En la notoria, por sesgada, cobertura electoral de la mayoría de medios, resuena silencioso un tema amordazado: la acusación fiscal contra Keiko Fujimori.
La elección presidencial será el 6 de junio y la acusación fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez el 11 de marzo. Menos de tres meses separan esas fechas, que llevan a Keiko Fujimori a destinos totalmente diferentes.
El primero, si gana, a una inmunidad de cinco años frente al caso, desde un poder que tratará (si el pasado sirve de guía) de desactivar la acusación y convertir la inmunidad en impunidad.
El segundo, si pierde, a un proceso judicial en el que enfrentará una acusación fiscal que pide una pena de 30 años y 10 meses de cárcel para ella, por delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción de la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Son destinos radicalmente diferentes, que tienen, sin embargo, un curioso vínculo entre sí. La candidata a la presidencia en segunda vuelta del 2021 es acusada por presuntos delitos cometidos en las elecciones presidenciales de 2011 y 2016, que definió (y perdió) en segunda vuelta.
Así, la tercera participación consecutiva de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial carga (en la proverbial mochila keikista), con el peso de lo hecho en las dos anteriores y de su resultado dependerá si la lleva al sillón o al banquillo. Pocas veces un candidato o candidata se juega tanto en una elección que, como se ve, no solo definirá el destino de la nación sino el de la candidata Fujimori.
¿Cuál es el contenido de la acusación fiscal y en qué se basa? El siguiente es un resumen apretado de la acusación fiscal de 13 mil folios presentada por el fiscal José Domingo Pérez.
Pérez Gómez acusa a Keiko Fujimori de dirigir un aparato dentro de Fuerza Popular para lavar y blanquear los aportes clandestinos a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Según la acusación del Equipo Especial de la Fiscalía, el partido de Keiko Fujimori recibió 15 millones 120 mil dólares de aportes directos en forma clandestina. Los donantes no querían que sus aportes fueran conocidos y menos registrados. Entre ellos figuran empresarios involucrados en los casos de corrupción ‘Lava Jato’ y ‘Club de la Construcción’.
Además, el Equipo Especial acusó a los esposos Mark Vito Villanella y Keiko Fujimori, de haber lavado activos por 2 millones 192 mil 859 dólares a través de “actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de los activos obtenidos por la organización criminal y que fueron derivados al patrimonio de Mark Vito Villanella y Keiko Sofía Fujimori Higuchi, a modo de ganancia por aparentes actividades de corretaje mediante la persona jurídica MVV BIENES RAÍCES”.
La prolija investigación dirigida por José Domingo Pérez llegó a contar con las declaraciones (o delaciones) de 14 colaboradores eficaces sobre todas las etapas del proceso: desde la entrega del dinero hasta el lavado (por lo general a través del “pitufeo”) del mismo.
El primero en confesar aportes ilegales para Fuerza Popular fue Marcelo Odebrecht, en mayo de 2017. IDL-Reporteros reveló en “La nota misteriosa” del 23 de junio de 2017, el contenido de la hoy célebre “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez). Humala?” hallada en el teléfono de Marcelo Odebrecht.
En febrero de 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, admitió que su compañía aportó 1 millón 200 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Un millón fue entregado directamente, en efectivo, y 200 mil a través de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
En 2019, Enrique Gubbins Bovet, reveló otros, sustanciales, aportes clandestinos. Confesó haber sido el intermediario en la entrega de 7 millones 670 mil dólares para las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. El dinero fue retirado de las cuentas de Sudamericana de Fibras S.A. por orden de su tío y propietario de la compañía, Juan Rassmuss Echecopar, ya fallecido cuando Gubbins confesó.
La sorprendente confesión de Dionisio Romero Paoletti, expresidente del directorio de Credicorp, en noviembre del 2019, permitió conocer su donación clandestina de 3 millones 650 mil dólares para la campaña de Fujimori en el 2011 y otros 450 mil dólares para la campaña del 2016. El dinero, fue entregado en efectivo, sin que, según parece, se le moviera la ceja a ningún oficial de cumplimiento de Credicorp.
La Confiep también contribuyó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. El gremio desembolsó 2 millones 77 mil 500 dólares para una campaña presentada como de ‘promoción de la inversión privada’. La información, revelada inicialmente por Jorge Barata en febrero de 2018, fue admitida con renuencia primero y confesada después por el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, ante el Equipo Especial de la Fiscalía el 5 de junio del 2018.
Vito Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria, donó por lo bajo otros 200 mil dólares al partido de Keiko Fujimori en 2011.
