Todos hemos oído hablar del Club de la Construcción, pero esta es la primera vez que lo escucharemos descrito a través de la voz de uno de sus principales perpetradores. En esta entrega revelamos el audio de la confesión hecha a Indecopi por uno de los fundadores del más grande y clandestino cartel empresarial de constructoras del Perú: Marco Antonio Aranda Toledo, ex gerente comercial y de marketing de Cosapi.
En una hora y 18 minutos de grabación confesional, Aranda narró a Indecopi cómo, desde finales del 2002, él y los ejecutivos de las más reputadas firmas del sector se coludieron para pactar sus precios de oferta y ganar licitaciones públicas siguiendo un orden impuesto por ellos mismos.
En febrero pasado Indecopi publicó los resultados de su investigación sobre el “club” [es decir, el Cartel], pero mantuvo bajo siete llaves los audios de sus entrevistas, así como centenares de correos electrónicos, documentos digitalizados y vouchers que logró recopilar durante casi dos años de indagaciones.
Indecopi ha acreditado el funcionamiento del Club de la Construcción entre noviembre del 2002 y diciembre del 2016; es decir, a lo largo de al menos cuatro gobiernos (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García y el primer semestre de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski). Dado que su campo de acción es solo el empresarial, Indecopi (a través de su Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia) ha iniciado procesos sancionadores a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos por coludirse, como un cartel organizado, en 112 licitaciones públicas.
De otro lado, la actual investigación del Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía, solo habla de la existencia del cartel de constructoras entre el 2011 y 2014. Su objetivo es la corroboración del pago de sobornos de las compañías a funcionarios, autoridades y entorno del gobierno del expresidente Humala, entre quienes está la propia exprimera dama Nadine Heredia. El equipo de la fiscalía solo ha abierto investigación a 19 empresas, entre las que no está Cosapi porque está en un proceso de colaboración eficaz corporativa.
Cartel peruano
Al iniciar su confesión, Marco Aranda explicó que durante el gobierno de transición del expresidente Valentín Paniagua se publicó un dispositivo legal “denominado Licitación Pública Nacional que consistía en que solo podían participar empresas […] constituidas en el Perú”.
Agregó que, en aquellos años, las constructoras podían, según ley, rebajar sus ofertas hasta alcanzar el 70% del “Monto Referencial” o precio de obra establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Así, por ejemplo, si se abría una licitación por S/100 mil, una compañía podía proponer ejecutarla por S/70 mil (el 2006 la valla mínima subió al 90%). En ese escenario, todas las firmas concursaban con montos “al piso”, según ha dicho Aranda. Cosapi, la empresa donde él era parte de la gerencia comercial, estaba casi en la quiebra:
Ante tal problema, la “solución” de los constructores peruanos fue la concertación ilegal. La cartelización. Aranda, de Cosapi, relató que “primero fueron reuniones bastante informales con representantes amigos” y que “habiendo el presidente Toledo, que iniciaba sus funciones, decidido a impulsar un shock de inversiones en materia de inversión pública vimos que había una gran cantidad de obras que se iban a licitar”. El Cartel empezó a funcionar.
Consultado sobre cómo se pasó de diálogos de amigos a una confabulación más estructurada, Aranda hizo gala de una memoria prodigiosa. Empezó a nombrar una a una a las empresas y ejecutivos que acudieron a la primera gran reunión del club en noviembre del 2002 en un salón del Hotel El Golf Los Incas. Algunos de los mencionados han confirmado a Indecopi aquel encuentro.
Indecopi halló en el libro contable de Cosapi del 2002 la que sería la primera prueba tangible del día en que el club fue concebido en un hotel: “Proveedor: Suites El Golf Los Incas, Fecha documento: 12 Noviembre 2002, Total: 453.98”.

El precio de aquella reserva incluyó el papelógrafo con el que los empresarios presentes se repartieron las obras públicas de carreteras que en adelante se licitaron. Aranda lo cuenta con claridad.
