Era inicios de setiembre de 1995. Javier Alva Orlandini había asumido meses antes el cargo de congresista de la República por el partido Acción Popular. Su hija, Liliana Alva Guerrero, que había trabajado con él como asistente legal, asumió la conducción de su estudio de abogados.
En esos días, Liliana Alva recibió una inusual visita en el estudio, que quedaba en la calle Francisco Valle Riestra 285, en San Isidro. Se trataba del abogado Juan Ángel Maraví Lazo, quien se presentó como asesor de Luis Arce Córdova, entonces juez del Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima. El abogado le ofreció tramitar con velocidad una denuncia por estafa que había sido presentada por el ciudadano Ángel Cossío Bolado, uno de los patrocinados de Alva. “Se presentó como asesor del juez, dijo que era el contacto. El mensaje del abogado era que se ofrecía para ayudar a tramitar la denuncia porque había demoras. Me indigné y le dije que se vaya”, dijo Alva a IDL-R.
Luis Arce Córdova, que empezó su carrera judicial en 1988 como auxiliar en la Corte Superior de Justicia de Lima, llevaba apenas un año como juez. Había sido nombrado como juez de ese despacho el 13 de octubre de 1994.
Al día siguiente, Liliana Alva fue a buscar a Arce a su despacho. “Me acerqué de buena fe a la oficina del juez Arce y le dije que estaba sorprendida, que esta persona se había presentado, que estaban tomando su nombre, para que tome una acción, actuando de buena fe, pero él sabía todo. Él me miró y me dijo: doctora, yo lo conozco, es mi asesor. Me levanté e inmediatamente me fui a denunciarlo. Fui a la OCMA”, dijo la abogada, “este era un juicio de estafa. Había mucho dinero en juego”.
La Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial estaba dirigida entonces por el magistrado Carlos Giusti Acuña, cuya gestión se había caracterizado por llevar a cabo investigaciones rigurosas para purgar a magistrados corruptos del sistema de justicia. Menos de dos años después, el 22 de abril de 1997, Giusti murió durante el operativo de rescate de rehenes Chavín de Huántar.
Liliana Alva se reunió con la magistrada Jeannette Oyarce Delgado, entonces investigadora del organismo de control y de inmediato se montó un operativo de inteligencia, con la participación de su patrocinado, Ángel Cossío, y una agente encubierta que se hizo pasar como su sobrina, para probar la participación de Arce Córdova.
Es así que Cossío –en coordinación con los investigadores de la OCMA– entró en contacto con el supuesto intermediario de Arce, Juan Maraví, y acordaron reunirse en la tarde del 16 de setiembre de 1995, en la oficina del abogado, que estaba en el octavo piso de un edificio en el Pasaje Acuña, en Lima.
De acuerdo con la versión de Cossío, que consta en la investigación de la OCMA, este se reunió con Maraví Lazo y un colega de este, Alfredo Barrientos. Ambos le dijeron que eran asesores de Arce Córdova y para demostrar que actuaban en representación del juez, le mostraron el expediente de su caso y le entregaron un documento sobre una próxima diligencia. Los abogados le pidieron 3 mil dólares. Cossío dijo que aceptaba, pero con la condición de que le entregaran un recibo. Los abogados dijeron estar de acuerdo y lo comunicaron por teléfono con Luis Arce, quien le aseguró que “la gente que estaba con él era de su entera confianza, debiendo seguir con las pautas que ellos indiquen, quedando en que volvería a llamar para tratar el tema del recibo”, según Cossío.
Semanas después, el 31 de octubre de 1995, Cossío se reunió nuevamente con los abogados en la oficina de Pasaje Acuña, pero esta vez fue acompañado de una agente encubierta de la Policía, la especialista de tercera Bertha Fernández Ramírez. Ella declaró en el contexto de la investigación que durante la reunión, los abogados les enseñaron documentos del proceso e insistieron con el pago de los 3 mil dólares. Durante la reunión, dijo la agente, uno de los abogados comunicó a Cossío con Arce Córdova vía telefónica y “quedaron en que le entregaría mil dólares el dos de noviembre y dentro de un mes pagaría el resto […]”. Sin embargo, por diversas razones –una posible fuga de información– la transacción no se realizó y abortó el operativo.
