En Juliaca nadie ignoraba –por lo menos desde uno o dos días antes– que la manifestación del 9 de enero iba a ser intensa y, de seguro, violenta. Desde varias provincias puneñas cercanas, confluyeron miles de manifestantes hacia la ciudad, para lo que previeron fuera una jornada decisiva de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
La realidad fue peor que las predicciones más pesimistas. La jornada del 9 de enero fue de desatada violencia y gran agresividad, desde el comienzo hasta el final. Los escenarios de enfrentamiento variaron con las horas, pero la violencia se mantuvo alta, desenfrenada y letal.
Antes de la medianoche, 19 personas habían perdido la vida por bala, perdigón o piedra. 18 civiles y un policía. Todos los civiles fueron muertos por disparos de la Policía. La muerte del decimonoveno, el suboficial PNP José Soncco dista de estar esclarecida, pese a que se haya capturado a los presuntos perpetradores del asesinato.
Frente a disturbios que las autoridades deban (o busquen) controlar por la fuerza, un cierto saldo traumático resulta, con frecuencia, inevitable. Pero, cuando hay muertos como resultado de esas acciones, se puede asumir que las cosas se salieron de control. Y si los muertos suman 19 personas dentro de un radio urbano de extensión limitada y sin que haya habido tiroteos bilaterales, una investigación a fondo de lo que sucedió resulta imperativa.
Es lo que hizo IDL-Reporteros durante varias semanas. A partir del análisis, la organización y compilación de vídeos, fotos, documentos, mapas y testimonios, IDL-R pudo reconstruir cómo se desarrollaron las protestas aquel 9 de enero, primero en el aeropuerto y luego en el centro de la ciudad; así como los sucesos claves relacionados con el asesinato del suboficial PNP José Soncco.
Ahora, IDL-R publica información reveladora sobre 10 de las 19 muertes. Con el material obtenido por peticiones de acceso a la información pública, entrevistas e investigación en el lugar de los hechos, se pudo determinar la ubicación de las víctimas y de los policías al momento de los disparos fatales.
A continuación, el reportaje en vídeo:
Como se ve, de acuerdo con el análisis de cada una de las muertes, resulta evidente que –pese a la violencia de la manifestación, la lluvia de piedras que causó heridas o lesiones a cerca de 70 policías– ninguna de las víctimas civiles representaba un peligro inmediato o inminente para la vida o la integridad de los policías en el momento en que fueron abatidas.
Ningún protocolo mínimamente aceptable en una democracia, sobre el uso legítimo de fuerza letal, justificaría ninguna de esas muertes.
La investigación deja en claro de dónde provinieron los disparos que mataron a 18 personas aquel 9 de enero en Juliaca. Lo reiteran, además, las necropsias y las pericias balísticas —de 9 de los fallecidos—, que determinan que los proyectiles encontrados en los cuerpos son compatibles con munición de cartuchos para escopetas, para fusiles de calibre 7.62 mm. y para pistolas de calibre 9 mm. Precisamente, la clase de armas que utilizó la Policía ese día.
En el caso del asesinato del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, las dudas no resueltas y preguntas por responder siguen vigentes pese a la reciente captura de dos presuntos asesinos. Las versiones del jefe directo y del policía que acompañó a Soncco ese día, muestran inquietantes vacíos y serias inconsistencias.
Una resolución de la Fiscalía de la Nación del 31 de marzo ordenó la creación de un Equipo Especial para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en las recientes protestas. Ello significa que, con esta decisión, el expediente de Juliaca habrá pasado por las manos de 4 fiscales en menos de tres meses. Pese a esa inflación de fiscales, o gracias a ella, ninguna persona figura hasta ahora como investigada por las muertes.