Cosapi encabezó la lista
La primera obra que se pactó, según Aranda, fue la Licitación Pública Nacional 021-2002-MTC/15.17. Fue “ganada” por el consorcio Cosapi-Translei que propuso ejecutarla por S/58,78 millones. Su oferta fue del 98% del valor referencial, un incremento significativo y muy cómodo respecto a los porcentajes de años anteriores a la cartelización. Ese monto, casi sobra decirlo, fue acordado con las otras empresas antes de la puja; de manera que el ganador ya quedaba predeterminado.
Se trataba de la Rehabilitación y Reconstrucción de la Carretera Chavín San Marcos, Tramo Túnel Kahuish – San Marcos. El 2005 el órgano de control de Provías Departamental del MTC detectó que la calidad del pavimento de la obra no cumplía lo requerido.
Aranda aceptó que esta primera licitación decidida en El Golf marcó el inicio de una cadena de fingidos concursos.
Para la repartición del primer y los siguientes turnos, Marco Aranda sostuvo que “algunas [empresas] de voluntad prefirieron esperar”. Agregó que “fue una dinámica de todos entre todos. No había un líder, no había quien sentara una cuestión de orden ni nada de eso. Era una cuestión de pares”.
Bitácora del club
Entre la documentación incautada a Cosapi, durante las dos visitas de inspección de Indecopi (2017 y 2019), se logró obtener una evidencia cruda de cómo se coludieron las constructoras. El siguiente cuadro, elaborado en Excel por Marco Aranda, carece de códigos secretos y, en cambio, revela el sistema del cartel.
A los 21 minutos de entrevista, el funcionario de Indecopi le advirtió a Aranda que tenía consigo este documento: “identificamos que usted habría realizado este cuadro”. Aranda negó dos veces: “la verdad que no… no recuerdo…”. Indecopi rebatió y Aranda fue recobrando la memoria.
Indecopi ha determinado el glosario con el que los miembros del club de constructores se ordenaron. Turno era tal cual: el orden para ganar las obras, mientras que las “cuotas” estaban relacionadas directamente a los montos referenciales del concurso. Si la “cuota” era alta, la empresa debía aliarse con otra para que el sistema no se detuviera.
El cuadro que Aranda de Cosapi elaboró, y que durante años fue actualizando, consigna también la licitación que -en un segundo turno- obtuvo el 2005 en consorcio con Translei. Se trata de la LPN 01/2005-GR.CAJ-Cajamarca-Celendin. El contrato se dio por S/. 47,841,190. El 108.95% del valor referencial. Iban a lo seguro.
Cosapi en auge
Marco Aranda, el vocero de Cosapi en el Club de la Construcción, ha detallado cómo las cifras de las millonarias obras se incrementaron a lo largo de los años. Lo que fueron licitaciones por S/25 millones en promedio durante los primeros años del club, “terminaron alrededor del 2014 entre 400 y 500 millones”.
Tal fue el aumento de los montos que las llamadas cuotas, que determinaban si postulaban solas o en consorcio, tuvieron que reajustarse para concursar ante el MTC: “como consecuencia de esta realidad, los valores que pretendía tomar una empresa individual fueron creciendo en el tiempo a lo largo de los años. Me acuerdo que empezó con entre S/20 y S/30; luego entre S/50 y S/60; luego entre S/60 y S/80; y al final acabó en S/120 millones incluyendo IGV por empresa. Y el tema era el mismo: si una obra superaba el valor de su cuota tenía que asociarse para completarlo”.
Así, Cosapi, que estuvo a punto de quebrar a inicios del año 2000, pasó a convertirse en la segunda constructora de vías más importante del país. Un cuadro elaborado por el equipo de investigación de Indecopi resume, con cifras oficiales, cómo -entre el 2002 y 2016- Cosapi logró más de S/1,353 millones en contratos con Provías del MTC, siendo superada solamente por ICCGSA con más de S/1,635 millones.

