Ley con nombre propio

Cómo tumbar las colaboraciones eficaces

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Por Ernesto de la Jara.-

Nota de IDL-R: El autor de este artículo es uno de los juristas que ha estudiado con mayor profundidad el tema de la colaboración eficaz.

¿Procede reducir la pena  (y hasta suspenderla o eliminarla en ciertos casos) a quien reconoce haber cometido uno o varios  delitos graves, pero está dispuesto a confesar información clave  sobre crimen organizado, siempre que esta se pueda probar? 

El tema ha sido discutido vivamente en el Derecho por mucho tiempo. Hubo etapas en las que primó la posición que sostenía que premiar la delación –aún entre delincuentes– era inmoral, como lo era que nuestra justicia se apoyara en la palabra de criminales.

Pero hace ya décadas que la posición a favor de la delación premiada fue ganando batallas y, finalmente, la guerra. En buena parte del mundo este tipo de “derecho premial” o “justicia negociada” ha sido aceptada bajo diversas denominaciones, tales como arrepentimiento, delación premiada, colaboración eficaz, etc. Hay asimismo tratados internacionales que la recomiendan desde el año 2000, como la Convención de Palermo. 

La cruda realidad terminó doblando el brazo a los argumentos en contra.  Se demostró que la manera más eficiente de penetrar y reprimir a las organizaciones criminales era obteniendo información que viniera desde dentro de la propia organización. 

El método de la delación premiada funcionó no solo en lucha anticorrupción, sino también contra el terrorismo, trata de personas, venta de órganos, carteles de empresas, etc.

En el Perú este tipo de legislación premial demostró igualmente muy buenos resultados. Por ejemplo, frente a grupos como Sendero Luminoso hubo arrepentidos clave. Respecto a los casos de los años 90, muchos colaboradores eficaces fueron decisivos para condenar a los responsables de grandes hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos, tráfico de armas, control de instituciones y medios de comunicación, irregularidades para la re-reelección, etc.  

Actualmente estamos viendo otra gran ola de colaboradores que han dado información sobre los fenómenos Lava Jato, Lava Juez y las innumerables mafias regionales (incluida la de los Dinámicos del Centro, vinculada a Perú Libre). La información delatada ha afectado a expresidentes, gobernadores regionales, candidatos, congresistas, funcionarios públicos, jueces, fiscales, abogados, empresarios, periodistas, y a otros actores más, vinculados a casi todas las organizaciones políticas e instituciones. 

 

El vínculo del ex presidente Alejandro Toledo en el caso Lava Jato se pudo conocer, en buena parte, por el fallecido empresario Josef Maiman, principal colaborador eficaz del caso. (Fuente: Andina)

 

La campaña contra la colaboración eficaz

 

Esos éxitos han llevado a contracampañas, que buscan debilitar, disminuir y reducir a la impotencia a la colaboración eficaz. La más reciente es el dictamen con modificaciones sobre la colaboración eficaz aprobado por  la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso (presidida nada menos que por la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz, quien fue elegida al Congreso en la lista del partido de César Acuña).  Si este dictamen llega a ser aprobado por el Pleno, afectará en forma directa y negativa los procesos en curso de colaboración eficaz.  

Por más que se diga con desparpajo en el texto que los cambios son para “fortalecer la colaboración eficaz”, su auténtico propósito es debilitarla. 

Si se aprueba el dictamen, los beneficiados serán todos los sindicados a través de las confesiones por colaboración eficaz, entre quienes están los integrantes de las organizaciones políticas presentes en el Congreso. Eso explica que dicho dictamen haya sido producto de una alianza entre Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular, enfrentados a las opiniones de fiscales, jueces, procuradores y muchos expertos.

 

La congresista de Alianza para el Progreso y ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz promueve el nuevo dictamen desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. (Fuente: Perú 21)

 

Plazos incumplibles

 

De los muchos temas por abordar, comencemos por uno gravísimo: el de los plazos. En el proyecto de ley aprobado se establece un plazo actualmente inexistente: entre la solicitud para acogerse a la colaboración y la firma o denegación del acuerdo entre el fiscal y el colaborador no debe transcurrir más de 8 meses, pudiéndose extender un máximo de 8 meses más en casos de crimen organizado.

Los operadores de justicia con experiencia en colaboración eficaz objetaron de inmediato que, para corroborar la información confesada, hay que hacer muchas y complejas investigaciones, que incluso suponen coordinar con varios países. 

