El equipo especial anticorrupción de la Fiscalía para el caso Lava Jato amplió la investigación sobre los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado contra 24 personas, entre las que figuran 19 árbitros, dos exfuncionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tres exejecutivos de la constructora brasileña.
La investigación, que está dirigida por el fiscal anticorrupción Marcial Paucar, empezó en setiembre de 2017 y estuvo focalizada inicialmente en el abogado Horacio Cánepa, que votó a favor de la empresa en 16 de los 19 arbitrajes en los que participó. Sus votos a favor de la constructora beneficiaron a esta con más de 500 millones de soles.
En esta nueva disposición, el fiscal Paucar estableció que “no solo estarían vinculados todos los árbitros que participaron como integrantes y presidentes de los diferentes Tribunales Arbitrales, sino también estarían vinculados funcionarios del Estado Peruano (del MTC) y además funcionarios de Odebrecht, quienes se habrían encargado de realizar coordinaciones previas, las acciones de concertación y la entrega de dinero ilegal, tanto a los árbitros como a los funcionarios del MTC, para que los consorcios o concesionarios de Odebrecht sean beneficiados con los laudos arbitrales por grandes y cuantiosas sumas de dinero, en dólares”.
Dentro de la relación de árbitros figuran algunos de los que fallaron el mayor número de veces a favor de la constructora: Luis Pardo Narváez, Randol Campos Flores y Richard Martín Tirado. También está Humberto Abanto Verástegui, árbitro nombrado por la compañía para dirimir una diferencia en el proyecto IIRSA Norte; y que ahora defiende a Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, en la investigación fiscal por los aportes que hizo Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
El fiscal Paucar incluyó en el caso al exprocurador del ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime Valés Carrillo, y al exdirector de Concesiones de ese portafolio, Celso Gamarra Roig. “En su condición de funcionarios del MTC, habrían aceptado y recibido dinero (donativo) para, en el caso del primero, no impugnar o presentar nulidades a los laudos favorables a Odebrecht”; y en el caso del segundo “para no interponer ningún recurso judicial contra los laudos favorables a Odebrecht y además dar instrucciones” a los árbitros para que laudaran a favor de la constructora.
Los sobornos que ambos recibieron de Odebrecht fueron transferidos a sus cuentas bancarias personales para luego comprar bienes, según la tesis del fiscal.
La investigación incluye además a los exejecutivos de Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Trindade Serra, y al exdirector de contratos de IIRSA Norte, Ronny Loor Campoverde. Según el fiscal, ellos fueron los encargados de pactar las coimas con los árbitros y funcionarios del MTC. “El dinero provendría de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebrecht, cuyo origen era completamente ilícito o para el pago de sobornos o dádivas […]”, indica la disposición fiscal.
Según pudo conocer IDL-Reporteros, los tres exejecutivos de la constructora brasileña se acogieron a la delación premiada (o colaboración eficaz) en Brasil, que está en proceso de homologación. Todos ellos están dispuestos a colaborar con las investigaciones de la fiscalía peruana.
Confesiones
Según el testimonio del aspirante a colaborador eficaz Nº14-2017, citado en la disposición fiscal, los árbitros Horacio Cánepa y Fernando Cantuarias se reunieron con Ronny Loor y Celso Gamarra en el MTC, para coordinar un proceso arbitral relacionado al proyecto IIRSA Norte.
Durante el encuentro, que data de abril de 2012, Gamarra y Loor decidieron cuál iba a ser “la materia controvertida” y el monto que Odebrecht reclamaría: 28 millones 261 mil 946 dólares.
“Instruyeron a los árbitros” para que “emitan una decisión favorable a Odebrecht que previamente había sido acordada entre las partes. El arbitraje iba a ser el ropaje legal para cobrar al Estado el monto señalado y continuar con la obra”. En contrapartida, los abogados cobrarían honorarios “superiores a las tablas de los centros arbitrales”. Cuando el proceso arbitral resultó favorable a Odebrecht, el MTC pagó inmediatamente y no presentó ninguna acción de impugnación.
Ese mismo año, para los arbitrajes de IIRSA Sur – Tramos 2 y 3, Cánepa sostuvo varias reuniones con Ronny Loor, quien le ofreció “el 1% del monto total de los 13 arbitrajes bajo dos premisas, la primera que el 1% sea del monto bruto sin incluir IGV, la segunda que hayan sido pagadas por el MTC”. A cambio, Cánepa debía realizar “su mayor esfuerzo” para que Odebrecht gane esos arbitrajes. Le dijo, además, que si había un árbitro que no quisiera fallar a favor de la constructora, le avisara para darle “un incentivo”.
De los 13 laudos arbitrales, 10 resultaron favorables a Odebrecht.
Entre octubre y noviembre de 2012, Loor llamó por teléfono a Cánepa para reunirse en las oficinas de Odebrecht. “Allí le mencionó que el MTC le había pagado los primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través de la BPA de Andorra, y allí le presentó al funcionario Francisco Xavier Pérez, quien le gestionó la apertura de una cuenta bancaria en dicha entidad”.
En total, Odebrecht le transfirió a Cánepa 1,4 millones de dólares a través de la offshore Maxcrane Finance SA.
Poco tiempo después, en abril de 2013, el abogado Randol Campos, designado como árbitro por el MTC en un proceso, dio un voto en minoría contra Odebrecht. Loor llamó a Cánepa para indicarle que en lo sucesivo viera que “no salga ningún laudo por mayoría sino por unanimidad”. “Cánepa buscó a Randol Campos Flores a fin de proponerle el pago de dinero a cambio de favorecer a Odebrecht en los proceso que tenía a su cargo”, indicó el colaborador.
Según esta versión, Campos recibió tres pagos, en efectivo, de 20 mil dólares. De la misma forma, fueron sobornados los árbitros Luis Pebe Romero (30 mil dólares) y Luis Pardo Narváez (20 mil dólares).
[Aquí puede descargar la disposición fiscal]
Lista completa
Si bien la investigación se circunscribe a personas relacionadas a 24 arbitrajes sobre controversias en los proyectos IIRSA Sur tramos 2 y 3, IIRSA Norte, Sistema de Agua Potable Chimbote y la Carretera Callejón de Huaylas Chacas – San Luis; IDL-Reporteros publica a continuación la relación de 42 arbitrajes entre Odebrecht y distintas entidades del Estado, en los que intervinieron 40 árbitros.
De los 42 procesos, la empresa ganó 35 y logró cobrar 254 millones 656 mil dólares.
Más de la mitad de los arbitrajes que perdió el Estado tuvieron como fundamentación deficiencias en las bases (contratos, modificaciones al contrato y expedientes técnicos) de los proyectos. De ese total, el 85% de ocasiones, fue la propia Odebrecht la responsable de realizar el expediente técnico o el proyecto de ingeniería de detalle del proyecto. Es decir, Odebrecht logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecto defectuoso hecho por esta y luego lo demandó para que le pague por esas fallas.[Ver: Tras cuernos, palos]
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).
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— IDL-Reporteros (@IDL_R) 3 de mayo de 2018