IDL-Reporteros reproduce el artículo publicado por la periodista Paola Ugaz en el diario ABC de España.

La Fiscalía peruana, a partir de la iniciativa del fiscal supremo Alcides Chinchay, ha abierto una investigación por presunto delito de cohecho contra Gustavo Gorriti, director del portal de investigación IDL-Reporteros, y está pidiendo levantar el secreto de sus comunicaciones y que vulnere el derecho de los periodistas a revelar sus fuentes. Desde 2010, el fundador y director del portal de investigación IDL-Reporteros ha investigado y revelado el caso Lava Jato, que investiga a cuatro expresidentes: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a la exalcaldesa Susana Villarán; a la excandidata presidencial Keiko Sofía Fujimori y a algunos exgobernadores regionales, entre otros.

La disposición de Chinchay señala que la investigación del presunto delito de cohecho contra Gorriti es compleja y tendrá un plazo de ocho meses, y será investigado junto al jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, y el fiscal José Domingo Pérez.

El fiscal Chinchay ha acusado a Gorriti, Vela y Pérez de cohecho pasivo y activo, pues, supuestamente a cambio de información de la Fiscalía, IDL-Reporteros dio apoyo en los medios a los fiscales.

La base de la pesquisa de Chinchay son las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, y cuya denuncia ha sido presentada por Luis Miguel Caya, del Partido Aprista Peruano, que le acusa de haber forzado el suicidio del expresidente Alan García en abril del 2019 y de intervenir en la investigación del caso cócteles, donde se investiga a Keiko Sofía Fujimori.

Una larga trayectoria

Gorriti, de 76 años, es un periodista que inició su carrera en la revista ‘Caretas’ y que investigó las matanzas en los Andes y en la Amazonía de la banda terrorista Sendero Luminoso. A mediados a de los ochenta, fue becario de la fundación Nieman en Estados Unidos, donde escribió el libro ‘Sendero, historia de la guerra milenaria en Perú’.

El 5 de abril de 1992, en el autogolpe que realizó el expresidente Alberto Fujimori Fujimori y su brazo derecho Vladimiro Montesinos, Gorriti fue detenido en el cuarte general del Ejército de Perú durante tres días y se buscó sin éxito en su ordenador para acceder a sus fuentes. La liberación de Gorriti se hizo posible gracias a la petición ante el expresidente Fujimori del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno español de la época, ya que Gorriti fue corresponsal de ‘El País’ en los noventa.

En 2023, IDL-Reporteros ganó el Premio Gabo y el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en México por sus pesquisas en la matanzas en Ayacucho y Juliaca durante las protestas en Perú.

La jefa de redacción de IDL-Reporteros, Romina Mella, explica a ABC que «las campañas de desinformación se iniciaron en el 2018», y que también sufren acoso a la redacción y a la casa de Gorriti en Lima. Las campañas de desinformación se originan por las investigaciones en el caso Lava Jato y el caso Lava Juez, donde se destapó la corrupción sistémica de la judicatura.

«Las campañas de desinformación contra IDL-Reporteros se han intensificado en los últimos doce meses y hemos identificado que las campañas de desinformación se originan en el canal de televisión llamado Willax, cuyo dueño, Erasmo Wong, es investigado por nosotros desde 2011 por lavado de activos, y luego se diseminan en otros medios cuyo negocio es la desinformación», puntualiza Mella.

«Se quiere presentar a la publicación IDL-Reporteros y a los periodistas como si fueran operadores políticos para poder así desacreditar las investigaciones que hacemos», dice. «En IDL-Reporteros decidimos investigar la desinformación, identificar a los actores de la desinformación y desmontar las campañas de desinformación contra nosotros».

Las campañas de desinformación se originan por las investigaciones en el caso Lava Jato y el caso Lava Juez.

La periodista cuenta que hasta la fecha han identificado nueve campañas de desinformación que se originan en Willax y que después van a medios satélites. A continuación, se produce violencia en las calles, un grupo violento -llamado La Resistencia- lleva a cabo campañas de acoso en las calles, lanza basuras y excremento a la redacción y, por último, «los investigados envían las denuncias basadas en hechos falsos a la Fiscalía porque buscan criminalizar nuestro trabajo periodístico».

«A Gorriti se le quiere presentar como un operador político, un fiscal de la nación en la sombra, que controla y dirige las investigaciones en el ministerio público, que instigó el suicidio de Alan García cuando iba a ser detenido por la investigación en el caso Lava Jato. Es decir, una acusación delirante», indica Mella. «Lo que es gravísimo es que esta investigación fiscal se basa en la denuncia penal hecha por un integrante del partido aprista y se genera por los dichos de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal patricia Benavides, ambos investigados por IDL-Reporteros».

Preservar sus fuentes

IDL-Reporteros ha revelado que detrás de las campañas de desinformación están el jefe del partido Renovación Popular y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y la jefa del partido Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, cuyo juicio sobre el uso de fondos ilícitos en la campaña presidencial del 2011 y del 2016 comenzará en julio.

En respuesta a la acusación de Chinchay, Gorriti ha señalado que no revelará sus fuentes y que hará lo posible para que, tal y como le han solicitado, no se levanten sus comunicaciones de 2016 a 2021, porque, «al hacerlo, obedeceremos el mandato de las leyes, de la Constitución y de los tratados internacionales pero sobre todo de los deberes supremos del periodismo y de la libertad».

«Detrás de un periodista está el derecho del ciudadano a ser informado. Lo que quiere hacer el fiscal Chinchay es un ataque a la libertad de expresión en base a sucesivas mentiras y campañas de desinformación a las que le da credibilidad para hacer su investigación», concluye Mella, que no descarta que la Fiscalía ordene el allanamiento a la casa de Gorriti y busque a la fuerza acceder a sus fuentes de trabajo.

En 2023, IDL-Reporteros ganó el Premio Gabo y el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto Prensa y Sociedad.

La investigación de Chinchay contra Gorriti ha originado una ola de solidaridad de diversos organismos como Reporteros sin Fronteras, la Relatoría de la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Red global de Periodistas de Investigación, la Asociación de Prensa Extranjera en Perú y otros, que piden a la Fiscalía de la Nación que abandone inmediatamente la investigación contra Gorriti.

«El levantamiento del secreto de sus comunicaciones telefónicas constituye una vulneración de la protección de las fuentes de los periodistas. Esta investigación tiene como objetivo disuadir a los periodistas de que investiguen la corrupción que salpica a la élite política, so pena de verse en el banquillo de los acusados. Motivada por fines políticos, pues apunta también a dos fiscales anticorrupción, esta investigación socava la independencia judicial en un país que se encuentra sumido de lleno en una crisis institucional», indica Reporteros sin Fronteras en un comunicado sobre Gorriti.