Human Rights Watch (HRW) ha elaborado un informe que documenta de manera sistemática el avance del crimen organizado y el incremento de la tasa de los homicidios en Perú como consecuencia de las normas aprobadas por el Congreso desde 2023, la inacción del Ejecutivo, y el ataque del régimen al Ministerio Público, al Poder Judicial, así como a los organismos de la sociedad civil y la prensa que investiga la corrupción y el poder. La abogada y politóloga colombiana, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, ve prioritaria la protección de la autonomía judicial como un último reducto para defender lo poco que queda de democracia. Además, llama al sector privado peruano a respaldar a los medios independientes afectados por la Ley APCI.
Este régimen ha incumplido sentencias y normas del sistema interamericano de justicia, al excarcelar a Alberto Fujimori o promulgar leyes de amnistía o prescripción de delitos de lesa humanidad. Ahora en una resolución, la Corte IDH ha pedido al Estado peruano no tomar represalias contra Aprodeh y Comisedh que defienden a Georgina Gamboa, víctima de tortura y violación sexual cometidas por policías. ¿Cree que respetará el pedido?
Algunas de las decisiones más emblemáticas del sistema interamericano en protección de derechos humanos han estado relacionadas en gran medida con casos peruanos, por eso es un fenómeno muy preocupante pues Perú hoy está en un escenario no solamente de desconocimiento de decisiones, sino incluso de anunciar la consideración de buscar salirse del sistema interamericano. Eso pone a Perú en una situación muy deshonrosa a la par de países como Nicaragua o Venezuela que se han salido del sistema interamericano.
Quiero creer que estamos en un momento de finalización de un gobierno, que nos acercamos a un momento electoral, y que la mayoría de peruanos y peruanas tienen la capacidad de ver que allí donde algunos tildan al sistema interamericano de ‘caviares’, ha habido un sistema que –independientemente de ideologías– dice que los gobiernos tienen límites y le ha puesto límites a Maduro en Venezuela y a Bukele en El Salvador. Eso debería permitir ver al pueblo peruano que el sistema interamericano no es partidista ni ideológico: es un sistema que está ahí para defender a las ciudadanías y, en este caso, a peruanos y peruanas.
El canciller peruano dijo que en esta semana va a estar listo el reglamento de la Ley APCI y en una audiencia de junio en la Corte Interamericana, el representante del Estado refirió que cuando lo aprobaran no garantizaba la ausencia de represalias contra las ONG que defienden legalmente a las víctimas de esterilizaciones forzadas. En otros países que salieron del sistema interamericano, ¿qué pudieron hacer las víctimas?
Tristemente la Ley APCI de nuevo pone a Perú en una compañía muy desagradable: países como Venezuela y Nicaragua típicamente tienen estas leyes de ‘agentes extranjeros’ que lo que buscan es reducir el flujo de recursos de cooperación internacional a organizaciones de sociedad civil y al periodismo investigativo. Recientemente, incluso en El Salvador, bajo el gobierno de Bukele, se aprobó también una de estas leyes. ¿Eso qué hace? Debilita la sociedad civil. En el caso particular peruano tiene un impacto bien especial porque es el periodismo investigativo que ha denunciado la corrupción.
La ley permite que el gobierno y el Congreso sigan ampliando redes de corrupción porque le quita la financiación a las organizaciones que han denunciado esa corrupción, y además fortalece el crimen organizado porque son también esas organizaciones las que denuncian la criminalidad en la Amazonía, sus vínculos con minería ilegal, con la corrupción y con el poder. Tiene además un impacto adicional que ya lo estamos viendo en otros países, por ejemplo en El Salvador, la afectación de la cooperación internacional, incluso humanitaria que financia comedores comunitarios, o la atención humanitaria del que sale desplazado por una extorsión, por ejemplo.
A medida que se introducen ese tipo de leyes se reduce también la capacidad de la comunidad internacional –ya muy afectada por la decisión de Estados Unidos de recortar los recursos de cooperación a través de USAID– pero que ahora con esta Ley APCI se reduce aún más.
¿Qué le corresponde a la sociedad civil y la prensa independiente?
