernos locales a destinar mucho más recursos a la seguridad. Entonces, todos los vendedores usuales en el sector, y los nuevos, tratarán de impulsar la compra de sistemas, medios o aparatos poco útiles o totalmente irrelevantes, pero lo suficientemente caros como para lubricar la atención preferente de los funcionarios encargados de las compras.
Las experiencias exitosas en seguridad ciudadana indican que la elección de una estrategia correcta es mucho más importante que la típica compra de vehículos, radios y armas. Que el concepto más importante no es el de represión sino de organización; y que un buen entrenamiento en las acciones propias de la policía comunitaria puede ser mucho más significativo que, digamos, la compra de helicópteros.
¿Qué funciona y qué no funciona en la búsqueda de una estrategia coherente de seguridad ciudadana? En el tiempo que, como queda dicho, observé y estudié el tema, llegué a varias conclusiones, reforzadas por observaciones más recientes.
Por el poco espacio, enumeraré esquemáticamente. Estoy seguro que habrá pronto la ocasión de explicar y discutir el esquema con mayor profundidad.
Qué funciona.-
• La Policía Comunitaria, en estrecha relación con,
• Las Juntas Vecinales, de ciudadanos organizados, apoyados por,
• Las municipalidades, que deben coordinar y dirigir el esfuerzo conjunto de los vecinos y la comisaría local, organizada bajo la doctrina y los objetivos de la Policía Comunitaria. El campo de acción en seguridad ciudadana debe plantearse en el nivel distrital.
• El paso más importante en todo proceso exitoso es organizar bien a cada uno de los componentes de esta organización, especialmente en la crucial elección de un comisario competente en policía comunitaria.
• El segundo paso debe ser un diagnóstico preciso de los recursos del distrito para los objetivos de seguridad comunitaria. (Eso comprende desde los recursos represivos hasta los educativos, deportivos y empresariales). El diagnóstico debe incluir también un mapa del delito muy preciso y detallado.
• El tercer paso es el control territorial, incluyendo el avance progresivo en las zonas más infestadas hasta tener un control permanente de todo el distrito. A diferencia de la incursión puramente represiva, esta comprende una ocupación permanente con la policía de proximidad, apoyada por las juntas vecinales y las autoridades municipales.
• El esfuerzo tripartito debe ser acompañado por la instalación de juzgados de paz y de personal del INPE en las comisarías, para administrar justicia pronta y expeditiva en los casos de delitos e infracciones menores, que son, muy de lejos, la mayoría.
El énfasis en esos casos debe darse en la imposición de penas alternativas, sobre todo las que supongan resarcimiento a través de acciones restaurativas.
• Junto con ello, debe haber programas serios y bien organizados de recuperación (o captación) de jóvenes a través de programas deportivos, educativos y de preparación laboral. Entre las fuerzas vivas del distrito, los colegios (o universidades) y la municipalidad, casi no hay distrito que no tenga los medios como para montar un programa viable.
• ¿Funciona el concepto de Policía Comunitaria? Sí, funciona, y muy bien. Uno de los mejores ejemplos es el de Nicaragua, un país pobre, con una guerra civil aún reciente, con políticos corruptos, pero que sin embargo ha sido y es uno de los más seguros en Centroamérica, con una Policía (ahora jefaturada por una mujer, Aminta Granera) que tiene un grado comparativamente muy alto de respeto y confianza de la población. ¿Cuál es la diferencia? La Policía Comunitaria. Tal como dijo Granera en una entrevista reciente a Steve Dudley, de InSight Crime: “El modelo policial aquí es preventivo, proactivo, profundamente conectado con la comunidad. Somos solo 14 mil policías en uniforme, pero trabajamos con 100 mil personas, que forman un servicio voluntario organizado con la Policía, para velar por su propia seguridad (…) la palabra clave y el antídoto contra las pandillas es la inclusión. Y nosotros los vamos a tratar con inclusión antes que con represión”.
• En Rio de Janeiro, las unidades policiales de pacificación, basadas en los principios de proximidad y estrecho contacto con la comunidad, han tenido un impacto claramente positivo.
• En el Perú, hay casos notables de éxito en la aplicación de esos principios. Una narrativa apasionante de uno de los más notables se desarrolla en el libro: “Relatos de éxito de un Comisario”, del comandante PNP Julio Díaz Zulueta (IDL, Lima, 2009).
• También hay experiencias sobresalientes de las Juntas Vecinales. Una de las más notables fue la de Cerro El Pino, dirigida por Susano Enciso, que tras una durísima lucha, logró limpiar la zona de la infestación de delincuentes y permitió su desarrollo económico.
Hay delitos, por supuesto, que deben ser enfrentados por unidades especializadas de la Policía, procesadas en el Poder Judicial y terminadas en las cárceles. Son los casos de crimen letalmente violento y de crimen organizado. Pero esos son la minoría.
• ¿Qué no funciona?: la militarización de la seguridad ciudadana; el uso de la fuerza bruta en lugar de la fuerza entrenada y selectiva.
• Tampoco funciona la excesiva penalización y encarcelamiento, que llena penales con gente que no debiera estar presa.
• La catatonia judicial no solo es nociva como forma de incompetencia sino también es una forma de corrupción.
• Y, por supuesto, los grupos de corrupción en el ministerio del Interior, la Policía, el ministerio Público y el poder judicial están entre los principales enemigos de cualquier esfuerzo a favor de la seguridad ciudadana.
