Fue una acción que guardaba sorpresas. Cerca de las 3 de la tarde del 17 de febrero pasado, un destacamento de 15 “sinchis” de la base de Mazamari intervino el grifo ‘Moralitos’ en Pichanaki. Ahí, encontraron 2 mil 260 galones del inequívocamente ilegal kerosene, cuya gran demanda zonal procede fundamentalmente de las pozas de maceración del narcotráfico.
Era una captura muy importante de insumos químicos necesarios para el narcotráfico. Si se hubiera trasvasado todo el contenido a cilindros de 55 galones, se hubiera necesitado 41 de ellos para cargar el combustible incautado.
En las pozas de maceración del narcotráfico, se necesita 4.5 galones de kerosene para obtener un kilo de pasta básica a partir de 100 kilos de hoja de coca. De manera que lo incautado era potencialmente suficiente como para obtener media tonelada de pasta básica de cocaína.
El fiscal especializado anti drogas, Erwin Rojas, estuvo presente en la intervención, que fue reportada poco después por varios medios, sobre todo regionales, como la extraordinaria captura de insumos químicos que, en efecto, fue.
Pero hubo cosas raras desde el comienzo. El kerosene es por lo general rojizo y este era de un color levemente amarillento. De otro lado, el grifo ‘Moralitos’ está a menos de una cuadra de distancia de la comisaría de Pichanaki; y que se sepa, no había una epidemia de ceguera en esa comisaría.
De hecho, no. Porque poco después de iniciada la intervención, llegó la camioneta de la comisaría (la HC-2329) con varios policías a medio uniformar, uno de los cuales –según un parte de la intervención– se presentó como comisario de Pichanaki. Al enterarse de la presencia del fiscal, sin embargo, se retiraron del lugar con fluida rapidez.
¿kerosene o kirosina?
La acción antidrogas en Pichanaki fue, en realidad, resultado de una operación de inteligencia del Frente Policial VRAE, que recorrió en sentido opuesto el camino de los insumos químicos desde, casi literalmente, las pozas del VRAE a los centros de abastecimiento mayorista.
Todo indica, por eso, que el fiscal Rojas tenía entonces ya la suficiente información como para saber que se trataba de una importante operación que, antes que un fin en sí misma, era más bien el comienzo de otra mayor.
Por eso, el fiscal Rojas incautó todo el combustible junto con dos computadoras y ordenó el cierre del grifo y el arresto del administrador, Hosni Lara; de su asistente, Santa Pardo; y del despachador, Jhon Hernández. La dueña, Rosmery Cahuana Vasco, no fue encontrada.
El combustible incautado fue puesto bajo custodia en la base policial de Mazamari. Ese mismo día, algunas de las fuentes de información de la Policía afirmaron que lo incautado no era kerosene doméstico sino “kirosina”, o turbo, o Jet A-1, (todas denominan el mismo producto) el altamente refinado kerosene que se usa como combustible para helicóptero.
El fiscal Erwin Rojas tomó entonces –según ha podido conocer IDL-R (reporteros.pe) de fuentes con conocimiento de causa– la decisión de enviar muestras selladas y lacradas del combustible a por lo menos tres instancias técnicas diferentes, para determinar con el menor margen posible de error, si lo que había capturado era el simple kerosene; o si se trataba del turbo, la ‘kirosina’, el combustible para los helicópteros destinados a combatir a Sendero y el narcotráfico en el VRAE, pero que también podía ser usado para el procesamiento de la coca en pasta básica de cocaína en las pozas de maceración.
Investigaciones y silencios
En la Policía y las Fuerzas Armadas, todo aquel que tuvo información sobre lo incautado, se dio cuenta del significado y las consecuencias posibles de esa investigación. Otros datos de inteligencia indicaron que la cantidad de combustible traficado era todavía mayor: alrededor de cuatro mil galones (potencialmente suficientes como para procesar 88,000 kilos de hoja de coca en 888 kilos de pasta básica).
Si eso resultara cierto, las conclusiones resultaban inevitables: las fuentes posibles de aprovisionamiento eran muy pocas. Aparte de la improbable circunstancia de que el aprovisionamiento proviniera de una compañía civil, las fuentes más probables eran la Policía o la Fuerza Armada.
En Satipo, el Ejército tiene una estación de recarga de combustible de Jet A1 o turbo. También lo tiene la Policía en la base de Mazamari.
Todo aquel que supo sobre el tema tuvo claro que la cantidad de combustible incautado no podía haber sido vendido por personal subalterno. Si se comprobaba que se trató de combustible para aeronaves, ello implicaba la existencia y el funcionamiento de una mafia traficante dentro de la institución afectada.
El que eso pudiera darse dentro de la zona de operaciones del VRAE agravaba y agrava considerablemente el asunto.
Por eso, mientras se tendía una cortina de silencio público en torno al caso, empezó una carrera febril de investigaciones paralelas.
El ministro de Defensa, Jaime Thorne, se enteró pronto de la incautación en Pichanaki.
“Mandé al día siguiente al Inspector del ministerio de Defensa [el general FAP (r) Jorge Kisic] para que investigue qué pasó”, dijo Thorne en entrevista telefónica con IDL-R el viernes 4 de marzo. “Todavía no he recibido resultados [del peritaje] Estoy esperando el resultado”.
