Actualización informativa. 08-04-11, 11:45 a.m.
Cuando en noviembre de 2010 arreciaban las protestas en contra del proyecto minero Tía María en Arequipa, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió lanzar su propio “dato disparador”: un equipo de expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) asesorará en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del polémico proyecto de Southern Perú Cooper Corporation.
La revisión, dijo Sánchez el 23 de noviembre, formaba parte de un convenio suscrito con UNOPS que permitiría mejorar “los procedimientos ambientales para llevarlos a un mejor nivel de excelencia”. Con la presión social y varios heridos a cuestas, el acuerdo ayudó a extinguir, por lo menos temporalmente, la intensa protesta.
Ese mismo día, el ministro suscribió un “memorándum de acuerdo”, de cinco páginas y tres apéndices, y Rebeca Arias hizo lo propio como representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el primer apéndice del documento, al que tuvo acceso IDL-Reporteros, se señala que se contratará los servicios de UNOPS para 1) “la revisión de un paquete anual de Estudios Ambientales (EAs)* complejos, con la producción de recomendaciones y observaciones técnicas dirigidas al Minem”, 2) el “establecimiento de un sistema estandarizado de revisión interdisciplinaria y paralela de los EAs, que incluye: procedimientos, protocolos, manuales, un módulo de gerencia completamente informatizado”.
El pago a UNOPS ascendía a 6 millones de dólares por la revisión de 100 EAs del sector minero y energético a lo largo de un año y la implementación del sistema.
En ninguna parte del convenio aparece que UNOPS revisaría el EIA de Tía María, tal como anunció el ministro. IDL-Reporteros insistió en comunicarse con Sánchez pero su asesora de prensa, Tatiana Berger, derivó la entrevista al director de asuntos ambientales mineros, Felipe Ramírez.
“Antes de la firma del convenio se planteó la necesidad de ver Tía María, si no no estaría mencionado en el convenio. Cuando el ministro lo anuncia es porque ya estaba acordado (con UNOPS)”, insistió Ramírez. ¿Cuántos días antes de la firma del convenio?, replicó IDL-Reporteros. “Más o menos unos seis a siete días antes”.
IDL-Reporteros se comunicó con el asesor técnico principal del proyecto de UNOPS, el argentino Alejandro Rossi, y éste respondió: “En el inicio del convenio no estaba previsto el análisis de este caso (Tía María) y en una de las misiones de implementación se solicitó que se revisara (…) El convenio no tiene referencia a casos concretos”. ¿Cuándo les pidieron que revisaran el EIA de Tía María?, preguntó IDL-R. “Posterior a la firma del convenio por razones de urgencia (…). Antes no se sabía nada, digamos que fue concomitante [sic]”.
Una semana después de suscribirse el convenio, el 1 de diciembre, el Minem publicó la resolución directoral N° 398-2010/ MEM/AAM, suscrita por el propio Ramírez, mediante la cual se encargaba a UNOPS a revisar el EIA de Tía María.
Los funcionarios de este organismo internacional se incomodaron por la decisión “concomitante” ya que lo acordado fue establecer primero la metodología para revisar los EIAs y recién en marzo comenzar a trabajar cada caso. Pese a ello, UNOPS terminó acomodándose al anuncio improvisado y se metió de lleno al proyecto Tía María.
La cancelación
Cuando UNOPS ya se encontraba en la revisión final del estudio de Southern y en medio del conflicto latente en el sur, súbitamente el 3 de marzo, en una reunión encabezada por Felipe Ramírez, los funcionarios del Minem anunciaron a su contratante la suspensión del convenio aduciendo que el 28 de diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una norma que no le permitía al sector disponer de los saldos no gastados durante 2010, recursos de los que se pensaba disponer para cumplir con el convenio. Hasta el cierre de esta edición IDL-Reporteros buscó la versión del MEF, pero no hubo respuesta.
