El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, archivó la semana pasada la denuncia contra Alan García por enriquecimiento ilícito. La razón, explicó Peláez, es que “luego de la documentación remitida de entidades financieras (…), no existen elementos probatorios que nos lleven a la conclusión que ha habido un desbalance patrimonial».
Cuando le preguntaron, en una conferencia de prensa, si es que investigó si las compañías que contrataron como conferencista a García también suscribieron contratos con el Estado en su segundo gobierno, Peláez dijo que, “eso no es materia de la investigación. En todo caso, si tuviéramos la sospecha, iniciaremos la investigación”, dijo Peláez.
De hecho, cuatro de las varias conferencias que dio Alan García desde julio de 2011 –cuando dejó el gobierno– hasta diciembre de 2012, fueron para empresas o grupos económicos que tuvieron una relación contractual con el Estado durante su último periodo presidencial.
Las empresas son: el grupo español Endesa; Kimberly Clark; Junefield Textiles Company Limited, que forma parte de Junefield Group: y GS1 Perú. Por todas ellas, Alan García cobró 155 mil dólares.
Los dos primeros casos eran ya conocidos, pero los restantes habían pasado hasta ahora desapercibidos.
El grupo español Endesa le pagó 60 mil dólares a Alan García, el 24 de setiembre de 2012, por una conferencia dictada en Madrid. Según García, se trató de un evento muy concurrido, pero de acuerdo con la Megacomisión, que investiga los presuntos casos de corrupción del segundo gobierno aprista, fue una presentación para un evento interno de Endesa.
Dos años antes, el 5 de enero de 2010, Endesa había sido favorecida por el Decreto Supremo N°001-2010-EM, que otorgó beneficios para las empresas eléctricas generadoras de centrales de Reserva Fría de Generación, entre ellas la filial de Endesa, Empresa Eléctrica de Piura.
Kimberly Clark le pagó 15 mil dólares a Alan García por una charla de una hora para directivos regionales, el 21 de setiembre de 2012, tres días antes de la conferencia que dictó en España a los ejecutivos de Endesa.
Durante el segundo periodo de García, según el MEF, Kimberly Clark tuvo contratos con el Estado por S/. 8,964,100.32. Más del doble de lo que obtuvo en el periodo de Alejandro Toledo: S/. 4,013,792.84.
García tuvo una aparición pública con altos funcionarios de la compañía, en febrero de 2008, para anunciar desde Palacio de Gobierno que esta invertiría 60 millones de dólares en dos plantas en Lima.
Pero las dos conferencias que hasta ahora habían pasado inadvertidas son las que García dio para la empresa Junefield Textiles Company Limited, el 7 de julio de 2012; y para el grupo empresarial GS1 Perú, el 13 de setiembre de 2012.
Según el contrato suscrito entre Alan García y Junefield Textiles Company Limited, esta le pagó 50 mil dólares para que exponga, en una conferencia en Beijing, sobre el desarrollo económico en América Latina.
Esta compañía forma parte de Junefield Group, que se fundó en el Perú en 2008, durante el gobierno aprista. La minería es una de las ramas empresariales más importantes de este grupo económico. Según su portal, “Junefield ha obtenido más de 880 concesiones mineras en el Perú con un área total más de 7,000 Km2, que abarca el cinturón metalogénico principal en los Andes del Perú”.
El otro grupo económico que contrató a García es GS1 Perú, experto en soluciones logísticas. Este le pagó 30 mil dólares a García para que intervenga en el fórum anual XVII EXPOGESTIÓN 2012, en Lima.
A García le tocó hablar, según su contrato, sobre el crecimiento económico y “los retos vinculados a la infraestructura e innovación”.
El portal del MEF muestra que GS1 Perú ha suscrito contratos con el Estado desde 1999 hasta la fecha, por un monto total de S/. 1,293,268.50.
Durante el último gobierno de García (2006-2011), la empresa obtuvo contratos por S/. 1,151,338.37, mientras que en el periodo 2001-2006 (del gobierno de Toledo), GS1 contrató por un monto global de S/. 22,751.21.
Durante los años 2008, 2009 y 2010, GS1 Perú registró los montos de contratación más altos de toda su relación contractual con el Estado. Los tres años suman S/.1’059,511.98, es decir, el 81.9% de lo percibido desde 1999.
La relación de todas las conferencias, los contratos y las constancias de los depósitos bancarios fueron entregados por Alan García al fiscal de la Nación, en febrero pasado, cuando se inició la investigación por enriquecimiento ilícito.
García también entregó documentación relacionada a sus propiedades, y a sus ingresos en el sector público y privado. Estos documentos fueron el insumo para el peritaje financiero, que sirvió de sustento para archivar la investigación, en la que el perito a cargo del caso fue un aprista♦