Trabajar de manera colaborativa, saber que podemos trabajar también en alianza con organizaciones internacionales, defender y sostener la línea, porque si algo nos ha demostrado la historia en América Latina es que frente al autoritarismo han sido las organizaciones de sociedad civil y el periodismo quienes han resistido y denunciado. Si algo nos ha mostrado la historia es que incluso si pasa mucho tiempo, eventualmente estos regímenes autoritarios caen, pero es gracias a esa presión de sociedad civil. Lo único que queda en esos escenarios tan difíciles es seguir resistiendo, seguir documentando, seguir denunciando.
El Estado peruano no se ha retirado del sistema interamericano pero actúa como tal, incumple sentencias, exhortaciones, medidas cautelares. En casos como Venezuela o Nicaragua que se retiraron, ¿qué han hecho las víctimas que habían acudido al sistema interamericano?
Tocar otras puertas. En el caso de Venezuela está la investigación en curso ante la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Nicaragua hay, por ejemplo, un grupo de organizaciones, incluyéndonos, que busca llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de sus obligaciones frente al delito de apatridia. Lo que ha generado Nicaragua con el exilio de varios nicaragüenses opositores, periodistas, líderes de sociedad civil, al usurparles la nacionalidad, es la indirecta violación de la prohibición de apatridia.
si algo nos ha demostrado la historia en América Latina es que frente al autoritarismo han sido las organizaciones de sociedad civil y el periodismo quienes han resistido y denunciado.
En el caso de la Ley APCI, un grupo directamente afectado es el periodismo independiente que hace décadas denuncia la corrupción. Usted mencionó que Perú se había distinguido porque el Poder Judicial ha podido llevar a presidentes a prisión, y algunos de esos casos se originaron en investigaciones periodísticas. Una gran cantidad de periodistas nicaragüenses y guatemaltecos ahora vive en el exilio por denunciar la corrupción. ¿Hay alguna condición diferente en el Perú que evite que los periodistas de investigación sigan ese grave destino?
Comparto que el valor del periodismo independiente está en poder tener un sistema de pesos y contrapesos, justamente porque muchas de esas investigaciones periodísticas luego se convierten en investigaciones penales, y tienen incluso como consecuencia la destitución de autoridades públicas, pero además a nivel local son los que lanzan la primera alerta, cuando hay homicidios o amenazas de líderes ambientales o indígenas, esa es justamente la capacidad de periodismo investigativo: los ojos para poder alertar sobre la sociedad.
¿Cómo prevenir el exilio? Trabajar en red de manera colaborativa. Queremos insistir en esta visita que hay más sectores en el Perú que tienen que darse cuenta de la necesidad de proteger el periodismo, que hay un llamado a un sector privado que en otros países ha sido mucho más activo en financiar periodismo independiente, que debería activarse en la defensa del Estado de derecho en Perú, potenciando la independencia periodística y la libertad de prensa.
Hacemos un llamado también a organizaciones de sociedad civil filantrópica peruana dispuestas a volcarse a esta protección. Hay intentos de la Comunidad Europea, en el marco de sus funciones, de seguir apoyando a algunas de estas organizaciones, aunque por supuesto no lograrían de ninguna manera llenar el vacío que ha dejado Estados Unidos, ni lograr proteger del todo los impactos de la Ley APCI.
En otros países con leyes que sancionan a las organizaciones la sociedad civil, ¿los jueces constitucionales han decretado la no aplicación de esas normas?
La diferencia y la razón por la cual Perú me da algo más esperanza es que todavía hay independencia del Poder Judicial. Sería perfectamente posible que aún a pesar del intento de cooptación por parte del Congreso, distintos jueces tomaran la decisión de no aplicarla, dado el control difuso que existe en el país. En los casos de Nicaragua y Venezuela, el régimen tiene un control total del Poder Judicial, con lo cual por supuesto que allí no se ha dado eso. En el caso de El Salvador, ya Bukele a través de su control de la Asamblea [Congreso] se ha hecho también del Poder Judicial y no puede ponerle límites a la aplicación de esa ley de ‘agentes extranjeros’.
Por eso, insisto, es tan importante la protección de la independencia de la justicia en Perú, es el último bastión de defensa del Estado de derecho.
Para politólogos y parte de la opinión pública, Perú tiene un régimen autoritario o una dictadura parlamentaria. Usted no lo considera así, ¿por qué?
