Contra lo que la mayoría de ciudadanos pudiera pensar, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no es un lugar particularmente aburrido.
Es el lugar donde se nombra y se destituye jueces y fiscales, desde el cuasi anónimo juez de paz letrado hasta cualquier juez o fiscal supremo. Es un lugar de creación y de ajusticiamiento en términos funcionales. Es explicable por eso que incluso en tiempos normales provoque íntimas ansiedades entre todo tipo de magistrados.
Pero últimamente, el escenario de suspenso no solo se ha intensificado sino literalmente se ha acelerado mucho.
El presidente del CNM, Pablo Talavera, un ex juez con mucha experiencia, ha adoptado la decisión de acelerar los casos más importantes de la usual modorra procesal a velocidades de vértigo.
Los escándalos fiscales y judiciales recientes, sobre todo los vinculados con la presunta complicidad con el crimen organizado en Ancash, incluida su huella de muertes, determinaron una decisión sin precedente en el CNM.
Juntar todos los casos más notorios, más importantes, con los acusados de mayor peso e investigarlos en el plazo perentorio de doce días.
Han leído bien: doce días.
A su término, las comisiones encargadas de la investigación deben presentar un informe que sirva para determinar si empieza un proceso formal de destitución, o no.
Son 68 casos en total los que deben ser investigados dentro de esos doce días. Más sumario en el Perú, muy difícil.
Entre los investigados de mayor peso dentro de ese grupo involuntariamente veloz, hay gente realmente importante:
El ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales; el ex presidente de la Corte Suprema, César San Martín; el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.
Los dos fiscales de la Nación, el ex y el actual, son investigados casi por los mismos casos: los relacionados con el crimen organizado en Ancash.
Son varias acusaciones graves que ambos niegan. Las investigaciones deben establecer, muy velozmente en este caso, si los cargos tienen mérito o no.
Lo que está en juego en el caso de Ramos Heredia es si permanece como Fiscal de la Nación o es destituido. Los otros también enfrentan disyuntivas considerables. Peláez puede ser destituido, cosa que sería particularmente desagradable para alguien que está a punto de jubilarse. San Martín puede ser también removido. Pero sin duda quien tiene más que perder es Ramos Heredia, que se encuentra en el punto máximo de una carrera que podría terminar abruptamente.
El consejero del CNM encargado de la investigación de casi todos los casos de Ramos Heredia es Gonzalo García Núñez. En las evaluaciones anteriores sobre fiscales de Ancash que han tenido protagonismo en la investigación del presunto crimen organizado vinculado con el gobierno regional, García Núñez votó a favor de los fiscales que intentaron investigar al poder regional y en contra del fiscal que obstaculizó las investigaciones.
Eso parece haber preocupado seriamente a Ramos Heredia.
Tanto así que su abogado acaba de presentar al CNM un recurso pidiendo la inhibición de García Núñez en el caso de su cliente.
¿La razón? Que el propio Fiscal de la Nación, Ramos Heredia, ha reabierto una investigación contra García Núñez, y que por ello éste perdería su imparcialidad.
La cosa viene así: si tú me investigas, yo te investigo y por lo menos te anulo como investigador.
En el Perú, parece, eso es posible. Por eso, el tinterillo figura en forma tan prominente en nuestra literatura.
De todos modos, aún en el surreal mundo judicial peruano, hay un problema con la contra-investigación.
La acusación por la que Ramos Heredia pide que se inhiba García Núñez, ya fue investigada y desestimada por su predecesor, Peláez Bardales y nada menos que en enero de este año. Peláez decretó el archivo definitivo de la denuncia (lo cual, en términos jurídicos, significa que ha sido desestimada totalmente).
Pero Ramos Heredia, que sabe lo del archivamiento, ha tratado de encontrar una salida.
La denuncia contra García Núñez, que fue archivada, provino de otro consejero, Vladimir Paz de la Barra, con quien García Núñez ha mantenido una larga enemistad, desde su ingreso conjunto al CNM. Son como Hatfield y McCoy de esa institución.
Estando desestimada la denuncia de Paz de la Barra (relacionada con la evaluación previa de un magistrado), Ramos Heredia encontró que otros dos consejeros se habían sumado a la acusación de aquel, adoptando sus términos y sin añadir nada propio.
Según Ramos Heredia, esa es una nueva investigación, pese a que su contenido es exactamente igual que la denuncia archivada.
«La cosa viene así: si tú me investigas, yo te investigo y por lo menos te anulo como investigador».
En términos lógicos, esa contra-denuncia, que busca apartar al investigador no debería tener mucho futuro. Pero la lógica aristotélica no es la herramienta principal de toma de decisiones en el ámbito fiscal y judicial peruanos.
Por lo pronto, el plazo de doce días sigue corriendo. Termina el 12 de septiembre.
Pese a la velocidad, entre la publicación de esta nota y el 12 de septiembre, van a pasar muchas cosas y muchos consejeros van a tener que tomar decisiones importantes.
¿Apoyará Paz de la Barra la maniobra desesperada de Ramos Heredia y votará por la inhibición de García Núñez, o tratará de establecer distancias para que no lo vinculen más con casos notorios de Ancash?
¿Cuál será la posición de Talavera, cuyo comportamiento funcional en el CNM ha tenido episodios que caritativamente se pueden describir como contradictorios y que lo han llevado últimamente a pasar días muy poco agradables para él?
Mejor no hagan apuestas, porque lo que está en juego no es juego.