Interrogado en el contexto de la investigación, Arce Córdova negó conocer a los abogados Maraví y Barrientos, y también negó haberle pedido dinero a Ángel Cossío. Sin embargo, de acuerdo con el registro de llamadas de Telefónica del Perú en esas fechas, hay 126 llamadas hechas desde la oficina de Arce al estudio de Maraví, y 123 llamadas hechas de la oficina del abogado al despacho del juez; así como 14 llamadas realizadas desde el teléfono fijo del estudio de Maraví al teléfono de la oficina de Cossío.
Además, está el hecho de que la entonces secretaria de Luis Arce, Ofelia del Rosario Rubio, declaró a los investigadores de la OCMA que el expediente del caso Cossío “era reservado, es decir, lo tenía guardado siempre el señor juez, expediente que salía a Secretaría solamente cuando había alguna diligencia, luego de cual nuevamente regresaba al despacho y nunca se queda en Secretaría”.
La investigación de la OCMA concluyó que Luis Arce Córdova, en complicidad con los abogados Juan Maraví y Alfredo Barrientos exigieron el pago de 3 mil dólares a Ángel Cossío, para ayudarlo en la tramitación de la denuncia que este interpuso contra Pablo Araneta Ramos por los delitos de estafa y otros. La magistrada Oyarce resolvió, en un informe del 8 de mayo de 1996, “proponer a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, formule el pedido de destitución del juez del Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, Luis Arce Córdova, del Poder Judicial, ante el Consejo Nacional de la Magistratura” y que se abstenga de “prestar servicios en el Poder Judicial” hasta que se resuelva su situación.
Investigación de OCMA contra Luis Ar… by IDL_Reporteros on Scribd
Entrevistada por IDL-R, Oyarce dijo que “yo me remito a todo lo que se haya actuado, todas las resoluciones que yo he dictado están dentro de los procesos”.
Unos días después, el 15 de mayo de 1996, el jefe de la Oficina de la Magistratura del Poder Judicial le envió al entonces presidente de la Corte superior de Lima, Marcos Ibazeta, copia certificada del proceso disciplinario contra Arce Córdova “para que su despacho tome las medidas respectivas respecto de la medida de abstención contenida en la resolución aludida”.
“Durante el proceso”, relató Liliana Alva, “[Arce] me llamó para pedirme que retire mi denuncia, que era un padre de familia. Me presionaba para que retirara la denuncia. Buscó presionarme en ese sentido. Me llamó una vez”. Ella se negó.
“Cuando denuncio, denuncio. No iba a echarme atrás”, dijo Alva Guerrero, madre del hoy congresista Luis Roel, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Pero otra fue la historia cuando el caso llegó al Consejo Nacional de la Magistratura. El 29 de enero de 1998, el pleno del Consejo resolvió, por unanimidad, “desestimar la solicitud de destitución” de Luis Arce y dispuso que se envíen todos los actuados a la Corte Suprema de Justicia para que “se establezca si el juez Arce Córdova es o no es pasible de sanción menor a la destitución”.
Resolución del Consejo Naci… by IDL_Reporteros on Scribd
El 17 de noviembre de 1999, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Pedro Infantes Mandujano, resolvió archivar el caso contra Arce Córdova “por haber operado de pleno derecho la prescripción de la investigación”. Es decir, el caso fue archivado porque venció el plazo, sin dilucidar el fondo de la cuestión.
El resultado fue que Ángel Cossío, quien murió hace algunos años, nunca recuperó su dinero.
El destino que propician las investigaciones inconclusas sobre corrupción judicial hizo que 16 años después, Luis Arce Córdova fuera elegido como fiscal supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura presidido por Guido Aguila. Pero ahí no termina sino continúa la historia, que IDL-R pronto relatará.
[Continuará…]