Recordemos, además, que se tiene que exponer y probar hechos que se planificaron con sofisticados métodos de ocultamiento; además de la complejidad misma de las diligencias que exigen preservar aspectos como la reserva  e integridad física del colaborador.

Aparte de la corroboración, hay un proceso de negociación con ofertas y contraofertas que abarca aspectos tales como los casos que el colaborador está dispuesto a aceptar, beneficios máximos y mínimos, medidas de protección, reglas de conducta, reparación, y otros más. Y, como en toda negociación donde hay avances y retrocesos, ello toma tiempo.

Lo cierto es que la mayoría de los acuerdos hasta hoy suscritos, que resultaron fundamentales para la lucha anticorrupción, no se habrían podido concluir dentro del plazo que pretende imponerse. Por ejemplo, en los casos de los miembros del destacamento Colina, los procesos de colaboración decisivos para la condena de Fujimori, Montesinos y varios generalesdemoraron varios años.

 

Mayor Martin Rivas, jefe operativo del Grupo Colina, cuyos crímenes fueron decisivos para la condena de Fujimori, Montesinos y otros militares en los años 90. (Fuente: Caretas)

 

Un plazo así restringe, además, la autonomía y capacidad de decisión de los fiscales, ya que estos pueden denegar unilateralmente las posibilidades de un acuerdo, si ven que el colaborador no aporta nada o actúa de manera negligente.

El que no haya un plazo, como sucede ahora, no es algo de lo que se pueda aprovechar el colaborador, por la sencilla razón de que a él le conviene que el proceso concluya cuanto antes. ¿Por qué? Porque los posibles beneficios se aplican solo después que  haya un acuerdo firmado con el fiscal y aprobado por el Poder Judicial. Mientras tanto, no pueden gozar de estos. Además que las investigaciones y procesos contra él continúan y pueden concluir en condenas. 

Un plazo perentorio, en cambio, puede desalentar a los colaboradores, ya que conocen el riesgo de que la Fiscalía y la Policía no cuenten con el tiempo y los recursos para hacer las investigaciones; o que se tramen medidas dilatorias para que ellos proporcionen todo lo que tienen, pero no se les dé beneficios, alegando el vencimiento del plazo.   

El plazo del dictamen parece extenso (16 meses en casos del crimen organizado), pero lo cierto es que en principio solo será de 8 meses. La posibilidad de extenderlo 8 meses más dependerá de los elementos de convicción que se presenten para demostrar que efectivamente se está ante una organización criminal.

Este tipo de plazos va también contra el carácter especial, flexible y no formal que debe caracterizar una legislación sobre un proceso heterodoxo, como es la colaboración eficaz.

El apuro que tiene la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que las normas aprobadas se apliquen lo más rápido posible a los casos en curso, se demuestra en este asunto de los plazos. Se dispone que el cómputo de este nuevo plazo, en los casos en trámite,  se inicie “desde el día siguiente de la entrada en vigencia de la  presente ley”; es decir, ni siquiera se tendrá que esperar el reglamento de la ley, para el que se fija un plazo de 30 días.

 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso busca que las normas aprobadas sean aplicadas a los casos que están en curso. (Fuente: Congreso)

 

Está claro que lo que se pretende  es que el tiempo juegue en contra de los fiscales y colaboradores, para que muchas negociaciones se caigan; no porque no tengan futuro, sino porque no se pudieron concretar en un tiempo determinado. 

 

Obligación de un acuerdo preparatorio

 

Otro cambio es que la suscripción de un acuerdo preparatorio entre el fiscal y el colaborador, pasaría de ser voluntario a obligatorio. 

Es malo hacerlo obligatorio. El hecho de que sea voluntario, pese a  no ser vinculante para el acuerdo final –en el sentido que tanto el  colaborador como el fiscal pueden apartarse de lo suscrito previamente, sin ninguna consecuencia– implica que ya hay un avance en las negociaciones, al punto que las partes están dispuestas a firmar un acuerdo por su propia voluntad. No es vinculante, como se ha dicho, pero implica compromisos que si una parte incumple sin ninguna razón, será vista como la responsable del fracaso.

Es más, en este acuerdo preparatorio, si el fiscal ve que los avances y compromisos del colaborador lo justifican, puede comprometerse a requerir al juez  nada menos que el cambio de la prisión preventiva del colaborador (medida que puede estar solo solicitada o en ejecución) por una medida alternativa, tipo arresto domiciliario o comparecencia restringida. Este cambio puede ser usado por el fiscal como un incentivo para que el colaborador se apure en colaborar. 

