Aunque fue retirada ayer, la carta enviada por Telesup a la Sunedu dándole un plazo de veinticuatro horas para anular la resolución que denegó su licenciamiento es un anuncio peligroso.
La arrogante exigencia se produjo apenas dos días después de que el partido de los Luna apoyara la vacancia de Martín Vizcarra y proclamara a Manuel Merino como nuevo presidente de la República.
IDL-Reporteros obtuvo información que contrasta con el imperativo tono de dicha comunicación y revela que, durante meses y de manera sistemática, las autoridades de Telesup no sólo no hicieron nada para revertir sus pésimas condiciones de enseñanza sino que se negaron a entregar sus estados financieros a las autoridades de la Sunedu. Ingresos injustificados, incrementos sustantivos de patrimonio e inyecciones de capital en efectivo por parte de los Luna son algunos de los hallazgos que obligaron al cierre definitivo de Telesup y otros dos centros educativos de los mismos dueños.
A inicios del 2019, cuando el actual congresista José Luna Morales ocupaba la gerencia general de la Universidad Telesup, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu le solicitó toda la información financiera de la institución de los últimos cuatro años. Tras desaprobar en 28 de los 38 indicadores de las condiciones básicas de calidad, la entrega de esa información resultaba vital si las autoridades de Telesup deseaban mantener a flote dicho centro de estudios. La documentación serviría para analizar si la universidad tenía la capacidad de realizar inversiones y/o gastos para cerrar las brechas identificadas en el proceso de licenciamiento. Sin embargo, algo inusitado retrasó la entrega. El 17 de enero de ese año, en una reunión llevada a cabo entre las autoridades de la Sunedu y los directivos de Telesup, los primeros solicitaron verbalmente los estados financieros de la universidad desde el 2015 al 2018.
El período coincide con más de un hecho relacionado con las investigaciones contra José Luna Gálvez en la Fiscalía. En el 2015, siendo congresista de la República, José Luna todavía ejercía la secretaría general de Solidaridad Nacional, partido que un año antes había ganado las elecciones a la Municipalidad de Lima con presuntos aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
De acuerdo a la investigación de la fiscal Milagros Salazar Paiva, del Equipo Especial Lava Jato, Luna Gálvez actuó como el “brazo económico” del trasiego de dinero a las arcas del partido a través de la contabilidad de Telesup. Un año después, en el 2016, Luna Gálvez renunció a Solidaridad Nacional y se abocó a la creación de su propio partido, hoy llamado Podemos Perú.
Según otra investigación del Equipo Especial Cuellos Blancos, por la cual se ha solicitado la detención preventiva de José Luna Gálvez, este habría usado los recursos de su universidad para influir en el Consejo Nacional de la Magistratura y desde ahí tener el control en la elección del jefe de la Onpe, quien finalmente habría facilitado la inscripción de su partido.
La información financiera de Telesup de esos años, por tanto, revestía el mayor interés y los Luna no estaban dispuestos a cederla tan fácilmente a la Sunedu. O al menos eso se deduce de su negativa a entregarla oportunamente.
Al notar que ningún documento contable de Telesup había sido ingresado a sus oficinas a inicios del 2019, la Sunedu reiteró su pedido a través de un correo electrónico del 23 de enero de ese mismo año. Pero, como había ocurrido antes, en esta segunda oportunidad tampoco obtuvieron respuesta. El 8 de febrero, las autoridades de la Sunedu y Telesup volvieron a reunirse y los primeros exhortaron a los segundos a que transparenten sus estados financieros. El 22 de febrero, finalmente, la Sunedu reenvió el correo que había enviado un mes antes. De nada sirvió. Durante todo el mes de febrero y parte de marzo del 2019, los directivos de Telesup no enviaron un solo documento que acreditara sus ingresos, egresos y gastos durante los últimos cuatro años de operación. Ello, pese a que lo que estaba en juego era la licencia de su universidad.