El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, recibió la información aún antes que Thorne. “A mí me llegó [la información] e inmediatamente ordené que se la envíe a [el jefe de la Dirandro, general PNP Carlos] Morán, porque la unidad depende de él”, refirió Hidalgo a IDL-R en otra entrevista por teléfono el mismo día viernes”.
“He sido muy preciso en términos de que se haga la investigación” sostuvo Hidalgo.
Mientras Kisic y Morán iniciaban la volátil investigación, altos oficiales del Ejército se abocaban a lo mismo. De acuerdo con fuentes bien informadas de esa institución, el jefe del Frente VRAE, general de división EP Víctor Montes, viajó a Satipo e inquirió en detalle sobre el tema con los encargados de administración y abastecimiento de combustible en esa ciudad.
IDL-R tratará de precisar en los días siguientes en qué consistió y cuáles fueron los resultados de esa investigación.
A su vez, el inspector de Defensa, Jorge Kisic, viajó a la zona poco después de la incautación.
“Fui a Pichanaki con dos oficiales” dijo Kisic a IDL-R, “Vi el grifo. Conversé con la gente…”.
Kisic sostiene que no hay sustancia en la acusación. “Este es un tema de celos entre la PNP y la FFAA en el VRAE” dijo. “El general Montes fue, investigó y puso de cabeza al técnico a cargo de la estación de recarga en Satipo, donde hay un bladder… y dice que no hay indicio de que se trate de tráfico desde ese sitio”.
Si hubiera habido ese tráfico, argumenta Kisic, “eso tendría que haberse llevado con cisterna… y el EP no tiene control de cisternas [sic]” en la zona.
Sobre la presunta falta de colaboración de la Policía, Kisic indicó que en Mazamari “hay un coronel PNP Lúcar, con quien se entrevistó el capitán de navío Caballero [que trabaja en Inspectoría de Defensa con Kisic] y ayer Lúcar me dijo que no había resultados [sobre el peritaje al combustible]”.
El oficial que menciona Kisic es el coronel PNP Humberto Lúcar, jefe de la base sinchi de Mazamari.
Cabe la posibilidad de que Lúcar no conociera sobre el peritaje, pero éste fue entregado al ministro del Interior el miércoles 2 de marzo. En forma paralela, según ha sabido esta publicación, el peritaje fue remitido al fiscal Erwin Rojas, en Mazamari.
IDL-R consiguió una copia del peritaje, que publica aquí.
El documento está redactado y escrito con todo el cuidado posible por químicos que se percatan de lo explosivo que es el material que analizan.
Pero el peritaje, en medio de su cautela, es elocuente y revelador.
Hay signos de presencia de combustible Turbo (Jet A-1) en las muestras analizadas.
Quedan otros peritajes pendientes. Se hace necesario determinar los porcentajes de turbo y de kerosene, pero la presencia del combustible de aeronaves ha sido diagnosticada en el combustible incautado en Pichanaki.
Entre tanto, en Mazamari, el fiscal Erwin Rojas ha recibido la autorización del juez para extender una semana más las investigaciones. IDL-R supo a través de fuentes de los organismos de seguridad, que la investigación fiscal comprende ahora a los miembros del Ejército que manipularon el combustible desde el año pasado.
Según información obtenida por IDL-R, la Dirandro entregará este miércoles 9 el atestado de la investigación policial sobre el caso. Al día siguiente, el fiscal Rojas hará lo propio con la investigación fiscal, al vencerse el plazo legal para ese efecto. Todo indica que, dada la complejidad del caso, Rojas pedirá una ampliación suficiente como para profundizar en el interrogatorio de los todavía no capturados dueños del grifo y del personal militar encargado del abastecimiento de combustible.
Según IDL-R ha podido averiguar, el galón de turbo tiene un precio en el mercado negro del Huallaga y el VRAE que fluctúa entre los 80 y los 120 soles el galón.
Los 2 mil 260 galones incautados tendrían entonces un valor de más de 200 mil soles en el mercado negro de la droga. Es probable, sin embargo, que se hayan vendido por menos.
¿Cómo se desaparece 2 mil 260 (o 4 mil) galones? La experiencia del caso de los generales gasolineros indica que se lo hace inventando misiones. Es decir, con horas de vuelo fantasmas.
Eso no es tan fácil, puesto que debe existir un registro de horas de vuelo que corresponda al combustible dispensado.
Una hora de vuelo del helicóptero ruso Mi-17, por ejemplo, consume 220 galones de turbo o kirosina. El Mi-17 necesita unas tres horas y media (algo más de 800 galones) para cubrir, por ejemplo, la distancia entre Arequipa y Lima, o entre Tingo María y Caballococha.
Lo incautado bastaría para más de 10 horas de vuelo. Algo que no es fácil de ocultar si se hace una inspección rigurosa de los datos de vuelo.
Y eso es lo que debe hacerse, pues este caso debe investigarse con energía y con total claridad. Debe ser, además, rápida y en la medida que la ley lo permita, transparente.
Porque si resulta que el combustible que la nación pagó para que las aeronaves del Estado intervengan en las campañas contra Sendero Luminoso y contra el narcotráfico, fue desviado en alta cantidad para procesar cocaína, el delito no solo sería enorme, lindante con la traición al país, sino implicaría una cadena de responsabilidades que ni por asomo se agotaría en los subalternos de una estación de recarga.
No habrá certeza alguna hasta que la investigación concluya. Pero ya hay signos irrefutables de evidentes anormalidades. Ahora hay que averiguar hasta dónde llega la responsabilidad de cada cual.