Hacerlo obligatorio convertiría a este acuerdo previo en una formalidad, y ya no serviría para los propósitos mencionados.

La justificación que se dio en la Comisión fue que el juez a cargo de aprobar o desaprobar el acuerdo final, debe tener la oportunidad de conocer bien el proceso, por lo que era indispensable un acuerdo previo obligatorio como medio de información. 

Eso es absurdo, porque el juez puede pedirle al fiscal, antes de resolver, cualquier tipo de subsanación, precisión, desarrollo o esclarecimiento. Y este está en la obligación de brindar la información requerida. 

 

Criminalización de quienes difunden información

 

En el Código Penal se establece una pena de 4 a 6 años para aquel que indebidamente revele la identidad de un colaborador eficaz, o dé información que permita su identificación; pena que pasa a ser de 5 a 7 años cuando se trate de un funcionario público (Art. 409-B). 

 

En el Código Penal peruano se establece una pena de cuatro a seis años para aquel que revele la identidad de un colaborador eficaz. (Fuente: Andina)

 

Esta pena es de por sí claramente desproporcionada. Pero encima, en el dictamen que estamos analizando ya no se sanciona solamente al que “revela”, sino también al que “proporciona, difunde, suministra u otorga”. Es decir, se pasa a penalizar no solo la revelación de la identidad del colaborador, sino también que sus declaraciones sean puestas en conocimiento público de manera total o parcial, y en cualquier momento del proceso.  

Con esto quedan claras dos cosas: primero, que se quiere amenazar con una drástica sanción penal cualquier conocimiento de la opinión pública sobre los procesos de colaboración eficaz. Segundo, que han puesto en la mira a los  periodistas de investigación y medios de comunicación, que son los que “difunden” la información.

De esta manera se pretende que el periodista o medio que recibe información al respecto,  no pueda darla a conocer, por más que se trate de interés público y que no se haya violado ninguna ley para obtenerla. 

Esta podría ser otra manera de desalentar a los colaboradores, ya que hay casos conocidos en los que ellos mismos prefieren que sus declaraciones sean conocidas. Esto lo hacen para poder dejar constancia de que están aportado información y pruebas relevantes que merecen beneficios, lo que después será imposible de negar; y también para protegerse de posibles represalias. 

Este intento de prohibición perjudica de manera especial a los fiscales, porque es a ellos a quienes se les suele acusar de filtrar información. Cabe agregar, también, que si bien son los fiscales quienes conducen el proceso, son muchos otros los que conocen la identidad del colaborador y sus declaraciones: la Policía,  el procurador, los jueces, el personal jurisdiccional y administrativo, el personal del INPE y de seguridad, los colaboradores y sus abogados, etc. 

Si bien la reserva es fundamental, no es un elemento constitutivo esencial, ya que el mismo colaborador puede renunciar a ella, así como a toda medida de protección. De igual manera, es importante tener en cuenta que esta confidencialidad dura solo hasta que se termina el proceso (aprobación judicial del acuerdo). Después de esto es levantada para que el colaborador pueda participar en otras investigaciones y procesos con su propia identidad, y así los sindicados puedan ejercer recién su derecho de defensa. 

Resulta contradictorio que se levante una espada de Damocles contra periodistas y operadores de justicia en nombre de la reserva del proceso de colaboración eficaz, y, a la vez, el mismo dictamen contenga normas que favorecen y hasta estimulan la filtración de nombres y declaraciones. 

Por ejemplo, se establece que cuando las declaraciones de aspirantes a colaboradores sean presentadas para solicitudes de prisión preventiva, en casos conexos o derivados, el fiscal está obligado a brindar la identidad del aspirante a colaborador y el íntegro de sus declaraciones. Como se trata de incidentes diferentes al proceso de colaboración, se multiplican las posibilidades de filtración. 

En el mismo sentido va, sin lugar a dudas, la medida que establece que,  de aprobarse la ley, las declaraciones de los aspirantes a colaboración deberán ser registradas por un medio audiovisual. Esto, sin duda, generaría más posibilidades de filtración. 

No es, pues,  exagerado sostener que el objetivo principal de esta medida es contar con instrumentos que puedan ser utilizados contra sectores que vienen siendo decisivos en la lucha contra la corrupción, fundamentalmente fiscales, periodistas de investigación y medios de comunicación  (muchos de ellos virtuales). A la menor filtración, puede promoverse el inicio de investigaciones contra quien se quiera neutralizar en ese momento. 

