Este jueves 21, el Congreso de la República aprobó con 76 votos a favor la ampliación de la investigación de la comisión Lava Jato hasta el 31 de mayo, pese a que el día anterior los congresistas Luis Llata, Josué Gutiérrez y Mauricio Mulder -integrantes de la comisión- retiraron sus firmas de la moción ampliatoria. Este último había pedido la suspensión de las citaciones a los expresidente de la República Alejandro Toledo y Alan García mientras duren las elecciones.
La Comisión, presidida por el congresista Juan Pari de la bancada Dignidad y Democracia, investiga el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, constructora OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, entre otras.
En declaraciones a la prensa, Pari afirmó que el primer plazo -fijado para este 25 de abril- era insuficiente, ya que “aún hay muchos cabos que atar”. Aún así, el informe preliminar asegura que diversas autoridades y funcionarios peruanos están comprometidos en negociaciones ilegales con las empresas brasileñas, durante los gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
El grupo de trabajo está a la espera de recibir documentación de las autoridades brasileñas, así como la información financiera producto del levantamiento del secreto bancario. Esta última es particularmente abundante, pues incluye a 195 personas naturales, 99 personas jurídicas y 135 extranjeros.
A continuación, los hallazgos más importantes presentados en el informe preliminar de algunos de los proyectos investigados, que también incluye el Gasoducto Sur, Línea Amarilla, Vía Costa Verde Callao.
Carreteras Interoceánicas
En 2005, el proyecto de la carretera Interoceánica Norte fue concesionado a IIRSA Norte S.A., conformado por las empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht y Graña y Montero. El informe preliminar de la comisión Lava Jato explica que el presupuesto inicial estimado de inversión de este proyecto fue modificado de 116 millones de dólares a 158 millones de dólares.
Lo mismo ocurrió con IIRSA Sur: el presupuesto inicial cambió de 692 millones de dólares a 810 millones de dólares. Sobre la base de estos nuevos montos, explica el informe, se determinó un pago anual otorgado por el Estado al concesionario, como una forma de cofinanciamiento.
Los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur fueron concesionados en 2005 a la Concesionaria Interoceánica del Sur, conformado por Odebrecht, Graña y Montero y JJC Contratistas Generales; mientras que el tramo IV lo administra el consorcio Intersur Concesiones S.A., integrado por Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao. Este proyecto, mediante Decreto Supremo N° 022-2005-EF, fue exonerado del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), decisión que el informe califica de “injustificable y cuestionable”, porque ya se había avanzado en la elaboración de documentos que son requisito para este sistema.
En ambos casos, la comisión investigadora ha determinado incrementos en el monto contratado. En IIRSA Norte, el incremento es de un 98% mientras que en los tramos II, III y IV de IIRSA Sur el incremento fue de 149%, 74% y 171% respectivamente.
El informe preliminar llama la atención sobre dos instituciones en particular. Por un lado, Gilberto Díaz Peralta, congresista de Perú Posible, es autor de una ley que en 2006 declaró de necesidad pública cinco proyectos, entre los que se encontraba la Carretera Interoceánica Norte y Sur. Sin embargo, esta ley permitió a los concesionarios de estos proyectos participar de licitaciones a pesar de tener procesos judiciales con el Estado, como fue el caso de Odebrecht. Por el otro, la comisión asegura que Ositran no supervisó los contratos de concesión ni sus modificaciones a través de adendas.
Metro de Lima, Línea 1
Para la construcción de los tramos I y II de la Línea 1 del Tren Eléctrico, el gobierno peruano contrató con el Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero, durante el segundo gobierno de Alan García.
El informe preliminar indica que entre 2008 y 2010 se construyó un marco legal -a través de decretos supremos y decretos de urgencia- que no solo facilitó la celeridad en el proceso de contratación como de ejecución de la obra, sino que permitió que se aprueben adendas sin necesidad de la opinión previa de la Contraloría. Esto provocó un sobrecosto en el Tramo I de cerca de 109 millones de dólares (26.5% más del presupuesto inicial). En el caso del Tramo II, el valor de la obra aumentó en más del 50% del presupuesto inicial: pasó de 583 millones 480 mil dólares a más de 885 millones de dólares.
La comisión investigadora llama la atención que, durante este periodo, se realizaron diversas reuniones entre los representantes de la empresa Odebrecht y Alan García, entonces presidente de la República.
Proyecto Olmos
El Proyecto Integral Olmos tiene dos etapas. La más reciente fue concesionada en 2010, durante el segundo gobierno de García, a la empresa H2Olmos S.A., de la constructora Odebrecht. La comisión Lava Jato resalta en su informe que este contrato fue modificado en diciembre del 2010 y en mayo de 2012, a pesar de que no permitía ser cambiado antes de los tres años. Estas modificaciones, señala el informe, se hicieron con el fin de que la constructora brasileña pueda adquirir tierras que luego fueron negociadas a precios superiores.
La primera etapa del proyecto, la fase del trasvase de agua, también presenta irregularidades. La Concesionaria Trasvase Olmos de Odebrecht, que recibió el proyecto en el gobierno de Toledo, detuvo la obra por 18 meses para exigir el pago de 71.7 millones de dólares como compensación por perjuicio económico. De este monto, el Gobierno Regional de Lambayeque reconoció 33.6 millones de dólares por el “tiempo perdido de la paralización que el mismo concesionario provocó”, indica el informe.
En la licitación de esta etapa del Proyecto Olmos, se sobreestimó el monto máximo que cada postor podía presentar. ¿La consecuencia? El informe señala que se pagó 50 millones 237 mil 991 dólares adicionales para esta fase.
Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura
En 2007, el consorcio Motlima-Vich-Tegepsa se adjudicó la elaboración del expediente técnico del Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura. Es en esta etapa en que la comisión encontró indicios de un direccionamiento del proceso, pues los términos de referencia necesarios para hacer el expediente técnico se hicieron en un solo día.
La supervisión de la primera etapa del proyecto, que consistía en la construcción de un túnel de 13 kilómetros, fue encargada al Consorcio Alto Piura, conformado por las empresas brasileñas Camargo Correo y Andrade Gutierrez; mientras que la construcción estuvo a cargo solamente de Camargo Correa. Ambos contratos fueron firmados en el 2010.
La firma de este contrato, en 2010, no tuvo los estudios de factibilidad necesarios, según la comisión. Además, la Contraloría señaló en marzo de 2012 que hubo un perjuicio económico de 40 millones 964 mil soles por esta obra. Las adendas al contrato se firmaron sin que exista presupuesto y las cláusulas incluidas en el contrato, explica el grupo de trabajo, beneficiaron al contratista.
En 2013, Camargo Correa anuló el contrato -con solo un 25% de avance de la obra- aduciendo que el Gobierno Regional de Piura no cumplía con los pagos. El 23 de diciembre de 2015, se retomó el proyecto con el consorcio Peruano Italiano Obrainsa-Astaldi. La comisión calculó que en cinco años, el proyecto ha recibido 534 millones de soles del gobierno central, de los cuales pagó 260 millones a la empresa Camargo Correa y 75 millones en cartas fianzas. A esto se suma un arbitraje pendiente en donde la empresa brasileña reclama 143 millones de soles.