Las comparaciones siempre son difíciles, sin duda, pero yo diría que más que un gobierno autoritario, tenemos un proceso desde el Congreso de debilitar de tal manera la capacidad del Estado peruano –con la anuencia del gobierno Boluarte– que casi que se camina hacia un Estado fallido sometido al crimen organizado, que a un Estado autoritario que controle.
Los impactos para la sociedad civil son dramáticos, por supuesto, y lo documentamos en el informe que sacamos en 2023 luego de las protestas, cuando se dieron los 49 asesinatos pudimos verificar la responsabilidad en muchos de ellos de la participación de agentes del Estado, militares y policías, hay una represión violenta de parte del Estado. Pero ese no es el escenario más típico de lo que hemos visto a lo largo de los últimos dos años.
Lo que hemos visto es un Estado peruano cada vez más ausente y desligado de la protección de la ciudadanía, cediéndole más y más espacio al crimen organizado de la mano de estos intereses que se mueven dentro del Congreso. Eso genera una inmensa desprotección en la ciudadanía, por eso estamos viendo la tasa más alta de homicidios en Perú, incluso como tasa de crecimiento es la más grande de Sudamérica. Eso es preocupante en términos de la violación de derechos, pero es un fenómeno muy distinto a lo que vivió este país en los años 90.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad que tuvieron responsabilidades en los crímenes de 1980-2000 y en las masacres de 2022-2023 están siendo beneficiadas con ascensos, cargos en el extranjero o con las leyes de prescripción y de amnistía. Esta relación de impunidad con las fuerzas de seguridad como parte de un régimen todopoderoso tiene semejanza con los años 90.
Hay una similitud, sin duda. Y en los intentos de cooptación del Poder Judicial y de los distintos órganos de control y del sistema de pesos y contrapesos, y en los intentos por garantizar impunidad a través de amnistías. Pero es importante caracterizar los fenómenos como son.
Una cosa es un Estado todopoderoso con un presidente como Alberto Fujimori dirigiendo una política de seguridad violatoria de derechos humanos. Y otra muy distinta es un gobierno Boluarte sin agenda, sin un liderazgo, dedicado simplemente a permitir que el Congreso legisle para favorecer el crimen organizado. Eso genera un sistema de fortalecimiento del crimen organizado y de ausencia de cumplimiento del deber del Estado peruano de protección y garantía de los derechos de sus ciudadanos.
Lo que hemos visto es un Estado peruano cada vez más ausente y desligado de la protección de la ciudadanía, cediéndole más y más espacio al crimen organizado de la mano de estos intereses que se mueven dentro del Congreso.
¿La OEA debió haber incluido al Perú en el capítulo IV.b de su informe por violaciones de derechos humanos, donde están Cuba, Nicaragua y Venezuela, y donde estuvo hasta hace poco Guatemala?
En general hemos insistido en que Perú debería tener más atención por parte del sistema interamericano y así lo seguiremos haciendo.
El Perú intenta ingresar a la OCDE pese a sus retrocesos institucionales y búsqueda de impunidad de las autoridades políticas, y HRW ha enviado el informe a esa entidad. ¿Es factible esperar alguna decisión?
En las experiencias en la región, el proceso de acceso a la OCDE es tan importante como la permanencia y la pertenencia. En el caso de Colombia, por ejemplo, a raíz de la presión de organizaciones de sociedad civil defensoras de sindicalistas, por la protección de la integridad física ante la cantidad de homicidios y amenazas contra líderes sindicalistas a lo largo del conflicto armado, el proceso de ingreso a la OCDE obligó al Estado a generar un mecanismo especial de protección de sindicalistas. Ese es un buen ejemplo de cómo una negociación permite, si se hace bien, avanzar en ciertos estándares.
Una parte muy importante, si no toda esa negociación, es confidencial entre el Estado y la OCDE. Eso no impide, en las conversaciones como sociedad civil con la OCDE, que les insistamos en estas preocupaciones, por eso les hemos hecho llegar este informe. Sabemos que la OCDE ha tomado nota de varias de estas preocupaciones.
Sabemos también por personas con las que nos hemos reunido del Estado peruano, que han recibido varias de estas preocupaciones de parte de la OCDE en sus conversaciones reservadas. Hoy no veo un proceso serio de parte del gobierno Boluarte de realmente querer ingresar a la OCDE y tomar las medidas para hacerlo posible. Soy más optimista de que la OCDE no va a permitir el ingreso de Perú hasta que no se tomen al menos algunos correctivos.