Finalmente, entre el 18 y el 28 de marzo del 2019, la Sunedu realizó una diligencia a todas las sedes de Telesup. Entonces, sin ninguna otra salida, los contadores de la universidad propiedad de los Luna entregaron parte de la información financiera solicitada con insistencia desde inicios de aquel año. En los siguientes meses, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu, encabezada por la abogada Karina Tafur Asenjo e integrada por Cristhian Pacheco Castillo y Paola Sarmiento Huerta, elaboró el Informe de Licenciamiento que fue el principal insumo para denegar definitivamente la licencia a Telesup en mayo del 2019. Además de revelar las pésimas condiciones educativas de la universidad, ampliamente difundidas en la prensa, el informe dedicó un capítulo entero al análisis de la situación financiera de la universidad que se había mantenido en reserva hasta hoy.
¿Cuáles fueron los hallazgos de la Sunedu en las finanzas de Telesup que los Luna se rehusaron a entregar hasta último momento? Usando un lenguaje técnico y sin caer en calificativos que pudieran usar en su contra, los integrantes de la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu resumieron la situación en una sola anotación. “No se encuentran explicaciones para variaciones e inconsistencias importantes”, subrayaron al lado de información alarmante. De acuerdo a los estados financieros entregados por Telesup, los mismos que tienen carácter de declaración jurada, la universidad de los Luna elevó sus ventas netas de 77 a 84 millones de soles entre el 2017 y el 2018. Siete millones de soles adicionales para las arcas de Telesup que no se explica de dónde pudieron haber sido obtenidos si se toma en cuenta que en el mismo período, en lugar de captar más estudiantes, Telesup perdió 1,865 alumnos. El mismo informe apunta que dicha información tampoco pudo ser contrastada con las variaciones en las pensiones de enseñanza porque los Luna no se dignaron a entregar la documentación correspondiente.
La Sunedu también puso el reflector sobre las famosas becas de estudio. La universidad entregó dos presupuestos distintos correspondientes a becas de estudio en el año anterior. Mientras el primer presupuesto apenas superaba los 800 mil soles, en el segundo este mismo rubro se elevaba hasta poco más de 16 millones de soles. Un monto sideral tomando en cuenta, que para el mismo año lectivo, Telesup solo había acreditado a 28 alumnos como beneficiarios de la beca integral de estudios. Aunque la universidad no cumplió con enviar a la Sunedu información acerca de la evolución en las pensiones de enseñanza, en el 2016 la propia Telesup reportó que sus pensiones iban en un rango desde los 1,300 soles anuales, para carreras como Ingeniería Civil o Marketing, a los 2,280 soles anuales, en el caso exclusivo de la carrera de Medicina Humana, de acuerdo con una publicación del Vicerrectorado Académico de la PUCP.
Asumiendo que los 28 estudiantes beneficiarios de una beca de estudios hubieran sido exclusivamente estudiantes de la carrera de Medicina, la cobertura total de sus estudios hubiera cargado a la cuenta de Telesup 63, 840 soles anuales (diez meses lectivos) y no los 821 mil soles como se consigna en uno de los presupuestos, ni mucho menos los 16 millones 78 mil soles del segundo presupuesto. Telesup, además, no cumplió con enviar a la Sunedu la nómina de los estudiantes beneficiarios de la beca de estudios ni aclaró los criterios empleados para seleccionar a cada uno de estos. No es todo. A medida que Telesup comenzó a ser objeto de evaluación por parte de la Sunedu, el patrimonio de la universidad sufrió un vertiginoso aumento del 282% entre el 2017 y el 2018. El 2018, Telesup declaró que su patrimonio pasó de 45 millones 655 mil soles a 174 millones 478 de soles con respecto al 2017.
El crecimiento vino impulsado por los excedentes de revaluación. La universidad le informó a la Sunedu que su patrimonio se había elevado gracias a la tasación de seis edificaciones y siete terrenos. La información no estaba referida a las 12 sedes donde Telesup ofrecía servicios educativos en Lima y provincias, puesto que sólo acreditó la propiedad sobre tres de estos inmuebles. Los otros nueve provenían de contratos de arrendamiento o cesión en uso. Es decir, Telesup tasó algunos inmuebles que no eran utilizados para brindar servicios educativos pero que estaban a su nombre. En cuanto a los terrenos, si bien la universidad declaró haber realizado mejoras que habrían elevado su valor, estas inversiones no quedaron registradas en la contabilidad de la universidad durante los años anteriores. Los Luna tampoco especificaron si los terrenos adquiridos a lo largo de la existencia de Telesup tendrían un uso educativo, administrativo, deportivo o de cualquier otra índole.
