En lo que es probablemente el avance más importante en la lucha anti-corrupción para el continente desde el inicio de la operación Lava Jato, Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la megacorporación brasileña, ha firmado –según se supo hoy– el acuerdo de delación premiada con los fiscales federales de Lava Jato. Junto con él, otros 50 ejecutivos de Odebrecht, -que según otras fuentes podrían llegar a 68- firmaron también, en forma coordinada, sus propios acuerdos de delación.
Según lo informado por OGlobo en Brasilia, el masivo acuerdo, después de ocho meses de intensas negociaciones constituye la más grande serie de acuerdos de delación firmados hasta hoy en el Brasil.
En realidad se trata de un gigantesco acuerdo de delación corporativa, en el que una de las mayores empresas constructoras del mundo confiesa en detalle sus crímenes, coimas y sobornos desde los niveles más altos de la política y la economía.
Es, sin duda, un momento de quiebre histórico en la lucha continental contra la corrupción y el inicio de una cadena de revelaciones que terminarán de remecer Brasil y empezarán a hacerlo, con inédita fuerza, en el resto del continente.
Y ello no afectará solamente la historia de la corrupción en los últimos años. Según el reporte de OGlobo, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, es parte de la colaboración delatora que permitirá seguir el proceso exacto de la corrupción desde mucho antes del inicio de Lava Jato.
Coimas sin ideología
De acuerdo con la información de OGlobo, el número de delatores ejecutivos es de 68 personas. Ello ya ha creado, a tenor de esa fuente, un serio problema logístico para los fiscales/procuradores federales en, sobre todo, Curitiba. Son diez funcionarios calificados que tendrán que interrogar a casi 70 delatores. Si se tiene en cuenta que en algunos casos un solo delator llega realizar hasta 50 declaraciones, se puede tener una idea de la complejidad del proceso de recibir, ordenar, compaginar y sistematizar las confesiones.
Aparte de Odebrecht, otros delatores de primera importancia serán llamados a prestar nuevas declaraciones, entre los cuales Otávio de Azevedo, de Andrade Gutierrez. En el caso de que se les pruebe que omitieron datos en forma deliberada en su confesión previa, los beneficios que les han sido otorgados podrían ser anulados en forma parcial o total. En la circunstancia actual y ante la perspectiva de pasar varios años en prisión, lo más probable es que se de un festival de confesiones, una inundación de verdades culposas que bien puede lograr un efecto sísmico en Brasil y en América Latina.
De acuerdo con una fuente mencionada por OGlobo, los acuerdos de delación premiada de Odebrecht y sus funcionarios comprometen “en forma democrática” a líderes de todos los partidos, del gobierno y la oposición en Brasil. Para coimear, Odebrecht no hacía distinciones ideológicas.
En el caso de la corporación Odebrecht, las confesiones de los delatores serán comparadas y completadas con las informaciones extraídas por los investigadores federales del llamado “Departamento de Operaciones Estructuradas” de la compañía, creado por esta para administrar con más eficiencia el pago de sobornos y la relación con los corruptos. Luego de penetrar el primer sistema, los investigadores, según reporta OGlobo, avanzan en abrir un segundo sistema, donde estarían registrados los negociados más sensibles.
Como es obvio, la primera parte de las confesiones estará centrada en las corrupciones y complicidades brasileñas. A tenor de lo trascendido, las confesiones de la corporación Odebrecht implican alrededor de 130 congresistas y ministros y 20 gobernadores actuales o antiguos.
Entre los principales nombres citados está, según las fuentes, el presidente Michel Temer y tres ministros suyos: Eliseu Padilha, de la Casa Civil; José Serra, el canciller; y Geddel Vieira Lima, de la Secretaría de Gobierno. Los delatores habrían confirmado también el pago de sobornos al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que fuera arrestado hace pocos días por orden del juez federal Sergio Moro.
No es seguro que se nombre de inmediato a presidentes y altos funcionarios de otras naciones, por la tremenda congestión de corruptos brasileños frente a la limitada capacidad de procesarlos.
Pero el turno llegará eventualmente después de algunas semanas o unos pocos meses, e incluso sin necesidad de coordinar con los aparatos judiciales o fiscales de otras naciones. En Brasil, los actos de corrupción perpetrados por brasileños en el extranjero, son crímenes procesables en sus propios tribunales.
De manera que la revolución anti-corrupción de Lava Jato no abarcará solo a Brasil sino a gran parte de Latinoamérica y, sin duda, al Perú.
