Al terminar el 2019, hay un conjunto de hechos y realidades inequívocos:
Primero: nunca antes en la historia de este país se ha avanzado tanto en luchar contra la corrupción. Nunca. Ello ha cambiado profundamente la realidad del país, su balance de poder y de fuerzas.
Segundo: Lo fundamental, aunque no lo único, en los dramáticos avances contra la corrupción ha ocurrido en los casos Lava Jato y Lava Juez (o Cuellos Blancos, o CNM Audios). A excepción de Brasil, en ningún otro país en Latinoamérica se ha avanzado tanto en el caso Lava Jato como en el Perú. Y en varios aspectos, aunque ciertamente no en todos, el avance peruano es ahora más consistente que en Brasil.
Tercero: Gracias en gran parte a ello, el Perú ha permanecido relativamente indemne en medio la tempestad de manifestaciones de profundo descontento social que han remecido Latinoamérica este año, al margen de la tendencia política y la mayor o menor prosperidad de la nación afectada. Lo que sucedió en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, (y fuera del continente también) no pasó en este país, pese a la turbulencia política que hemos vivido. Si en Bolivia, por ejemplo, la forzada y fraudulenta reelección de Evo Morales lo sacó del poder, aquí en el Perú, la disolución constitucional del Congreso por el presidente Vizcarra fortaleció enormemente su presidencia. Y no porque Vizcarra sea un elocuente estadista ni porque su gobierno despierte el entusiasmo de los peruanos, sino por una razón central: Vizcarra apoya la lucha anticorrupción y el disuelto Congreso era el principal bastión de encubrimiento y protección de los corruptos.
Cuarto: Pese a los intentos por demostrar persecución política en la lucha anticorrupción, solo ver la lista de quienes han sido descubiertos, investigados por el equipo especial de la fiscalía y, en varios casos, recluidos en prisión preventiva por orden judicial, revela cuán falaz es el argumento: la izquierdista ex alcaldesa Susana Villarán; el ex primer ministro de Vizcarra, César Villanueva; se han unido a otros personajes en igual situación: los ex-presidentes Alejandro Toledo (en Estados Unidos), Pedro Pablo Kuczynski; y la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ollanta Humala, liberado de una previa prisión preventiva por orden judicial, será judicialmente acusado dentro de poco; Alan García se suicidó cuando iba a ser arrestado, pero luego las confesiones de sus colaboradores más cercanos confirmaron que había recibido considerables cantidades de dinero de la división de sobornos de Odebrecht. Otros políticos sobre quienes han aparecido serias evidencias, serán pronto denunciados.
Quinto: Las investigaciones revelaron no solo la corrupción dentro del Estado sino en las principales empresas del país y en sus gremios; entre varios de los principales estudios de abogados; en la médula misma de prácticas creadas para, supuestamente, eludir la ineficiencia y corrupción judicial, como el arbitraje. Desde el principal banquero del país, llevando a escondidas, en maletines, millones de dólares no declarados ni contabilizados, como un doleiro más; hasta abogados de presunta rectitud participando en arbitrajes de sistemática corrupción, mientras otros, gracias a coimas, traicionaban a sus clientes; empresarios y empresas de construcción nacionales tan cartelizados y corruptos, en su escala, como lo fue Odebrecht y las otras empresas de Lava Jato. Se sabe mucho ya sobre ello, pero se sabrá más gracias a las colaboraciones eficaces de varios entre los mencionados, que buscan, y lograrán, disminuir considerablemente sus penas mediante la confesión.
Sexto: A diferencia de Brasil, lo espectacularmente logrado en el Perú ha sido el resultado del trabajo de grupos pequeños de gente en entornos hostiles. Lo primero fue el logro de unos pocos periodistas de investigación que llevaron adelante el caso. Luego, el Equipo Especial de Fiscales (a partir del momento en el que Rafael Vela asumió el liderazgo y contó con la destreza investigativa y la decisión de notables fiscales como José Domingo Pérez), consiguió, en cooperación con sus colegas brasileños, resultados sin precedentes. Ello, claro está, no hubiera sido posible, sin la actuación de jueces íntegros y, en el lado operativo, de policías expertos y eficaces.
