Mientras Luis Nava Guibert fue secretario general del presidente Alan García, de 2006 a 2011, el estudio de abogados de sus hijos adquirió una gran popularidad en el medio financiero nacional.
Aunque apenas tenía tres años de existencia cuando empezó el segundo gobierno aprista, Nava & Huesa Abogados se hizo de una cartera de clientes que incluyó a tres de los bancos más importantes del país: el Banco de Crédito, del Grupo Romero; el Banco Interbank, del Grupo Internacional del Perú, que dirige Carlos Rodríguez Pastor; y el BBVA Continental, en donde el Grupo Breca tiene alrededor del 50% de la acciones.
Todos estos patrocinados mejoraron significativamente sus negocios con el Estado durante ese período.
El caso más resaltante fue el del Banco de Crédito. Entre el 2007 y el 2011, el bufete Nava & Huesa recibió un millón 13 mil 599 soles como pago por sus servicios jurídicos al BCP.
Luis Nava Mendiola, jefe del estudio Nava & Huesa tiene una explicación:
“[Les hicimos ]Cobranza de créditos. Todo lo que te digo, te puedo enseñar el paquete de juicios. El banco solo nos paga por cobranza efectiva. Si nosotros no llegamos a cobrarle al cliente, no nos pagan nada”, dijo Nava.
Mientras Nava, según dice, efectivizaba las cobranzas, los ingresos del BCP por contratos con el Estado crecieron en comparación con el gobierno anterior. Durante el mandato del presidente Alejandro Toledo el BCP se adjudicó 46 millones 563 mil 680 soles en contrataciones con el Estado; pero en el segundo gobierno de Alan García el ingreso por el mismo concepto fue de 1402 millones 511 mil 852 soles. Es decir, 30 veces más.
Otro banco que tuvo suerte en este periodo fue Interbank, que contrató los servicios legales de los hijos de Nava Guibert, de manera esporádica, en los años 2007, 2008 y 2011. Según el representante del bufete, fue para servicios de asesoría en casos muy concretos.“[Ellos nos han encargado] cuatro o cinco juicios. Algunos han acabado y otros continúan en giro”, dijo Nava Mendiola a IDL-R, aunque no entró en detalles sobre los casos que tuvo a su cargo ni ante qué instancias ejerció la defensa del banco. Por esos patrocinios, el estudio cobró 76 mil 974 soles, según declaró a la Sunat.
En esa misma época, entre el 2006 y el 2011, Interbank duplicó sus ingresos en contratos con el Estado en comparación al periodo anterior de Gobierno. Según los registros del MEF, si bajo el gobierno de Perú Posible este banco tuvo ingresos por 207 millones 13 mil 985 soles, sus negocios en el periodo aprista alcanzaron los 446 millones 862 mil 947 soles.
Este fenómeno de prosperidad para los clientes de Nava & Huesa Abogados se repitió en el caso del BBVA Continental, del que el Grupo Breca es accionista. El banco contrató a este estudio en el periodo 2007-2008 por un monto de 39 mil 789 soles. El vínculo se remontaba al 2004, a propósito de un caso específico, pero se había interrumpido cuando el estudio lo abandonó poco tiempo después por no considerarlo rentable. No fue sino hasta el nuevo gobierno que la relación se reinició con mayor impulso: la entidad financiera le encargó su representación en al menos cinco casos judiciales.
Con este servicio, Nava & Huesa Abogados “pasó a ser uno de los 58 estudios de abogados con los que, en ese momento, contaba nuestra área de Servicios Jurídicos a nivel nacional”, de acuerdo a una comunicación remitida por el banco a IDL-R. Esta información coincide con las declaraciones de Luis Nava Mendiola.
«El vínculo de la familia Nava con el BBVA Continental tuvo un eslabón: la plana ejecutiva del banco incluía a Carlos Emilio Nava, hermano del entonces secretario de la Presidencia de la República».
En cualquier caso, el BBVA tuvo la misma próspera suerte que su competencia. Si durante el gobierno precedente había recibido apenas 19 millones 587 mil 951 soles en contratos con el Estado, a partir del 2006 y a lo largo del gobierno aprista contrató por 563 millones 865 mil 528 soles. Es decir, el monto se multiplicó 28 veces.
El vínculo de la familia Nava con el BBVA Continental tuvo un eslabón: la plana ejecutiva del banco incluía a Carlos Emilio Nava, hermano del entonces secretario de la Presidencia de la República, y uno de los fundadores de Transportes Don Reyna, la empresa familiar que recibió un leasing de este mismo banco para la citada compra de los volquetes a Odebrecht.
El estudio de los Nava patrocinó además a otras tres compañías del Grupo Breca: la minera Minsur, para la que hizo una asesoría legal en el 2009 y una auditoría laboral en el 2011, por las que cobró un total de 70 mil 457 soles; la aseguradora Rímac Internacional Seguros y Reaseguros, que le encargó su representación en varios procesos legales y administrativos mediante otros dos contratos, y de la que recibió un millón 38 mil 599 soles; y la pesquera Tecnológica de Alimentos (TASA), que entre agosto del 2006 y abril del 2011 solicitó diversos servicios legales, y de la que recibió pagos por 117 mil 310 dólares (340 mil 199 soles, al tipo de cambio de hoy, que es de 2,9). En total, las tres compañías pagaron un millón 449 mil 255 soles.
Las dos primeras compañías, clientes del estudio, tenían relación con el Estado en la época en que Luis Nava Guibert era secretario general del presidente de la República: Minsur obtuvo 49 concesiones mineras durante el segundo gobierno aprista; mientras que, en ese mismo lapso, la aseguradora se adjudicó contratos con el sector público por un monto de 436 millones 665 mil 809 soles, según los registros del MEF.
La pesquera TASA tuvo una situación particular: de acuerdo a una investigación periodística de IDL-R, publicada en el 2011, esta compañía estuvo involucrada –junto con otras pesqueras- en la ‘pesca negra’ de anchoveta, un mecanismo por el que las empresas más poderosas del sector declaraban menos cantidad de pescado de la que realmente habían capturado. Las altísimas diferencias generaron un perjuicio de 100 millones de dólares en ingresos no declarados al Estado. (Ver: “Cómo se esfuman $100 millones en pescado”)
Además de TASA, el estudio patrocinó a otras cinco compañías pesqueras: Pesquera Industrial el Ángel, Pacific Deep Frozen S.A., Langostinera Caleta Dorada S.A.C., Pesquera Bahía S.A.C., y Manufactura de Alimentos. Por esas asesorías legales, el estudio cobró más de doscientos mil soles.
Singularmente, en mayo del 2011, dos meses antes de que finalizara el segundo gobierno aprista, Luis Nava Guibert fue designado ministro de la Producción, precisamente la cartera encargada de regular el sector pesquero. Gracias a ese nombramiento, el ex secretario general del Presidente goza del derecho al antejuicio político, una suerte de inmunidad que lo protege durante cinco años.
IDL-R intentó entrevistar a Nava Guibert, pero este mandó decir a través de la asistente de gerencia del estudio Nava & Huesa Abogados, Zoila Isasi, que no concedería la entrevista porque “él no tiene nada que ver con el estudio hace mucho tiempo y con Don Reyna tampoco”.
(*) Los cálculos comparativos hechos por IDL-R sobre los montos adjudicados a las compañías en contratos con el Estado durante los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, han sido elaborados en base a información del portal de proveedores del Estado, del ministerio de Economía y Finanzas. Como los registros son anuales, IDL-R ha incluído lo adjudicado en el 2006 para ambas gestiones de gobierno.