En la mencionada reunión, Ramírez también señaló que el 60% de los recursos del presupuesto 2011 asignados al Minem ya estaban comprometidos y que había varias prioridades desatendidas. Fuentes consultadas por IDL-Reporteros confirmaron que el 6 de diciembre, el ministerio ya había efectuado un primer depósito de un millón de dólares a UNOPS y el 31 de enero, en la segunda reunión del equipo y un mes después de la norma emitida por el MEF, Energía y Minas ratificó que haría el depósito de los otros 5 millones de dólares restantes el 15 de febrero y no habló de restricciones presupuestales.
Con esa garantía, UNOPS hizo una convocatoria internacional para contratar a los profesionales que participarían en el proyecto a la que postularon unos 700 candidatos. Como primer paso se eligió a los 14 técnicos peruanos que integrarían el equipo permanente y operarían en una oficina en San Isidro, cerca del Minem. Los especialistas reclutados ya habían renunciado a sus trabajos para trabajar en el proyecto, la oficina había sido alquilada por un año y los equipos para instalar la oficina también estaban comprados al momento del anuncio de la cancelación.
Sólo estaba pendiente anunciar la lista de unos 80 consultores internacionales seleccionados, lo cual fue cancelado tras oficializarse la suspensión en una carta del 7 de marzo de 2011 firmado por el secretario general del Minem, Jorge Herboso. En el documento dirigido a la representante de PNUD en el Perú, Rebeca Arias, se señala que “por encargo del señor Ministro de Energía y Minas”, no se podrá continuar con el acuerdo debido a las restricciones del MEF.
Desde entonces, el ministro Sánchez no ha accedido a reunirse con la alta dirección de UNOPS.
Muy diferente a su actitud unos meses atrás, cuando se reunió el 24 de junio de 2010 con la representante regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, María Noel Vaeza, para solicitarle que lo ayudara a agilizar la revisión de los estudios ambientales.
No era para menos: entre 1993 y junio de 2010 habían ingresado 3,966 EAs a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), de los cuales fueron aprobados 2, 259 y se quedaron pendientes de revisión 378 proyectos, de acuerdo a un diagnóstico realizado por UNOPS que aparece en la descripción de la asistencia técnica que brindaría.
Los empresarios mineros le habían exigido al ministro Sánchez que agilizara los procesos ya que se estaban tardando entre cinco y seis veces más del plazo de 90 días que establecía el reglamento de protección ambiental para actividades mineras.
Se suponía que la revisión del EIA de Tía María en dos meses y medio ayudaría a desentrampar el conflicto, pero el estudio, en cambio, resultó ser altamente crítico. En medio de las relaciones ya desgastadas entre las dos instituciones, UNOPS entregó al Minem su informe con 138 observaciones al EIA de Southern Perú la tarde del miércoles 16 de marzo, vía correo y mesa de partes.
Entre los hallazgos figuraban por lo menos tres de gravedad: 1) el EIA no contaba con estudio hidrogeológico (de agua y suelo) pese a ser clave para detectar los impactos de la actividad minera, 2) el agua utilizada para el proceso no provendría de las aguas del mar como se había prometido sino de un estero, un lugar donde desemboca el río y se mezcla con el agua de mar y que resulta muy sensible por las diversas especies que contiene y su poca profundidad. Un punto adicional es que en el EIA se deslizaba la posibilidad de que Southerm no sólo explotara cobre sino también oro sin hacer referencia al procesamiento para su extracción que resulta fundamental debido a que este metal necesita del peligroso mercurio para ser procesado.
Curiosamente, luego de cancelar el convenio, el Minem se rehusaba a recibir este documento de revisión de UNOPS aduciendo que era mejor presentarlo a fines de marzo. En medio de la tensión, el informe fue filtrado pocas horas más tarde del miércoles 16 al e-mail de un dirigente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, organización que ese mismo día retomó las protestas y encontró respaldo técnico a sus reclamos en el análisis de UNOPS.
¿Cuáles fueron las verdaderas razones de la cancelación del contrato de UNOPS? El ministro Sánchez no ha querido responder. Sólo Felipe Ramírez insistió en la tesis de las “restricciones presupuestales”, que la congestión de los casi 400 estudios ambientales congelados a junio de 2010 ya fue reducida y hoy sólo hay 200 expedientes entrampados, y que hay “razones electorales” que han entorpecido el diálogo con los dirigentes del Frente de Defensa del Valle del Tambo por lo que es mejor que el caso se vea en el próximo gobierno.