Durante la etapa de corroboraciones, una fuente empresarial relató que Cosapi logró alcanzar su auge durante el segundo gobierno de Alan García. En la guía de ruta que Aranda elaboró también se consigna que su “tercer turno” se dio en enero del 2007 con la Licitación Pública 032-2006-MTC/20 para la rehabilitación de la carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, tramo San Genaro-El Descanso.
La obra fue ganada por Cosapi sola y sin consorcio. La obtuvo por 53 millones 307 mil 055 soles. Fue el 107.5% del valor referencial. Marco Aranda ni siquiera intentó explicar cómo la ganaron.
El nombre de Cosapi aparece en el informe final de la Megacomisión del Congreso que entre el 2011 y 2014 investigó la segunda gestión presidencial del expresidente García. La periodista Gabriela Flores, ex integrante de aquel equipo, recordó, por ejemplo, la participación que tuvo la constructora en el Programa de Rehabilitación de Colegios Emblemáticos de García Pérez: “COSAPI obtuvo 13 contratos referidos a 6 instituciones educativas (5 en Lima y 1 en Lambayeque) por un monto superior a los 144 millones de soles […]. Se detectó que hubo modificación presuntamente irregular de los costos de las obras y que, además, se habría dejado de cobrar penalidades, por más de S/ 2 millones, por retrasos de responsabilidad de la empresa”.
Cosapi también participó en las remodelaciones al Estadio Nacional. Según detalló Gabriela Flores, “el ex titular del IPD, Arturo Woodman, informó el 2011 a la comisión de Fiscalización del Congreso que la constructora obtuvo contratos por 72 millones de soles referidos a las obras en la ZONA A; Techo y Estacionamientos del Estadio”.
Cuando el club se internacionaliza
Marco Aranda ha contado que las empresas extranjeras empezaron a adherirse al Club de la Construcción “al final del gobierno del presidente Toledo”, cuando se “decidió derogar la Licitación Pública Nacional (LPN)” y se optó por las Licitaciones Públicas (LP) en general: “Con este dispositivo, las empresas internacionales que operaban en el Perú ya podían participar […], por diferentes medios y representantes, se acercaron a las nacionales para indicar que ellos también estaban interesados en algunos proyectos. Básicamente las brasileras, que eran las más fuertes, fueron las primeras”.
El caso de Odebrecht fue distinto. Aranda ha confirmado que esta, antes de la derogación de las LPN, consiguió “por un mecanismo totalmente legal, que la sucursal Trujillo que tenían ellos se convierta en una empresa peruana constituida en el Perú. Con lo cual, a partir de ese momento, […] fue la única extranjera que se adelantó”.
Uno a uno Aranda fue detallando el nombre y apellido de los representantes de las firmas extranjeras dentro del club. Cuenta él que se había determinado que las reuniones no fueran tan grandes, como en los primeros años, pero dependiendo del apuro, algunas convocaban a todos los miembros, incluso en restaurantes.
Aranda, el hombre clave
Fuentes empresariales consultadas han descrito a Marco Aranda como “uno de los cabecillas más importantes del club” y que “se hizo conocido por sus malas prácticas”. Según un exfuncionario de una constructora extranjera, la reputación de Aranda llegó a tal punto que desde el 2012 varios miembros solicitaron a los exdirectivos de Cosapi su expulsión del círculo: “se sentía todopoderoso, se ganó muchas antipatías. Cerró acuerdos para ayudar a su empresa, ganó obras y no cumplió con esos acuerdos. Era el rey de las operaciones indebidas”.
Aranda no ha precisado si dentro de su empresa fue el único en conocer los acuerdos ilegales del Club de la Construcción, pero, según las fuentes consultadas, “es impensable en una estructura corporativa que el gerente general no sepa nada. Él (Aranda) era un empleado que reportaba a la gerencia general”.
Aunque no ahondó en detalles, Marco Aranda sí manifestó ante Indecopi que todos los montos con los que Cosapi ganó sus obras pasaron siempre por la luz verde de sus gerentes generales, parte, además, de las familias dueñas y fundadoras de la compañía: Walter Piazza de la Jara (2003-2011) y Fernando Valdez Torero (2011- 2014).