 

Grabación audiovisual

 

La Comisión que ha aprobado el dictamen plantea la obligación de registrar mediante un medio audiovisual las declaraciones de los colaboradores, alegando que si dicho colaborador decide no acudir a los juicios que se han originado en parte a partir de sus  declaraciones, se contará siempre con dicha grabación para ser proyectada en las diligencias. 

 

La Comisión que ha aprobado el dictamen obliga a registrar las declaraciones de los colaboradores mediante un medio audiovisual. En la foto Marcelo Odebrecht, delator premiado en el caso Lava Jato. (Fuente: IDL Reporteros)

 

Lo primero a considerar es que los beneficios otorgados a un colaborador, a partir de un acuerdo, pueden ser revocados si es que este decide ignorar las convocatorias de las instancias judiciales. 

Cabe siempre recurrir al acuerdo final  y a la resolución judicial de aprobación, instrumentos en los que se detalla minuciosamente todo lo ocurrido durante el proceso. También hay actas de la solicitud, de cada reunión, de la audiencia ante el juez y todos los documentos u objetos presentados.

Lo que busca la obligación de registros audiovisuales de las declaraciones del colaborador es desalentar las colaboraciones. Si ya es conflictivo y riesgoso tomar la decisión de ir a declarar  en contra de ex cómplices que a la vez han sido amigos, parientes o compañeros de trabajo, y que eso conste en actas escritas; la decisión debe ser más difícil  si se sabe que también quedarán filmaciones.  

 

Nuevas causales para la revocatoria de beneficios

 

El dictamen trae también una exigencia adicional para el colaborador y una nueva causal para revocar (anular) los beneficios obtenidos.  

Se establece que el colaborador está obligado a brindar  toda la información que posee, sin poder omitir nada, y que si después de haber obtenido los beneficios (producto del acuerdo firmado con el fiscal y aprobado por el juez), se descubre que su información es falsa, los beneficios serán revocados. 

Es cierto que nuestra legislación debería contener un capítulo especial que contemple posibles infracciones o irregularidades cometidas por colaboradores, junto a las sanciones que impondrían en cada caso. 

Pero eso tiene que hacerse de manera sistemática y con mucha rigurosidad, ya que son estos aspectos los que pueden usarse para desalentar la existencia de colaboradores.  Esto tiene que ver con el nivel de exigencia necesario para obtener beneficios y con los requisitos para conservarlos de manera irreversible una vez obtenidos.

Actualmente se puede interpretar que no hay una obligación de brindar toda la información que se tiene. El requisito es reconocer la comisión de, por lo menos, un delito o no negar alguno de los que ya son motivo de imputación.

Ahora, la consecuencia es que, de suscribirse y aprobarse un acuerdo de colaboración, este solo protege a la persona en relación al delito o delitos reconocidos o no negados. Toda imputación que se niegue —sea que exista durante el proceso de colaboración o que aparezca despuésseguirá su trámite normal, es decir, investigación fiscal, proceso judicial y sentencia. Si hay sentencia condenatoria, esta se impondrá por encima de los beneficios obtenidos en la colaboración. Así, si el colaborador que está libre por una reducción de pena, producto de un beneficio, es condenado a prisión efectiva por otro delito que negó, irá a la cárcel .

La ventaja de la situación actual es que permite que el fiscal logre acceder, por lo menos, a la parte de la información que el colaborador está dispuesto a brindar la que puede ser muy relevante sin que se genere impunidad frente a otros posibles delitos no declarados. 

 

La ventaja de la situación actual es que permite al fiscal acceder, por lo menos, a la parte de la información que el colaborador está dispuesto a brindar. En la foto el fiscal José Domingo Pérez. (Fuente: Perú 21)

 

Las causales de revocación están más relacionadas con puntos objetivos e inequívocos: no pagó la reparación, no acudió a declarar en juicios, cometió un delito doloso, entre otros. En todo caso, tendría previamente que llevarse una acción legal por delitos contra la administración de justicia. 

Es cierto que la aplicación de la colaboración eficaz debe ser muy cuidadosa para que no sea fuente de impunidad, de abusos respecto a inocentes, de venganzas, corrupción, etc. Sin embargo, en las actuales circunstancias, introducir los cambios reseñados es dar prácticamente una ley con nombre propio. Además que esta tendría efectos retroactivos, ya que truncarán las acusaciones contra personas de relevancia pública, actualmente investigadas o procesadas por la comisión de graves delitos. 

Publicado el miércoles 16 de marzo, 2022 a las 21:19 | RSS 2.0.
Última actualización el miércoles 16 de marzo, 2022 a las 21:20

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Web por: Frederick Corazao

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