Al interior del Ministerio de la Producción, las discrepancias de la pesca declarada y pesada también generaron remezones. En entrevista con IDL-Reporteros, la viceministra de Pesquería, Rocío Barrios, reveló que hace unas semanas pidió cuentas sobre este tema a la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi), pero los funcionarios de esta área negaron extrañamente que existiera este problema.
Barrios mandó a corroborar la información de algunas empresas con asesores de su confianza y se dio con la sorpresa que los funcionarios de Digsecovi mentían por lo que, asegura, decidió hacer cambios. Se despidieron a 14 profesionales que laboraban en el área desde la anterior gestión y entre 6 y 7 inspectores de campo.
El ministerio se encuentra elaborando un estudio de las discrepancias ya reveladas por IDL-R y aseguró que si se confirman pedirán cuentas a las empresas y a los funcionarios que debieron vigilar este tema debido a que “el Estado hasta el momento no ha hecho una auditoría de control de calidad a Cerper y SGS (las compañías inspectoras)”.
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La viceministra aseguró que Digsecovi no ha cumplido de manera eficiente su labor de fiscalizar los desembarques. Según el nuevo director de esta área, Fernando Alarcón, esto se hace evidente en las llamadas visitas inopinadas a las plantas harineras que ya estaban advertidas de las inspecciones.
Barrios aseguró que si en el camino se encuentran más irregularidades, el Ministerio de la Producción tomará acciones contra los funcionarios responsables así ya no se encuentren laborando en la institución. “Uno como funcionario tiene que tener la responsabilidad, las agallas y la obligatoriedad de tener que accionar estos mecanismos”, aseguró.
En otro momento de la entrevista, la viceministra también habló de ocultamiento de información en otros temas. Dijo que hasta el momento no se ha encontrado el sustento técnico que congelar la aplicación de los derechos de pesca mediante la ley de cuotas y tampoco los antecedentes de esta norma.
Por estas irregularidades, se iniciarán en breve auditorías a Digsecovi y la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero. Y si se encuentran responsabilidades en la gestión de la ex viceministra de Pesquería, María Isabel Talledo, lo tendrá que determinar el Ministerio Público.
Barrios admitió la falta de transparencia que ha caracterizado al Ministerio de la Producción por lo que anunció que se publicará cuáles son las naves que tienen licencias vigentes, entre otra información del sector. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los registros de desembarque de pesca declarada y pesada que nunca entregó esta institución a IDL-R, a pesar de diversas solicitudes vía la ley de acceso a la información.
La funcionaria señaló que hay empresas que “están buscando cómo llegar” a su despacho a través de intermediarios y pidió que estas compañías no vean estas medidas como una persecución porque las autoridades deben evitar que se depreden los recursos naturales y que se evadan impuestos. Por la misma razón, dijo que se evalúa que Cerper y SGS ya no sean pagadas por las empresas para romper con los conflictos de intereses que existen y se mejore el control. “El Estado no puede abdicar de sus funciones”, apuntó.
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