Bogotá, Colombia.- La fiesta duró poco. Unas horas después de que el Consejo de Estado colombiano negara las tutelas contra la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General para destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde Gustavo Petro, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le otorgó las medidas cautelares que necesitaba para permanecer en su cargo.
El alcalde a través de su cuenta de Twitter llamó a celebrar en la Plaza de Bolívar: “Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar”. Sin embargo, mientras miles de personas acudían a su llamado, el presidente Juan Manuel Santos anunció su decisión de no acatar dichas medidas.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría y el desconcierto fue total, incluso en el interior del organismo internacional. El Secretario de la CIDH, Emilio Álvarez, dijo que la negativa del presidente colombiano era una violación a los compromisos internacionales que tiene Colombia. Santos había declarado dos meses atrás, que acataría la decisión porque era parte de sus obligaciones. “Es lo que tengo que hacer inexorablemente como Presidente de la República, seguir unos procedimientos, para eso está nuestra Constitución, para eso están nuestras leyes.”
Petro, que se había preparado para celebrar lo que consideraba el triunfo de la democracia, tuvo que cambiar su discurso y salir al balcón del Palacio Liévano por última vez para confirmar lo que muchos se resistían a escuchar. Visiblemente adolorido pero con ánimo templado, llamó a la No Violencia y a seguir adelante proyectando su programa de gobierno ‘Bogotá Humana’ a nivel nacional. “Vamos a construir una Colombia Humana”, exclamó.
Existen pocas posibilidades de que le sean restituidos sus derechos políticos y que vuelva a ocupar el cargo al que llegó por elección popular. Sin embargo, aún cuenta con algunos recursos jurídicos para su defensa. La Corte Constitucional, la última instancia judicial, debe revisar la sentencia del Consejo y emitir un concepto. También cabe interponer un recurso de nulidad, aunque es poco probable que se haga ante la falta de garantías que ofrece el sistema colombiano. La otra vía es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, para que emita medidas provisionales y reconozca que 15 años de inhabilitación y el cercenamiento del mandato serían daños irreparables.
«Existen pocas posibilidades de que le sean restituidos sus derechos políticos y que vuelva a ocupar el cargo al que llegó por elección popular».
El director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se mostró sorprendido con la decisión. “Es un serio error jurídico porque sobre este punto hay jurisprudencia clara de la Corte Constitucional que las define como vinculantes. Me imagino que hubo consideraciones políticas que fueron superiores a las jurídicas y eso es lamentable.”
Petro no se dará por vencido. Afirma que se trasladará a los barrios populares de Bogotá y que emprenderá una gira por todo el país convocando a la dirigencia campesina e indígena y a las distintas fuerzas sociales para que promuevan una Asamblea Constituyente. Liderara además la campaña por el voto el blanco; intención que según encuestas recientes, registra un 41% de favorabilidad. “Si este gobierno no es capaz de aceptar las decisiones del pueblo ni las decisiones de la justicia, como en el día de hoy ha demostrado, de manera pacífica, el pueblo colombiano debe ir a la huelga general por la Asamblea Constituyente y la paz en Colombia. La democracia y la paz en Colombia se respetan y las haremos respetar”♦
