IDL-R publica el informe de Human Rights Watch sobre la terrible violencia que sufre la población del puerto de Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia.
Décadas de violencia han obligado a más de 5 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la segunda población más numerosa de desplazados internos a nivel mundial. En la actualidad, el problema del desplazamiento forzado en Colombia se manifiesta con mayor intensidad en Buenaventura, un puerto en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana. Durante cada uno de los tres últimos años, Buenaventura ha sido el municipio colombiano con mayor número de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares, según cifras del gobierno. En 2013, más de 13.000 habitantes de Buenaventura fueron desplazados.
En las zonas rurales de Buenaventura tiene presencia la guerrilla, que históricamente ha representado una de las principales causas del desplazamiento en la región. Sin embargo, actualmente los hechos de violencia y desplazamiento en Buenaventura se concentran en su casco urbano, donde casi no hay presencia de la guerrilla, y reside el 90 por ciento de la población del municipio.
Human Rights Watch visitó el centro urbano de Buenaventura en noviembre de 2013 para investigar qué estaba causando el desplazamiento generalizado allí. Pudimos advertir que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares—conocidos como los Urabeños y la Empresa— que restringen la circulación de los habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses.
Colombia: crisis en Buenaventura
Los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la desaparición de una gran cantidad —posiblemente cientos— de residentes de Buenaventura durante los últimos años. Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que existen “casas de pique”, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida. En marzo de 2014, luego de que investigadores judiciales encontraran manchas de sangre en dos presuntas “casas de pique” en la ciudad, la Policía indicó que había identificado varios sitios donde víctimas habrían sido descuartizadas vivas antes de que sus restos se arrojaran al mar.
Las autoridades presumen que en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había extraviado en Buenaventura entre enero de 2010 y diciembre de 2013, las personas habrían sido llevadas contra su voluntad y sido víctimas de desaparición. Esta cifra duplica a las reportadas en cualquier otro municipio en Colombia. Las entrevistas mantenidas con autoridades y residentes, al igual que informes oficiales, sugieren de manera persuasiva que la cantidad real de personas que han sido llevadas contra su voluntad y asesinadas por grupos sucesores de paramilitares en la ciudad sería considerablemente mayor.
Una de las principales causas por las cuales no se denuncian muchas de las desapariciones es el temor a represalias. Por ejemplo, un residente dijo a Human Rights Watch haber escuchado los gritos de un hombre que, según creía, estaba siendo descuartizado, pero no denunció el delito. “Por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir”, expresó. “La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”.
Las autoridades no han protegido a la población frente a los grupos sucesores de paramilitares. Los residentes de algunas zonas de la ciudad donde la Empresa o los Urabeños ejercían fuerte poder indicaron que había poca presencia policial en sus barrios. Más preocupante aún, varios residentes señalaron haber visto a policías reuniéndose con grupos sucesores en sus barrios. En general, existe una profunda desconfianza hacia las autoridades y una sensación generalizada de indefensión ante los abusos que cometen constantemente esos grupos.
La Policía afirma haber arrestado a más de 250 miembros de grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura desde enero de 2012, incluidas por lo menos 42 personas acusadas de asesinato. No obstante, para los abusos que sufren los residentes de Buenaventura, la impunidad continúa siendo la norma. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado más de 2.000 investigaciones de casos de desaparición y desplazamiento forzado perpetrados en Buenaventura por diversos actores en las dos últimas décadas, pero ninguna ha tenido como resultado una condena. En 512 de estas investigaciones, la Fiscalía aportó información a Human Rights Watch sobre si se habían imputado a presuntos responsables de estos delitos. Salvo en tres casos, no hubo imputados.
«Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida».
Las autoridades de Buenaventura no han brindado asistencia adecuada a víctimas de desplazamiento forzado luego de que debieron abandonar sus hogares. Las medidas oficiales destinadas a ayudar a personas desplazadas —exigidas en las leyes colombianas— se han distinguido por problemas como acogida provisional en sitios de albergue inadecuados, demoras en la prestación de asistencia humanitaria y la falta de protección de las propiedades que abandonan las víctimas para evitar su destrucción u ocupación por grupos sucesores.
Algunos funcionarios han restado importancia a los problemas de seguridad en Buenaventura invocando un reciente descenso de la tasa oficial de homicidios, que se redujo de 121 homicidios cada 100.000 habitantes en 2006—el índice más alto a nivel nacional— a 48 cada 100.000 en 2013. No obstante, estas cifras no son confiables, debido a la gran cantidad de desapariciones ocurridas en Buenaventura que no se informan como homicidios. Asimismo, el nivel de desplazamiento en Buenaventura aumentó de un promedio de 9.500 personas al año entre 2004 y 2008 a casi 12.000 al año entre 2009 y 2013, lo cual refuta cualquier afirmación de que la seguridad general en el municipio haya mejorado significativamente.
La falta de medidas gubernamentales eficaces para proteger a la población de Buenaventura no se debe a desconocimiento de la gravísima situación que allí se manifiesta. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia determinó que los derechos fundamentales de la población afrocolombiana desplazada dentro del país estaban siendo “masiva y continuamente desconocidos” e identificó a Buenaventura como un caso emblemático. Desde entonces, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco informes donde advierte sobre el riesgo inminente de una variedad de abusos contra la población de la ciudad. En noviembre de 2013, luego de que grupos sucesores de paramilitares desplazaran a varios miles de residentes de la ciudad en el transcurso de una semana, el Defensor del Pueblo se trasladó a Buenaventura con representantes de la ONU e indicó que la ciudad atravesaba una “crisis humanitaria”.
El 6 de marzo de 2014, luego de que un comandante regional de la Policía anunciara el descubrimiento de varios “sitios de pique” en Buenaventura, el Presidente Juan Manuel Santos indicó que el gobierno llevaría a cabo una intervención especial para dar respuesta a los problemas de seguridad de la ciudad. Además de una mayor presencia de la fuerza pública en Buenaventura, funcionarios gubernamentales prometieron adoptar medidas para mejorar las condiciones socioeconómicas en la zona.
Numerosos residentes de Buenaventura han perdido completamente su confianza en la capacidad del gobierno de protegerlos. El 13 de septiembre de 2013, cientos de ellos participaron en una marcha por la paz liderada por el obispo católico de la ciudad. La marcha avanzó por varios barrios y culminó en una cancha de fútbol, donde los participantes rezaron para que cesara la violencia. Al día siguiente, apareció en esta cancha la cabeza de un hombre de 23 años, y se encontraron los otros restos seccionados de su cuerpo esparcidos en barrios aledaños. Debido a las amenazas de muerte que miembros de su familia comenzaron a recibir cuando intentaron obtener justicia por el asesinato, tuvieron que abandonar la ciudad y, de este modo, se sumaron a las filas de desplazados de Buenaventura♦
Haga click en el siguiente enlace para leer el informe completo: “La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico”.
