Camaná 615

Las matemáticas del hambre

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(Foto: Víctor Ch. Vargas)

Por Marco Zileri.-

Abilia responde el teléfono a golpe de mediodía el domingo 14 de febrero. Se escuchan voces de niños. “Estoy atendiendo a un vecino delicado”, comenta presurosa la mujer. El sol arde con fuerza ese día. Es solo cuestión de imaginar su intensidad en los cerros arenosos de Lima. Abilia está en la primera línea de fuego. El vecino se ha contagiado de COVID. Abilia Ramos Alcántara, 39, natural de Pasco, es técnico de enfermería y dirigente de la red de ollas comunes en San Juan de Lurigancho. “Si hay que cocinar piedras, las cocinamos. Si un grano de arroz debe estirar para tres, hay que hacerlo”, describe Abilia los difíciles tiempos.

En el otro extremo de la ciudad, Erico Tueroconza, coordinador de la red de ollas comunes de Manchay, en Pachacamac, define el panorama en su distrito con ejecutiva prontitud: “En la última semana, la desesperación es total”, dice. “Varias mamitas se han contagiado [de COVID]”. La ansiedad domina esas laderas, implacable como la canícula.

En Carabayllo, la coordinadora distrital es Fortunata Palomino. “En una ollita han muerto tres personas; en otra, una mamita y su niño de cinco años están graves”, describe. “Uno ya tiene miedo de salir”.

 

Olla común Nueva Esperanza. (Foto: Víctor Ch. Vargas)

 

De acuerdo al Registro de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana, el número de ollas escaló a 1644 en febrero –eran 1300 el mes anterior– y la cifra de personas alimentadas a 168 mil (de las 125 mil de enero). Ojo, al día. El hambre se propaga en la capital tanto como la incertidumbre.

En esta crítica situación, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Silvana Vargas, convocó a una segunda reunión de trabajo a la Red de Ollas Comunes de la capital, la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima Metropolitana, presidida por la regidora Jessica Huamán, y varios representantes de organizaciones sociales comprometidas con la causa, el miércoles 17.

La ministra Vargas condujo la reunión virtual con su (nuevo) equipo técnico. “Que la propia ministra coordine la reunión fue muy significativo”, indica el sociólogo Alain Santandreu, presidente ejecutivo del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo-ECOSAD y versátil facilitador de la Mesa. “Revela su compromiso con el problema”. De la reunión quedó el compromiso de continuar coordinando enfoques y acciones.

 

La regidora Jessica Huamán. (Foto: Víctor Ch. Vargas)

 

En este encuentro, además, Vargas aseguró que el MIDIS utilizará la base de datos de la Mesa de Seguridad Alimentaria –que actualiza la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Gerencia de Participación Vecinal– para identificar a las ollas comunes, e invitó a las coordinadoras distritales de la Red de Ollas Comunes a integrarse a futuros comités de vigilancia de la adecuada distribución de los víveres por las municipalidades de cada distrito. Y es que hay un grosero desfase en algunos distritos entre el número de ollas comunes registradas por la Red y el volumen de víveres solicitado por las municipalidades, entre otros problemas.

En Ate, la municipalidad presidida por Edde Cuellar, de Acción Popular (AP), pidió víveres para 41 mil personas, cuando la Red solo tiene registradas 16 ollas comunes en ese distrito, que corresponden a unas 1922 raciones. El propio municipio nunca ha compartido sus registros. En Carabayllo, el alcalde Marcos Espinoza, de Alianza Para el Progreso (APP), tiene almacenadas 357 toneladas de víveres o la mitad de lo que recibió entre noviembre y diciembre del gobierno central. ¿No hay acaso donde distribuir esa dotación que proviene del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma? En San Juan de Lurigancho, el alcalde Álex Gonzales (Podemos), coacciona a las ollas comunes para que instalen letreros con el nombre de la municipalidad, ganándose indulgencias con avemarías ajenas, a cambio de víveres. Por cierto, su esposa es candidata al Congreso por APP.

 

Olla común en Carabayllo. (Foto: Víctor Ch. Vargas)

 

Al respecto, en noviembre pasado, José Mangini, coordinador regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana, presentó el documento “Alerta: respuesta comunitaria para sobrellevar la crisis alimentaria generada por la pandemia de la COVID-19”, con recomendaciones concretas al MIDIS sobre la transparencia, el registro de las ollas y la necesaria vigilancia de la sociedad civil sobre las municipalidades distritales responsables de distribuir las toneladas de víveres de Qali Warma, redireccionadas en octubre a favor de las ollas por un plazo de 90 días.

Esta semana la ministra Vargas afirmó en la reunión que se destinarán 30 millones de soles para abastecer de víveres a las ollas comunes. El compromiso económico es tan oportuno como limitado. El hambre también responde a las reglas básicas de la aritmética:

 

Redondeando:

  • 30 millones de soles entre 1700 ollas comunes (las que hay registradas en febrero), arroja unos 17,600 soles por olla.
  • 17,600 soles entre 5 meses, que es lo que resta del presente gobierno, arroja 3,500 soles por olla al mes.
  • 3,500 soles entre 30 días, arroja 117 soles diarios por olla.
  • 117 soles diarios entre 100 comensales promedio por olla, da como resultado 1,1 soles de víveres per cápita diarios.

 

Erico Tueroconza, coordinador de la red de ollas comunes de Manchay. (Foto: Víctor Ch. Vargas)

 

El problema es que a medida que se profundiza la crisis, surgen más ollas, un asunto que el MIDIS no puede obviar. Otro problema son las ollas comunes a escala nacional, fuera de Lima, aún desatendidas y sin registrar.

“Es evidente que hay un cambio de enfoque en el MIDIS”, afirma Santandreu. “Se nos abre un nuevo escenario hasta abril o mayo”, que es hasta cuando él calcula que alcanzarán los 30 millones de soles presupuestados por el gobierno, considerando el aumento del número de ollas.

Coincide Abilia: “Desde ya, se nota que hay una voluntad política de apoyar a las ollas. No, apoyar no –se corrige–, porque la alimentación es un derecho”.

 

 

PS. El jueves 18, el Congreso aprobó por insistencia la ley 31126 que amplía la atención a los comedores, las ollas comunes y otras iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario. La norma obliga a las municipalidades distritales a registrar y administrar a estas organizaciones sociales. La norma había sido observada por el Ejecutivo el 19 de enero.

 

Publicado el viernes 19 de febrero, 2021 a las 22:46 | RSS 2.0.
Última actualización el miércoles 24 de febrero, 2021 a las 22:15

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Web por: Frederick Corazao

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