Sentadas al aire libre sobre una larga banca, siete dirigentes de la red de ollas comunes de varios distritos de Lima ofrecen una conferencia de prensa el viernes 22 de abril en el distrito de Carabayllo, en el norte de Lima. Las precede una mesa de madera nivelada con piedras sobre el suelo irregular, donde ponen sus papeles (ver el video aquí).
La cumbre de los cerros pelados emerge detrás de las banderolas, muy cerca. Abilia Ramos, de San Juan de Lurigancho, rompe fuegos. Es joven y lleva el pelo recogido. Habla de manera enérgica, pero respetuosa. Lista el pliego de reclamos de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana: presupuesto; registro; distribución; transparencia; rescate de alimentos; alimentación saludable. En suma, reclama al gobierno “una política de seguridad alimentaria”.
Sus palabras se propagan por la ladera con ayuda de un altavoz. Un amplio semicírculo de vecinas sosteniendo pancartas con el nombre de sus ollas se dibuja sobre el cascajo.
– ¡No somos una, no somos dos, somos muchas a una sola voz!
El estribillo anima el ambiente.
El megáfono rota de mano en mano. Cada dirigente hace una breve intervención. No se van por las ramas. Exigen, en sus propias palabras, lo mismo. Todas son mujeres, salvo un caballero, Teruel, de San Martín de Porres. Y es que la responsabilidad de atender el flagelo del hambre, acrecentado por la pandemia del COVID-19, reposa principalmente sobre las madres.
“Estamos reclamando algo justo que por derecho nos corresponde”, enfatiza Carmen Zúñiga.
La conferencia de prensa se desarrolla de manera ejecutiva, en medio de la polvareda. La agenda ha sido expuesta. El 28 de abril las ollas comunes amenazan con hacer un plantón frente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para acentuar la presión.
“Volveremos a izar las banderas blancas”, señala Ramos.
Los pobladores en esta zona de Carabayllo –el asentamiento humano Lomas de Torre Blanca– carecen de agua potable y para obtenerla cargan grandes bidones al hombro. Llegar a ese lugar es tan complicado que cuatro medios de comunicación que confirmaron su asistencia a la conferencia de prensa se perdieron en el camino, y nunca dieron con la ubicación.
Pero el mensaje llegó fuerte y claro a Palacio de Gobierno.
Un cuarto de millón de personas
Lo último que necesita el Gobierno es que a la olla de presión política se sumen miles de hambrientos y, para colmo, bien organizados –organizadas, más bien–. Las ollas comunes atienden a, por lo menos, 250 mil personas a escala nacional, según los cálculos conservadores del sistema informático puesto a disposición de los gobiernos locales Mankachay Perú – Mi Ollita Perú.
En el mismo momento en que se realizaba la asamblea de la red de ollas comunes, la primera vicepresidenta de la República y titular del MIDIS, Dina Boluarte, estaba en el Coliseo Casa de la Juventud del Cusco, en el VI Consejo de Ministros Descentralizado. El bramido proveniente de las graderías era incesante. El presidente Pedro Castillo aún no había llegado de Lima. Esa mañana soportó estoicamente el desplante de los comandos Chavín de Huántar en la ceremonia de conmemoración de los 25 años del rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón. Lleva la carta del referéndum a favor de un cambio constitucional bajo la manga.
Sorpresa en Palacio
El martes 26, a mediodía, Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, recibió un timbrazo telefónico.
– “El presidente de la República quiere hablar con usted en Palacio de Gobierno hoy a las siete de la noche”, le dice una voz seca y cortante.
La noticia corre como reguero de polvo entre las lideresas de la Red. El tráfico en Caquetá es un infierno, pero Palomino, que vive en Carabayllo, llega puntual a la cita. Ingresa a Palacio con creciente expectativa por la puerta de Desamparados y es conducida al salón Andrés Avelino Cáceres por un ujier. El eco de sus apresurados pasos resuena en los pasillos de mármol. Con igual agitación van llegando otras ocho dirigentes desde distintos puntos de la capital: Villa María del Triunfo; Villa El Salvador; San Juan de Lurigancho; el Rímac; El Agustino; San Martín de Porres; Ate-Vitarte y Chosica. Mientras espera la reunión, las campanas de la catedral dan lenta y parsimoniosamente las siete de la noche, luego las ocho, luego las nueve. Abilia Ramos mira la hora con creciente nerviosismo, tiene que regresar a San Juan de Lurigancho antes que el tren eléctrico suspenda el servicio.