Uno de los énfasis de HRW en el informe sobre Perú es lo inédito y anormal de que un Congreso legisle a favor del crimen organizado. ¿Qué explica que no haya una reacción internacional a esto que ha ido ocurriendo paulatinamente y pese a las alertas de la sociedad civil? Ha sido un proceso largo en el que nos hemos llenado de legislación contra el interés público.
Señalaría dos factores principales: el primero es que Perú acostumbró a la comunidad internacional a tener más de un presidente por año, existe un sentimiento de que al menos en este momento hay una presidenta que no la han tumbado. Eso ha generado una percepción de falsa estabilidad para algunos sectores por el hecho de que continúe la misma presidenta, pero ello está opacando la realidad de este proceso de deterioro del que estamos hablando. Ahora, eso no es eterno: en la medida en la que cada vez se denuncia más lo que está pasando, la comunidad internacional empieza a decir ‘ah, es la misma presidenta, pero mire todo lo que está pasando detrás de cámaras’. Varias organizaciones de sociedad civil hemos intentado contrarrestar esa falsa sensación de estabilidad.
El otro elemento es un sentimiento de algunos sectores de la sociedad civil peruana de que las discusiones sobre estado de Derecho, separación de poderes e independencia judicial son abstractas y no tocan la vida diaria, se les tilda como una ‘conversación caviar’, pero lo que muestra nuestro informe es que esas medidas que ha tomado [el Congreso] además de que restringen la independencia judicial están poniendo en peligro la vida y la integridad de los peruanos y peruanas porque están fortaleciendo el crimen organizado, y esa inseguridad sí que le preocupa a la población peruana, según todas las encuestas. En tanto los peruanos empiecen a ver que esas medidas del Congreso les afectan su vida diaria, porque es por eso los extorsionan más y por eso están matando a familiares y vecinos, empiecen a activarse en contra esas medidas.
No veo un proceso serio de parte del gobierno Boluarte de realmente querer ingresar a la OCDE y tomar las medidas para hacerlo posible.
En 2024 y 2025 hubo movilizaciones contra las leyes que favorecen el crimen organizado, pero el Congreso no retrocedió y están los precedentes de represión letal contra las manifestaciones. ¿Que pueden hacer los ciudadanos aparte de ejercer su derecho a la protesta pacífica sin poner en riesgo su vida nuevamente?
Reconocemos el miedo que generó la manera violenta en la que el gobierno de Boluarte reprimió las protestas en 2022 y 2023. Dicho eso, el mecanismo esencial de cambio en un democracia es la movilización política y el voto, y ese pilar parece ausente en la discusión peruana, es la canalización de esa protesta pacífica esporádica en movilización política de cara a 2026, con algún tipo de alternativa cívica, democrática, que ponga en el centro los derechos de la ciudadanía, independientemente de las visiones ideológicas.
¿En sus contactos con representantes del Estado han mencionado la imposibilidad de sancionar la minería ilegal como crimen organizado, debido a la modificación que hizo el Congreso en la tipificación del delito?
Hemos pedido reuniones al Gobierno y no nos ha dado; en la reunión con la fiscal de la nación de manera muy explícita se señaló que estas medidas que ha tomado el Congreso han generado restricciones a la capacidad del Ministerio Público de investigar la criminalidad organizada. De la misma manera, la presidencia del Poder Judicial señaló su preocupación de que estas normas no solo restringen su independencia judicial, sino la capacidad de hacer justicia frente a los delitos del crimen organizado.
¿Qué gobiernos de otros países no aceptan reuniones con Human Rights Watch?
Cuba, Nicaragua y Venezuela no nos permiten ingresar al país; El Salvador nos permite acceder, pero cada vez nos da menos reuniones. Nos reunimos con mucha frecuencia con autoridades públicas en Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Guatemala.
¿Pero con Guatemala desde que asumió el presidente Bernardo Arévalo?
Por supuesto: hoy en día tenemos muy buena relación con el gobierno de Arévalo y le expresamos nuestras preocupaciones, no así con el gobierno de Alejandro Giammattei, que nunca nos recibió.