El 10 de diciembre del 2019, un testigo clave, Jorge Yoshiyama Sasaki, confesó al Equipo Especial de la Fiscalía aportes clandestinos de empresas del “Club de la Construcción” a Fuerza Popular. De acuerdo con esta versión, a inicios del 2016 Keiko Fujimori le solicitó a Yoshiyama reunir a un grupo de empresarios de construcción para instarlos a hacer una donación. Yoshiyama, a través del empresario Federico Aramayo Málaga, logró contactar a cuatro: Manuel Tejeda Moscoso (Obrainsa), Ricardo Manrique Daemisch (Superconcreto), Fernando Castillo (ICCGSA) y Jorge Peñaranda (Alpha Consult).
Todos ellos, ahora involucrados en la trama de corrupción del “Club de la Construcción”, admitieron haber entregado 10 mil dólares cada uno a la campaña del 2016.
Yoshiyama reveló otras donaciones caleta. Según dijo, desde el 2011 Aramayo Málaga y antes su fallecido padre, Federico Aramayo Pinazo, contactaron a un grupo de empresarios para que donaran dinero con regularidad a Keiko Fujimori.
Entre el 2013 y finales del 2015, el grupo aportó mil soles mensuales por persona. A partir de esa fecha, la colaboración se elevó a mil dólares al mes hasta un mes antes de las elecciones presidenciales de abril del 2016. Yoshiyama calculó que el aporte total de ese grupo bordeó los 400 mil soles.
Parte de los empresarios que, según la versión de Yoshiyama, integraron el grupo fueron: Federico Aramayo (Aramsa Contratistas), Julián Siucho (San Martín Contratistas Generales); Carlos Urrea (Explomin de Perú); Bernardo Álvarez Calderón (Analítica Mineral Services); el excongresista Miguel Castro Grandez, José Sam y José Antonio Osterling. Los dos primeros pertenecen al ‘Club de la Construcción’.
En el 2011, Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) también recibió una donación clandestina comparativamente menor pero por lo menos interesante. Los 15 mil dólares que entregó el empresario Luis Calle Quiros. En el 2013, Quiros y su esposa fueron incluidos en una lista de narcotraficantes elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Ambos fueron investigados por pertenecer a una red de lavado de dinero liderada por el colombiano Isaac Pérez Guberek Ravinovic. Keiko Fujimori negó conocer a Calle y prometió devolver el aporte en el 2013.
¿Cómo, según la acusación de la fiscalía, se lavó ese dinero recibido en forma clandestina?
Sobre todo, a través del ‘pitufeo’ del dinero. El cual, dado que se trató de millones, fue un proceso laborioso, que dejó huellas y llevó, finalmente, a confesiones.
Los testimonios confesionales de Rolando Reátegui y Jorge Yoshiyama fueron decisivos. En octubre de 2018, el entonces congresista Reátegui narró a los fiscales cómo procedió a “pitufear” el dinero de las donaciones a principios de 2011.
Tras varias reuniones con Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Reátegui recibió 100 mil dólares de los aportes clandestinos descritos arriba.
Reátegui hizo cuatro viajes a Tarapoto para distribuir el dinero entre 16 aportantes falsos, casi todos familiares, amigos y algunos empresarios. La lista incluyó a la esposa del excongresista, Marisol Valles Chong, quien figuró con un aporte de 10 mil dólares al partido de Keiko Fujimori.
La confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, que se acogió a la colaboración eficaz tras una orden de prisión preventiva en su contra en octubre del 2018, fue detallada. Luego de admitir haber participado en la operación de lavado basada en reclutar falsos aportantes y ‘pitufear’ el dinero para ocultar su procedencia, Yoshiyama Sasaki confesó haber recibido dinero en efectivo de su tío Jaime Yoshiyama entre marzo y junio del 2011, para pitufearlo. Parte del dinero que pitufeó, según ha declarado, fue de Odebrecht y Keiko Fujimori tuvo pleno conocimiento de ello.
Y así, 1 millón 179 mil dólares fueron distribuidos entre 38 falsos aportantes (36 personas y dos empresas). Un primer grupo estaba compuesto por personas que él mismo reclutó. El segundo grupo fue reclutado por el empresario Giancarlo Bertini Vivanco, quien actualmente se encuentra en Italia con un pedido de extradición. El tercer grupo, finalmente, fue reclutado por Erick Matto Monge, empresario vinculado al fujimorismo, dedicado a la producción de libros escolares.
Yoshiyama también reconoció haber recibido más de 325 mil dólares y 37 mil soles para la campaña de 2016. En este caso, el dinero fue distribuido entre él, otras 20 personas y la empresa LVF Liberty Institute para un industrioso pitufeo.
Estos son, en apretado resumen, algunos de los elementos de la acusación fiscal presentada por el fiscal José Domingo Pérez el 11 de marzo pasado. Su nivel de precisión en el detalle, respaldado en las confesiones documentadas de varios colaboradores eficaces cuyas declaraciones se corroboran entre sí, le confiere una gran fuerza acusatoria, cuyo futuro se dilucidará, empero, en la elección presidencial antes que en las salas de juzgado.
Esta es la historia que nos toca vivir.