El vicepresidente del Frente, Jaime de la Cruz, señaló a IDL-Reporteros que no levantarán la huelga indefinida hasta que se retire la concesión a Southern. Hoy miércoles 30 las protestas se trasladaron a la ciudad de Arequipa en rechazo al planteamiento del Minem de suspender el proyecto por 90 días.
* Los EAs abarcan diversos instrumentos de gestión ambiental como los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) detallados y semidetallados, los Programas de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), las Declaraciones de Impacto Ambiental (DÍA), entre otros. UNOPS se iba a concentrar fundamentalmente en los EIAs de las grandes empresas.
Actualización informativa. 08-04-11, 11:30 a.m.
Muertos, heridos y gastos que no se priorizan
El registro de víctimas por las protestas de Arequipa continúa. Hasta horas de la noche, se identificaron tres muertos y 44 heridos, informó a IDL-Reporteros la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. Hoy viernes al mediodía se dará cuenta del nuevo número de víctimas y se confirmará si en efecto hay a un cuarto poblador muerto.
La tercera víctima registrada en horas de la tarde de ayer fue Néstor Cerezo Patana de 30 años, quien murió por herida de bala en el hospital Honorio Delgado de la capital de esta región como resultado de un enfrentamiento entre efectivos policiales y manifestantes opositores al proyecto minero Tía María.
Antes ya se había reportado las muertes de Aurelio Huarcapuna Clemente de 50 años y Andrés Taipe Chuquipuma de apenas 22 años de edad. La Defensoría señaló que hay varios heridos de bala y que el Ministerio Público ha iniciado la investigación para hallar a los responsables.
Mediante una carta, el Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, le solicitó ayer a la Presidenta del Consejo de Ministros, María del Rosario Fernández, que envíe una Comisión de Alto Nivel, integrada por Ministros de Estado, para poner fin a este conflicto y evitar más muertes.
El responsable del área de conflictos sociales, Rolando Luque, confirmó a IDL-Reporteros que esta mañana se reunirán en Lima con la Presidencia del Consejo de Ministros, los dirigentes del Frente de Defensa del Tambo, los alcaldes involucrados en el conflicto y representantes de la Defensoría. Se espera tener novedades de la reunión en horas de la tarde.
Mientras estas gestiones se concretan, Luque informó que los manifestantes y los policías se encuentran inmovilizados tras los violentos sucesos de ayer jueves. Luque pidió que se investigue quién dio la orden para que los efectivos policiales intervinieran cuando se estaba intentando llegar a un acuerdo con los dirigentes luego de un proceso de negociaciones iniciado el martes.
Los opositores de Tía María exigen que el gobierno priorice la actividad agrícola que realizan y suspenda la concesión a la empresa minera Southern Perú Corporation, pero el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sólo ha respondido con la suspensión, por 180 días, de la revisión del EIA del proyecto.
El Convenio y el MEF
Los reclamos de los manifestantes encontraron sustento técnico en las 138 observaciones al EIA de Tía María que realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El trabajo de UNOPS se realizó por una decisión de última hora del Minem que en noviembre suscribió un convenio con esta institución para revisar cien estudios ambientales y elaborar un sistema de revisión. Al cancelar el contrato con UNOPS, el Minem adujo “restricciones presupuestales” impuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
IDL Reporteros conversó con Rodolfo Peña, director del área de programación del MEF, quien informó que el gobierno tomó la decisión de restringir el gasto público en 2011 como una medida para evitar la inflación pero que dependía de cada ministerio priorizar el gasto.
“Nadie le dice al Minem en qué tiene que gastar, los ministerios saben cómo lo hacen (…) esa es una decisión institucional y tendrán qué decir por qué deciden pasar algunas cosas a segundo plano”, señaló Peña.
El funcionario informó además que si se generó una obligación en 2010, como sucedió con el convenio, se tenía que privilegiar el gasto de ese año, “no te queda otra cosa y eso implica que dejes de gastar en algo nuevo”.