Tras advertir todas estas irregularidades, sumadas a las deficiencias en los indicadores de las condiciones básicas de calidad educativa, la Dirección de Licenciamiento concluyó que la universidad de los Luna no se encontraba apta para seguir brindando servicios. “Se concluye que no se cuenta con el detalle necesario para determinar si la Universidad dispone con la adecuada sostenibilidad financiera que le permita garantizar la asignación de los recursos necesarios para la mejora y mantenimiento de las CBC (Condiciones Básicas de Calidad) en el mediano y largo plazo. Así como también, las inconsistencias encontradas evidencian deficiencias en su gestión financiera”, se indica en las últimas páginas del Informe Técnico de Licenciamiento.
Escuela Internacional de Posgrado
La contabilidad de Telesup no fue la única que despertó las alarmas de la Sunedu. La Escuela Internacional de Posgrado (EIP), cuyo gerente general al 2019 era José Luna Gálvez, también entregó información financiera incompleta a la Dirección de Licenciamiento. Creada por resolución de la extinta Asamblea Nacional de Rectores en el 2010, la historia de la EIP se resume a un recorte continuo de expectativas. Si bien al principio se propuso impartir cinco posgrados, durante el proceso de licenciamiento renunció a varios de ellos hasta quedarse únicamente con los de Gerencia de Proyectos Sociales y, paradójicamente, también el de Evaluación y Acreditación Educativa.
Al igual que Telesup, las Escuela Internacional de Posgrado obtuvo un primer informe desfavorable por parte de la Sunedu al desaprobar en 29 de los 37 indicadores de las condiciones básicas de calidad. Por ello, a inicios del 2019, el ente regulador de la educación universitaria le solicitó la elaboración de un Plan de Adecuación que garantice su funcionamiento en los siguientes años. La EIP envió un primer plan el 7 de mayo de ese año, pero este fue reformulado por la Junta General de Accionistas el 16 de julio. Posteriormente, mediante un escrito del 15 de agosto, la institución completó la información sobre algunas actividades alegando un error en la impresión del plan de julio.
Esta información dio lugar a unos de los hallazgos más importantes. De acuerdo a los estados financieros entregados por la EIP, en el 2018 este apenas contaba con 20 alumnos matriculados, cuya pensión promedio era de 800 soles mensuales. Tomando en cuenta estos datos, los ingresos de la EIP habrían bordeado solo los 160 mil soles anuales, un monto cuatro veces menor al indicado por sus autoridades a la Sunedu (630, 714 soles).
Tras lidiar con la insolvencia durante varios años, la Escuela Internacional de Posgrado recibió un espaldarazo en el 2018. Sin embargo, a diferencia de Telesup, este no llegó gracias a la tasación de edificaciones ni de terrenos sino de la propia billetera de sus principales accionistas: José Luna Gálvez y su hijo José Luna Morales. Ante la inminente revisión de las finanzas del centro educativo, en el 2018 el Instituto Intur Perú, cuyo representante es José Luna Gálvez, incrementó el capital de la EIP en un millón de soles a través de depósitos en efectivo y bienes muebles.
Al año siguiente, el Instituto Intur Perú hizo otro incremento de capital de 730 mil soles a través de depósitos en efectivo y bienes muebles no especificados. Otro paso para sanear la contabilidad de la Escuela fue cancelar el monto acumulado en el rubro “Otras cuentas por pagar de personal y accionistas”. El mismo que, para el 2018, había alcanzado la suma de poco más de un millón y medio de soles. José Luna Gálvez, accionista de la empresa, lo canceló por completo en efectivo en julio del 2019. Es decir, en las mismas fechas en que la Sunedu estaba efectuando su Informe Técnico de Licenciamiento.