Por fin, a golpe de diez y media, el Presidente, acompañado de un asesor, ingresa al salón. Sin sombrero. Saluda a las presentes una por una y las invita a tomar asiento alrededor de la mesa, antes de ocupar la cabecera. ¿Café, té, infusión? Pide disculpas por la tardanza. Es un día agitado. Hay otros dos grupos de personas esperando en otros salones, dice. Invita a tomar la palabra a dos personas, un varón y una mujer, sugiere, para que expongan sus demandas. Palomino le explica que hace cuatro meses que el gobierno no reparte alimentos a la gran mayoría de ollas comunes. A Castillo parece sorprenderle la noticia. Palomino hace entonces un recuento de las frustrantes gestiones con el gobierno, la más reciente con la propia ministra Boluarte hace dos semanas.
El Presidente interrumpe entonces a Palomino, y le informa que acaba de firmar la Ley de Ollas Comunes (Ley 31458), y que al día siguiente se publicará en El Peruano.
Las leyes se promulgan, pero no se reglamentan
La Ley de Ollas Comunes fue aprobada el 8 de abril por unanimidad en el pleno del Congreso. La norma reconoce finalmente a las ollas como organizaciones sociales y autoriza al fisco y a los gobiernos locales a asignarles un presupuesto directo. La rúbrica presidencial fue saludada por las dirigentes sociales, aunque no las amilanó. La lista de pendientes sigue siendo larga.
Hace más de un mes, el 30 de marzo, el gobierno instaló la comisión multisectorial encargada de proponer acciones “articuladas y conjuntas para la atención alimentaria en favor de la población más vulnerable” en Palacio de Gobierno. Dina Boluarte la preside. Solo los ministros la integran. Los representantes de las ollas comunes no tienen asiento en ella. Mientras tanto, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 31315, promulgada por el anterior gobierno el 24 de julio de 2021), que reconoce que “la alimentación es un derecho fundamental de las personas”, todavía no ha sido reglamentada. La Ley de Ollas Comunes también debe ser reglamentada para entrar en vigencia. Las dos siguen en la lista de pendientes.
La ministra Boluarte cambia de chip
El 27 de abril, al día siguiente de la sorprendente reunión con el Presidente, William Contreras, viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, y Fredy Hinojosa, director ejecutivo de Qali Warma –que, según la Ley 1472, es el programa autorizado para “realizar excepcionalmente acciones orientadas a la atención alimentaria […] de las personas en situación de vulnerabilidad”–, se reunieron con la directiva de la red de ollas. Esta vez, la ministra Boluarte estaba en el VRAEM en el VII Consejo de Ministros Descentralizado. Al final del día, el MIDIS emitió un comunicado público donde admitió muchas de las falencias e irregularidades que la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana denuncia desde hace dos años.
Un golpe de timón
Según el documento, el Midis se compromete a validar y actualizar el registro de ollas comunes del sistema informático Mankachay. El ministerio, se dice, continuará trabajando en un proyecto normativo que permita contar con presupuesto y nuevas estrategias para el abastecimiento de alimentos a las ollas comunes. El Midis invitará a la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y otras organizaciones afines a la siguiente sesión de trabajo de la comisión multisectorial. Asimismo, programará reuniones quincenales con la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, siendo el próximo encuentro el 18 de mayo. Por último, el Midis se compromete a publicar cartillas informativas sobre las responsabilidades de los comités de transparencia y acompañamiento que se han creado en cada distrito para fiscalizar la distribución de alimentos.
“La ministra cambió de chip”, apuntó Jessica Huamán, regidora de Lima, presidenta de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de la comuna metropolitana.
El renovado compromiso del Ejecutivo desactivó la protesta social: la red de ollas comunes suspendió el plantón frente al MIDIS, planeado para el jueves 28.
“La gente tiene hambre”
Desde que asumió el cargo, hace nueve meses, la titular del ministerio solo se ha reunido tres veces con las dirigentes de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. La última reunión entre Boluarte y la Red, el 12 de abril pasado, fue el parteaguas. La presidenta de la Red, Fortunata Palomino, salió de esa cita indignada.
– La gente tiene hambre. Quiere marchar para que la escuchen, advirtió a las autoridades.
El presupuesto público para financiar los programas de complementación alimentaria para la población vulnerable es inversamente proporcional al malestar social. En el 2020, el primer año de la pandemia, la partida presupuestal fue de S/ 341 millones; mientras que en 2021 fue de S/ 176 millones. Este año, el presupuesto es de solo S/ 54 millones, según el propio director ejecutivo de Qali Warma.
– Los efectos adversos del COVID van disminuyendo, se justificó Hinojosa.
Ahora el propio MIDIS gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas una partida adicional de S/ 62 millones, exclusivamente para las ollas, tal como lo autoriza la nueva ley de ollas.
Así, en cuestión de una quincena, el drama de las ollas comunes tuvo un giro inesperado, desde las alturas del asentamiento humano Lomas de Torre Blanca, en Carabayllo, hasta Palacio de Gobierno. El reconocimiento político de estas organizaciones sociales ha sido una insólita saga.
Pero ahora viene lo más difícil.
Convertir la ley en realidad. El hambre en alimento.
