El oficial en retiro de la Armada Peruana, Augusto Gabilondo García del Barco, 67, fue detenido por la policía española en el balneario de Fuengirola, Málaga (España), el 5 de agosto pasado, acusado de la desaparición forzada el 2 de agosto de 1984 de Benito Baldeón Ninahuanca, un miembro de la Oficina de Reclutamiento de Huanta, Ayacucho. El Poder Judicial español le impuso libertad provisional, sin fianza, a las pocas horas de capturarlo. Le retuvo el pasaporte, le prohibió salir del país y dictó la obligación de presentarse ante el juzgado más cercano a su domicilio cada 15 días (Gabilondo vive hoy en Málaga). Ese régimen sigue vigente, según fuentes oficiales peruanas que solicitaron reserva.

No obstante, el 23 de octubre pasado –a 80 días de la captura– venció el plazo para que el Perú formalice la demanda de extradición contra Gabilondo. El Estado peruano aún no envía los cuadernos de extradición a España. Caducado el plazo, según el tratado de extradición entre Perú y España, la persona detenida recobra su libertad. En el Caso Gabilondo, esta es una situación que aún no ha ocurrido.
Gabilondo, con el grado de teniente primero, fue el jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta desde mediados de junio hasta mediados de agosto de 1984; solo dos meses, pero uno de los periodos más cruentos e innobles de la larga y penosa lucha contra Sendero Luminoso. El jefe del destacamento de la Marina de Guerra en Huanta y superior jerárquico de Gabilondo era el tristemente célebre capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén, cuyo apelativo de guerra era ‘comandante Camión’; el de Gabilondo, ‘Barrabás’.
La Infantería de Marina había sentado su base antisubversiva en el estadio municipal de Huanta, que fue escenario de torturas, asesinatos y desapariciones.
Dos juicios contra el mismo hombre
En diciembre del 2021, Gabilondo fue condenado por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, presidida por Miluska Cano, a 15 años de prisión por la desaparición forzada en 1984 de Benito Baldeón, de la Oficina de Reclutamiento de Huanta. Gabilondo no acudió a la lectura de sentencia y desde entonces se hallaba prófugo.
Desde abril último, además, la misma Sala que preside Cano conduce el juicio oral por el Caso Huanta: la desaparición forzada de 45 personas y el homicidio de otras 17, ese mismo año de 1984, un proceso en el que Gabilondo es uno de los principales imputados.

Plazos perentorios
En cuanto se supo de la captura de Gabilondo, la Sala solicitó a España prisión provisoria con fines de extradición para el inculpado en tres oportunidades, entre el 9 de agosto y el 7 de septiembre pasados, por el Caso Baldeón y el Caso Huanta. Y ordenó formar los cuadernillos de extradición por ambos casos.
El 3 de noviembre, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fisc|alía de la Nación –la encargada de gestionar los procesos de extradición– señaló a IDL-R que la Sala que preside Cano todavía no había enviado los cuadernos de extradición a la Corte Suprema, que es la responsable de redactar un informe y remitirlo al Consejo de Ministros, para que este promulgue la Resolución Suprema solicitando formalmente la extradición a España.
Al día siguiente, IDL-R pudo comunicarse con la jueza Cano para indagar sobre esta situación. La magistrada, según indicó con indignación, no estaba al tanto. De acuerdo con su versión, la Relatoría de su Sala debió enviar los cuadernos a la Corte Suprema. Esa misma tarde, Cano aseguró a IDL-R haber remitido el cuaderno de extradición del Caso Baldeón.

Noche de cuchillos largos
Si bien el caso de la desaparición forzada de Baldeón es distinto del Caso Huanta, ambos son crímenes de una misma y larga noche de cuchillos largos.
En la noche del 1 de agosto, una patrulla militar asesinó a seis evangelistas en la comunidad de Callqui, entre ellos, dos menores de edad, y otra patrulla fue en busca del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, quien no fue capturado ese día. Cuando al día siguiente fue a preguntar por qué se lo buscaba a la base, ingresó y jamás volvió a salir. Los testimonios de la CVR indican que fue torturado y asesinado en el lugar. La madrugada del 2 de agosto, Baldeón fue detenido en su domicilio en Huanta por infantes de la Marina.
Según consta en la sentencia contra Gabilondo (expediente 45-2014), en el juicio por la desaparición forzada de Baldeón, el exmilitar esgrimió en su defensa que él “no estuvo presente en la Base […] el 2 de agosto de 1984”, pues había sido herido en un enfrentamiento con Sendero Luminoso y trasladado a Huamanga, donde presuntamente se lo atendió. Aunque esta versión fue repetida en la Corte por un médico, ni Gabilondo ni el especialista presentaron documentos que probaran el atentado terrorista y la posterior atención médica.
Por el Caso Baldeón, Gabilondo fue hallado culpable por el Poder Judicial en diciembre del 2021, entre otros motivos, porque “las patrullas no salían sin su orden; en su nivel, su orden comprendía la comunicación del objetivo y misión a la patrulla”, según dicta la sentencia.
Coartada desbaratada
En lo que respecta al Caso Huanta, el testimonio del teniente segundo AP Luis Alberto Celis Checa, jefe de la patrulla de la Marina que incursionó en la comunidad de Callqui el mismo día en que Gabilondo presuntamente se encontraba en descanso médico, desbarató la coartada del exmilitar. Celis aseguró haber recibido “la orden verbal del teniente primero Augusto Gabilondo a las veinte cero cero horas aproximadamente, para proceder al Caserío de Callqui en el cual se estaba efectuando una Asamblea Popular de Sendero Luminoso”, agregando que “al término del Patrullaje yo reporté, personal y material sin novedad al Jefe de la Base Antisubversiva de Huanta” (expediente 45-2014).
El 22 de agosto de 1984 —pocos días después del asesinato de los comuneros de Callqui y de la desaparición forzada de Baldeón y Ayala–, el descubrimiento de 50 cadáveres en cuatro fosas comunes en Pucayacu –a la altura del kilómetro 56 de la carretera Huanta-Huancayo–, puso al descubierto la magnitud de los crímenes cometidos por los infantes de Marina dirigidos por el ‘comandante Camión’.
Tarea pendiente
El proceso judicial contra Gabilondo, por ambos casos (Baldeón y Huanta), tiene tres desafíos por delante. El primero es conseguir formar también el cuaderno de extradición por el Caso Huanta, que involucra a un total de 62 víctimas, porque según el tratado de extradición Perú-España, una persona que ha sido entregada a un Estado que la reclama solo puede ser juzgada, condenada o sometida a una restricción de su libertad personal por los hechos que justificaron su extradición. Si no se forma el segundo cuaderno, Gabilondo no podrá ser juzgado por el Caso Huanta.
El segundo desafío es lograr que los dos cuadernos no se entrampen en cualquiera de las instancias superiores: la Corte Suprema o el Ministerio de Justicia. El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, recuerda que, en 2009, el exinfante de Marina José Spencer Guido Dávalos, inculpado por el asesinato de Indalecio Pomatanta, 17, en Ucayali, fue también detenido en España. En aquella oportunidad, el cuaderno de extradición se entrampó en el Ministerio de Justicia. Guido Dávalos aún permanece prófugo.
El tercer reto es conseguir que, pese al plazo vencido, España siga reteniendo a Gabilondo para que este no vuelva a fugarse.