Universidad de Ciencias de la Salud
Teniendo a José Luna Morales como gerente general, la Universidad de Ciencias de la Salud, con sede en Arequipa, fue otra de las instituciones que desaprobó en 23 de los 40 indicadores de las condiciones básicas de calidad que pasaron por la evaluación de la Sunedu. Como ocurrió en los otros casos, tras obtener un primer informe desfavorable, la UCS tampoco cumplió con entregar toda la documentación necesaria que sustentara su funcionamiento en los siguientes años. Entre septiembre del 2018 y setiembre del 2019, la institución remitió sus estados financieros de los últimos cuatro años.
Durante el proceso de licenciamiento, la universidad desistió de dos de sus cuatro carreras: Medicina Humana, Nutrición y Dietética. Las restantes, Enfermería y Obstetricia, sumaron 390 estudiantes para el primer semestre de 2019. Aunque el centro educativo registró un crecimiento continuo de sus ventas en los cuatro años anteriores al 2019, esto no alcanzó para cubrir todos sus gastos operativos. Al cierre del 2018, por ejemplo, el saldo en utilidad operativa de dicha universidad seguía mostrando un resultado desfavorable de -361 mil 351 soles. Entre el 2017 y el 2018, además, en lugar de mantenerse en azul, las “cuentas por pagar a comerciales” se elevaron de 0 a 302, 156 soles.
Al igual que en el caso de la Escuela Internacional de Posgrado, el saneamiento de las finanzas de la UCS provino de la billetera de sus socios. La principal variación se registró en la cuenta de “Efectivo y equivalente de efectivo”. Según el análisis de la Sunedu, esta aumentó gracias a aportes de accionistas y socios que contribuyeron a que esta se eleve de 396 soles a 266, 109 soles entre el 2017 y el 2018, lo cual supuso un incremento del 67 mil por ciento. En junio del 2019, por su parte, José Luna Gálvez realizó un depósito de 600 mil soles en efectivo a las cuentas de la UCS. Esto supuso una variación del 93% en el capital de la empresa, que pasó de 1 millón 381 mil soles a casi 2 millones de soles gracias a esta única operación.
Una operación de cirugía mayor a las escuálidas finanzas de la universidad que no terminó de convencer a la Sunedu. Y que, sumado a los inverosímiles compromisos de inversión en años futuros, contribuyó a la denegatoria definitiva de su licenciamiento el 4 de octubre del 2019. Se trató de la tercera y última derrota de los Luna en su intento por obtener el licenciamiento de sus tres centros educativos ante la Sunedu. Agotada esta vía, los Luna recurrieron al Poder Judicial.
El 12 de septiembre del mismo año, Telesup solicitó una medida cautelar ante el Segundo Juzgado Civil de Bagua para anular todo lo actuado por la Sunedu y reabrir las puertas de dicha universidad.
La demanda fue presentada por Jhonatan Hernández Martínez, un estudiante del sistema semipresencial de Telesup. Sin embargo, a los pocos días, a través del abogado Luis Alfonso Morey, la universidad de los Luna se constituyó en el proceso como litisconsorte. Morey, entrevistado para este reportaje, indicó que en ese momento realizó estas gestiones como parte del estudio Flores & Araoz, de propiedad del premier Ántero Flores Araoz.
Para sorpresa de los funcionarios de la Sunedu, el juez Alberto Cohen Vela admitió la demanda y dispuso la reapertura de Telesup, con lo cual el centro de estudios pudo realizar un proceso de admisión en el segundo semestre del 2019. Al hacerse público el fallo y revelarse que Cohen era investigado por la fiscalía anticorrupción por pertenecer a una presunta red criminal, este renunció y su reemplazante, Juana Cornejo Cabilla, anuló el fallo a favor de Telesup.
La decisión fue apelada por Telesup y esta fue admitida el 21 de enero pasado por el mismo juzgado. Lo que las autoridades de Telesup omitieron señalar en su reciente carta a la Sunedu es que esta apelación será resuelta por los miembros de la Sala Civil de Utcubamba el próximo 25 de noviembre.
