Al día siguiente de lo que debió ser el gran desembalse informativo, los fiscales argentinos que llegaron a la sede central de la Procuraduría General de Brasil, en Brasilia, encontraron lo que era de temer. En la reunión con sus pares brasileños se llegó a un punto muerto por visiones contrapuestas del manejo legal del caso. El resultado fue que al final del día el encuentro terminó sin acuerdo y sin que se transfiriera información para Argentina.
De acuerdo con el despacho de Iván Ruiz, de La Nación, los fiscales argentinos Sergio Rodríguez, Franco Picardi y Carlos Stornelli llegaron poco antes de las dos de la tarde al edificio de la Procuraduría, para sostener una reunión con los fiscales brasileños encabezados por el viceprocurador José Bonifacio Borges de Andrada. También participó, según fuentes con conocimiento de causa, el secretario de Cooperación Internacional de la procuraduría brasileña, Vladimir Aras.
Los argentinos buscaban llevar la información sobre «los sobornos por 35 millones de dólares pagados por Odebrecht en la Argentina», según escribió Ruiz.
Los brasileños, por su parte, indicaron estar dispuestos a entregarla, a condición de que «Argentina se comprometa a no perseguir penalmente a los ejecutivos de Odebrechdt que pagaron sobornos», según la misma fuente.
Los argentinos sostienen que eso no es posible, que no está permitido ni por sus propias leyes ni por los convenios internacionales.
Para los fiscales brasileños, la posición es clara: el acuerdo de leniencia al que se llegó en Brasil y que hizo posible la confesión sobre delitos perpetrados, entre otros países, entre ellos Argentina, supuso una negociación sobre reducción de penas que abarca todos esos delitos. En consecuencia, no entregarán la información si los argentinos no se comprometen a otorgar inmunidad legal sobre esos delitos a los delatores de Odebrecht.
Ese va a ser, probablemente, el obstáculo central para la entrega de información con varios países cuyo ordenamiento legal puede ser argumento (o pretexto) para cortar la colaboración con Brasil. Otros países probablemente se allanen a la exigencia de otorgar inmunidad a cambio de conseguir los datos buscados.
Por lo pronto, el segundo día de junio no trajo revelaciones sino atascos.
Carta interna
Entre tanto, la corporación Odebrecht hizo llegar, en varios idiomas, una carta a todos sus empleados en diversas naciones, en la que les informa que la semana pasada el 13º Juzgado Federal de Curitiba homologó el Acuerdo de Leniencia firmado por el Ministerio Público Federal de Brasil con Odebrecht.
A continuación, Odebrecht anuncia el inicio de un «programa de adhesión» a dicho acuerdo, para que cualquier empleado de la corporación que hubiera participado en los hechos ilícitos objeto del acuerdo, pueda «adherirse» a este, a condición de hacerlo antes del 15 de agosto de este año.
La empresa proporcionó tanto un número de teléfono como una dirección de correo electrónico (leniencia@odebrecht.com) para los empleados (o ex empleados) que quieran acogerse todavía a esta forma de colaboración eficaz. Odebrecht ofrece asesorar legalmente a las personas que deseen incorporarse a ese programa antes de remitir su confesión al Ministerio Público, que es el que tendrá la última palabra.
El comunicado no es espontáneo sino uno de los compromisos que asumió Odebrecht en el Acuerdo de Leniencia. Los resultados dependerán, sin duda, de la aceptación internacional, o no, de esos acuerdos.
