(Nota del editor: En su más reciente columna, el destacado periodista de investigación israelí Yossi Melman informa sobre el caso de la compra de portatropas y sus consecuencias en Israel.
PorYossi Melman, publicado en el diario Haaretz de Israel, 3 de junio 2010.
El ingreso de Israel a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo requiere la adopción de nuevas normas, incluidas una mayor transparencia y abstenerse de sobornar a altos funcionarios en países a los cuales exporta equipamiento para la defensa. Lo que está ocurriendo en el Perú en estos días es un ejemplo de cómo no actuar.
A fines de 2006, la compañía israelì ISDS, de Leo Glesser, llegó a un acuerdo para la venta de 50 portatropas Abir entre la planta automotriz de Nazareth y el Ministerio del Interior peruano, con un precio de venta de $107,000 cada uno. La ministra peruana de Interior fue luego reemplazada por Luis Alva Castro, quien anunció que suspendía el trato. Un periodista peruano respetado, Gustavo Gorriti, denunció en reportajes de investigación que la suspensión reflejaba el deseo del ministro de que algunos socios, incluyendo israelís expatriados, fueran incluidos en el trato.
Glesser está demandando al gobierno peruano en una corte en el Perú. Las digilencias del proceso aún no han concluido. En diciembre 2009, el nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, y su viceministro, Samuel Torres, aprobaron seguir con el trato pero esta vez con Glesser reemplazado por la planta de metal de Hatehof en Nazareth. Gorriti reveló en su medio en Internet, IDL-Reporteros, que el costo de cada vehículo saltó de $107,000 a $170,000 dólares.
El ministro y su viceministro alegaron que este vehículo tenía otro tipo de chasís –mejorado y actualizado. El periodista Gorriti no se dio por vencido y presentó sospechas de incorrecciones. El presidente Alan García se aproximó a Israel para que le ayudara a silenciar el asunto. Gorriti no cedió. La policía peruana tuvo que enviar a un equipo, liderado por el general Mario Obregón, a Israel para inspeccionar los vehículos.
El equipo reportó al gobierno peruano que había inconsistencias en los números de registro de chasís de varios vehículos. También halló que estaban equipados con cajas automáticas en vez de manuales, como había sido acordado. Hace una semana, el presidente García anunció que cancelaba el contrato. El viceministro del Interior, Torres renunció y analistas políticos en el Perú creen que los días de Salazar en el cargo están contados. Aparentemente, la policía peruana ya ha pagado a Hatehof la mayor parte del dinero, casi $ 5 millones de dólares. Respuestas: el ministerio de Relaciones Exteriores (de Israel) declinó a comentar. El ministerio de Defensa afirmó que como el contrato incluye vehículos clasificados como civiles, no requería la aprobación del ministerio.
El presidente de Hatehof, Shimon Shaham, declaró: «Hatehof legítimamente y legalmente ganó un concurso para proveer dos tipos de vehículos blindados a la Policía Nacional del Perú, valorados en $ 11 millones de dólares. De esa cantidad, $5.3 millones eran para los vehículos a los cuales nos referimos en este texto. A raíz de un escándalo mediático, una delegación de funcionarios encabezados por el subcomisionado de la policía del Perú visitó la planta de Hatehof y revisó cuidadosamente los reclamos y las especificaciones –y se descubrió que no había mancha alguna ni se encontró base para los reclamos que se hicieron. En el vehículo que es material de esta columna, hay agregados y capacidades significativamente mejoradas, y ése es el origen del cambio de precio.
Hatehof no estaba ni está involucrado en el contrato anterior y su nombre fue injustamente mencionado en el asunto que implica a ISDS y la policía peruana». Leo Glesser dijo que él no tiene interés en disputar con las compañías de Israel; él solo quiere que el gobierno del Perú honre su acuerdo con él o lo compense como exige la ley.