Entre los documentos que Indecopi logró salvar de las computadoras de Cosapi, existen correos electrónicos que también comprometerían a sus más altos directivos. Uno de ellos es del 18 de octubre del 2004. En él, la entonces asistente de la gerencia general, Giuliana Piana, solicita, con copia a Fernando Valdez, “un vale provisional de US$ 67.00 a nombre de Marco Aranda […] pagar el alquiler de una sala de reunión en el hotel Golf Los Incas el día de mañana”. Margarita Ramírez, jefa de Caja, da el visto bueno pero solicita que el desembolso sea en moneda nacional: “el monto sería S/. 234.50). Por favor depositar este dinero en la cuenta de Marco Aranda”.

El “Libro de Compras de Cosapi” del 2004 consigna la factura girada al hotel el día siguiente y por el monto aprobado por Caja -en conocimiento de Valdez-. Aranda reconoció ante Indecopi que el encuentro “puede ser que se haya referido a una reunión también como la que referí se realizó en noviembre del 2002 [donde nació el club]”.
También existe una cadena de mensajes del 30 de diciembre del 2009 en la que los directivos de la empresa se felicitan por la adjudicación de la ampliación del Puente del Ejército con la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Disfruten un Feliz Año Nuevo”, se lee.
En respuesta, Aranda escribe a Walter Piazza y Fernando Valdez que “hay también otra buena noticia pues los postulantes inscritos hoy para intentar precalificar a la carretera Cusco- Quillabamba- Chauhay (sic)- Quillabamba son solo cinco y todos amigos”. Entre los aliados menciona a Obrainsa y Graña y Montero. Concluyó sintiéndose “contento” porque “el resto [de empresas] no aplicó por la persuasión previa”.
El mensaje hace referencia a la Licitación Pública 019-2009-MTC/20 que tres meses después, en marzo del 2010, fue ganada por el consorcio Cosapi-Translei por más de 184 millones de soles. La propuesta ganadora del ya conocido dúo de constructores fue por S/14 millones adicionales al monto referencial establecido por el ministerio.
A través de un comunicado, Cosapi dijo a IDL-R que «en respeto con el debido proceso en curso”, la compañía “no puede hacer declaraciones ni emitir opinión acerca de temas materia de investigación”.
Marco Aranda dejó de trabajar en Cosapi en febrero del 2015 y pasó a ser gerente de marketing de la empresa CAMESA, firma que también formó parte del cártel empresarial según la fiscalía. CAMESA giró facturas a Lual Contratistas, la empresa que Rodolfo Prialé, ex operador del club durante el gobierno de Humala, usó -según la fiscalía- para lavar los sobornos.
Aunque su foto aún figura como directivo, Aranda ya no labora en la empresa según indicó un funcionario. CAMESA pertenece a Pompeyo Mejía. Un ex trabajador de Lual, cuya identidad mantenemos en reserva, aseguró que Prialé y Mejía fueron muy cercanos. La firma tiene autorización para ejecutar obras públicas. Su capacidad de contratación con el Estado es de casi 500 millones de soles.

Hasta el cierre de esta edición, IDL-R intentó contactar sin éxito a Marco Aranda, a través de su abogado, y al empresario Pompeyo Mejía.
En la medida que la naturaleza de su investigación apunta solo al accionar empresarial, los funcionarios de Indecopi no preguntaron a Marco Aranda sobre el pago de coimas a funcionarios de los gobiernos a lo largo de la existencia del Club entre el 2002 y 2016. Fuentes consultadas dentro de la entidad sostuvieron que, tras la publicación de su investigación en febrero pasado, no han recibido solicitudes de información por parte de la fiscalía. De acuerdo con otras fuentes, la constructora Cosapi, en el contexto de su colaboración eficaz, entregó al Equipo Especial Lava Jato documentación proporcionada a Indecopi en el proceso de clemencia.