Séptimo: Fiscales y jueces, sobre todo los primeros, forman parte de organizaciones jerarquizadas y tradicionalmente corruptas. Esa corrupción se sigue conociendo a través del caso Lava Juez. El Equipo Especial es un grupo muy pequeño dentro de la Fiscalía de la Nación, rodeado por grupos hostiles, sobre todo en los niveles más altos de la organización. ¿Cómo sobreviven? Dentro de la Fiscalía, por el apoyo movilizado y alerta de la población. Recuerden: hace un año Chávarry separó a Vela y a Pérez Gómez. La protesta inmediata de la gente lo obligó a recular y luego a renunciar. Gracias a ello Zoraida Ávalos se convirtió en Fiscal de la Nación. Ella apoya al Equipo Especial pero enfrenta a tres de cinco fiscales supremos (Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza) en contra del Equipo Especial y de ella. Es un balance precario dentro del que se mueven funcionarios y grupos que no obedecen a Ávalos sino a la troika tóxica.
Octavo: En el Poder Judicial hay un equilibrio igualmente precario. El caso Lava Juez sacó a varios de los jueces corruptos, pero ciertamente no a todos. Los que han quedado mantienen un perfil cuidadosamente bajo, en busca de circunstancias propicias. Hay también, y ese es un factor muy importante, un porcentaje de jueces y vocales honestos, que podrán jugar un papel mucho más importante en el futuro.
Noveno: Otro factor, ciertamente de gran importancia, fueron las acciones del presidente Martín Vizcarra. En 2018, un reciente y precario Vizcarra decidió dar un respaldo pleno a la lucha contra la corrupción y con ello logró un éxito, respaldo, fuerza y capacidad de acción que hasta entonces resultaba difícil de imaginar. En 2019, Vizcarra no eludió el enfrentamiento con un Congreso de mayoría tan prepotente como escasa de inteligencia y lo disolvió constitucionalmente, ganando, de nuevo, un enorme respaldo popular. Vizcarra no es un líder carismático, tampoco comunica bien y no cuenta con nada que se asemeje al Estado Mayor mínimamente eficaz que todo Presidente debiera tener. Por eso sus acciones no tienen continuidad ni capitalizan el efecto de sus decisiones mayores. Pero de otro lado, el desconfiado moqueguano es pragmático, trabajador y sabe aprovechar como pocos el error de subestimarlo que tantos han cometido y probablemente cometerán.
Décimo: Bajo las condiciones descritas, atacar al Equipo Especial por atreverse a interrogar a, digamos, Sardón, o no haber todavía pasado de la investigación a la acusación en todos los casos es, por decir lo menos, hipócrita y cretino. Bajo las condiciones en las que trabajan, lo logrado por el Equipo Especial es extraordinario. Y hay varios casos, como el de Keiko Fujimori, por ejemplo, en los cuales los grandes avances efectuados (¿recuerdan cómo era la situación hacia, digamos, 2017, por no hablar de antes?) debieran llevar muy pronto a una acusación que dé inicio al proceso judicial.
Finalmente, toda la gran mayoría de peruanos honestos, que quisieran vivir en un país donde impere la integridad, deben tener presente que, si bien lo avanzado en la lucha anti corrupción no tiene precedentes, lo realizado obedece al esfuerzo de grupos de élite en contextos muy hostiles. Los grupos de élite son capaces de lograr resultados espectaculares pero por si solos no pueden ganar un conflicto. Para eso se necesita el número y la masa de las fuerzas regulares o su equivalente. Ese equivalente reside por ahora casi solamente en el pueblo y su capacidad de ocupar calles y encuestas. Ello es mucho pero no suficiente. Hay que elegir a la gente adecuada y exigirles cumplir más allá de lo prometido. Nunca hemos avanzado tanto pero nunca hemos enfrentado como ahora el riesgo, si aflojamos la decisión y vigilancia, de perderlo todo.
