Con el año, empezó la etapa de encarcelar presidentes en el caso Lava Jato, ahora ya continental. Y parece que el primero, en una potencialmente larga lista latinoamericana, no será brasileño sino el peruano Alejandro Toledo.
Las evidencias contra Toledo son considerables. Ha sido delatado con precisión minuciosa por el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata —con quien, a tenor de la delación, pactó una coima a plazos que alcanzó los 20 millones de dólares—. En el proceso habrían participado, según la confesión, tanto el asesor israelí de seguridad de Toledo, Avi Dan On, como el entonces poderoso y ahora infortunado magnate Yosef Maiman, igualmente israelí.
Para quienes hemos seguido de cerca el caso Lava Jato, no hubo sorpresa. La periodista Rosa María Palacios ya había escrito semanas atrás, por ejemplo, artículos en los que preguntó porqué no se arraigó en el país a Toledo cuando este llegó a pasar las fiestas de año nuevo en Perú. Para Palacios existían ya razones sobradamente suficientes para imponer medidas limitativas a Toledo: arraigo en el país, comparecencia judicial o prisión preventiva.
«Casi todo indica también que Toledo no fue el único presidente peruano en recibir coimas de las empresas brasileñas a cambio de muy lucrativas preferencias y sobrecostos que los peruanos pagarán. Toledo es el primero, pero no el único ni quizá el mayor».
Toledo pudo, sin embargo, salir sin problemas; y unas pocas semanas antes pasó igual con Jorge Barata, que llegó al Perú luego de su primera ronda de delaciones en Brasil, sacó a su familia (como fue el caso con los otros superintendentes de Odebrecht en Latinoamérica) y regresó a Brasil, a salvo de extradiciones.
Pero, por más que las cutras [ese elocuente peruanismo] de Toledo/Lava Jato resultaran una hipótesis confirmada, las reacciones fueron de una intensidad tal que monopolizaron agenda, cobertura y discusión públicas. En parte es muy explicable: la decepción, rabia, tristeza y depresión de quienes lucharon el año 2000 por derrocar a la dictadura mafiosa de Fujimori y Montesinos, en un movimiento de oposición democrática que tuvo a Toledo como líder.
Que un movimiento que supuso tanto esfuerzo y esperanza —terminar con una cleptocracia para iniciar una democracia honesta y austera— fuera tan tóxicamente burlado por quien lo encabezó entonces, indignó y afligió a muchos cuando se pasó de la presunción a la certeza. En una entrevista radial, por ejemplo, la congresista de izquierda Marisa Glave, una mujer recia y articulada, no pudo evitar el llanto al describir su decepción.
Por el otro lado, el de los fujimoristas y los nada escasos pícaros que viven de sus corruptelas y cortesanías, que hoy se llama lobby, en esta antigua sede de virreinato, hubo un schadenfreude desatado. Adelantándose a los carnavales, algunos ensayaron hasta poses y discursos catonianos.
Lo sorprendente fue la reacción oficial. Luego que el juez decretara una prisión preventiva de 18 meses contra Toledo (sin antes haberlo siquiera conminado a presentarse), el gobierno del presidente Kuczynski se lanzó a un frenesí persecutorio.
El ministro del Interior puso a Toledo en la lista de criminales por cuya captura se ofrece recompensa. La lista completa de fugitivos es de 1127 personas, pero ahí también hay jerarquías. La recompensa máxima es de 100.000 soles (cerca de 30.000 dólares) y en ese nivel solo hay cinco criminales: un sicario, un homicida, tres narcotraficantes (uno ya capturado)… y Toledo. En el programa no figuran ninguno de los cómplices de Fujimori, incluyendo su hermana y cuñado, que llevan varios años prófugos.
Mientras el frecuentemente desaforado ministro del Interior hablaba y se desmentía, el presidente Kuczynski se contactó con el gobierno de Israel para pedir que no recibieran a Toledo y luego pidió a Trump, en conversación telefónica, que lo deporte al Perú.
Lo llamativo del asunto es que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Toledo, cuando se firmaron los contratos abiertamente favorables a las empresas brasileñas (en cuyo proceso se desestimó las objeciones del entonces contralor de la República). El actual primer ministro, Fernando Zavala, fue ministro de Economía con Toledo. Y, en el Ministerio del Interior, por lo menos un viceministro y un jefe de prensa trabajaron para Odebrecht, en un empleo anterior, cuando el caso Lava Jato era ya ampliamente público.
No son los únicos. Además de presunto bribón, hay quienes parecen haber visto en Toledo a un chivo expiatorio de diseño. Cuando presidente, su nula capacidad de contraataque lo convirtió en la piñata ideal. Ahora, el evidente atropello a elementales derechos de defensa, muestra que la idea tácita es hacer un auto de fe con pira al expresidente (cuya incompetencia garantiza una colaboración involuntaria con sus perseguidores) y tratar (como se hizo luego del fujimorato) que el tamaño de la hoguera contraste con sombras lo suficientemente densas como para encubrir a los otros bribones en ellas.
Casi todo indica (aunque falta un juicio justo que lo confirme y sentencie) que Toledo fue sobornado por Odebrecht. Y probablemente por otros. Pero casi todo indica también que no fue el único presidente peruano (aparte de ministros y empresarios) en recibir coimas de las empresas brasileñas a cambio de muy lucrativas preferencias y sobrecostos que los peruanos pagarán. Toledo es el primero, pero no el único ni quizá el mayor. Lo peor que puede suceder ahora es un linchamiento que a través del abuso socave la validez de los hechos y sirva de encubrimiento a los pillos que falta procesar.
(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada el 13 de febrero en El País.