Los siete efectivos SUAT que participaron en el operativo destinado a liberar al trabajador de Corporación ADC, Josué Candiote, en septiembre de 2014, y a quienes la fiscalía de Chincha acusó de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales, llevarán el proceso solo bajo comparecencia restringida, en lugar de la prisión preventiva que había solicitado la fiscal. Esto significa que cada acusado deberá pagar 10 mil soles de garantía y reportarse quincenalmente ante el juzgado.
Así lo decidió el juez Marcos Antonio Mantilla Camacho del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo, tras doce horas de sesión, al considerar que no existen elementos probatorios de la posibilidad de fuga de los acusados que justifiquen la prisión preventiva. Sin embargo, ambas partes apelarán la resolución.
“Solicitamos que la caución de 10 mil soles sea reducida debido al paupérrimo salario de los oficiales; y que los reportes al juzgado sean mensuales, no quincenales”, señaló Sergio Casachahua, abogado de la Defensoría del Policía.
Por otro lado, la Fiscalía apeló para insistir en la prisión preventiva. Ambas solicitudes se resolverán aproximadamente en 20 días.
En un principio, la audiencia estuvo programada para el 24 de agosto. Pero la fiscal Rosa Oróz añadió elementos de la presentación del informe del grupo especial de trabajo convocado por el ministro del Interior Carlos Basombrío, que no se notificó a la defensa. Por ello, la audiencia se pospuso para el pasado 7 de setiembre.
El abogado Eduard Álvarez cree que la influencia de los medios fue decisiva para la solicitud de la prisión preventiva. “Esto se pidió cinco meses después de iniciada la investigación y justo al día siguiente de que el caso sale en La República”, aseguró el abogado de los policías SUAT.
Este operativo realizado por el capitán PNP Mario Ángelo García Chávez y los suboficiales Hayro Steve Castillo Gómez, Walter Quiñones Loayza, Miguel Ángel Espinoza Toribio, Jhonattan Conthaber Ramírez Grández, Jorge Luis Requejo Carranza, Teófanes Sánchez Lizarme ha sido citado por el ministro Basombrío como ‘emblemático’ para determinar la existencia y el accionar del supuesto escuadrón de la muerte. El ministro posteriormente afirmó que ningún policía de la SUAT tenía responsabilidad en ese u otros casos. La fiscal Oróz, sin embargo, persistió en su petición de prisión preventiva.
IDL-R ha publicado un extenso reporte sobre el caso Chincha que demuestra serios vicios en la investigación fiscal y en buena parte de la cobertura periodística del caso.
