Latam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, fue multada con 22 millones de dólares por las autoridades de Estados Unidos, por violar la ley federal contra las prácticas corruptas en el extranjero al haber sobornado a líderes sindicales en Argentina en 2006.
La empresa, sin aceptar ni negar los hechos, prefirió acordar el pago de multas por 12.75 millones de dólares al Departamento de Justicia y 9.44 millones de dólares a la Comisión del Mercado y Valores. Al cotizar en bolsa estadounidense, la empresa fue castigada en Estados Unidos por sobornos perpetrados en Argentina.
En 2006, cuando la empresa era la ya gigantesca LAN Airlines -antes de la reciente fusión con TAM S.A.- su filial argentina atravesó un conflicto con los trabajadores que exigían un aumento de salarios.
Ignacio Cueto Plaza, quien era Presidente y Jefe de Operaciones de LAN en esa época, autorizó el pago de 1.15 millones de dólares para pagar un acuerdo de consultoría que era en realidad ficticio con un asesor de Ricardo Jaime, ex ministro de Transporte de Argentina. La consultoría, por cierto, nunca se realizó. Lo que hizo el asesor fue servir de intermediario para sobornar, con parte de ese dinero, a los dirigentes sindicales argentinos, con el fin de que los trabajadores terminen la huelga y acepten menores salarios.
«¿Fue realmente efectiva la sanción impuesta a LATAM? Muchas empresas siguen dispuestas a «invertir» en coimas y sobornos en el extranjero, pues las multas excesivamente bajas de dichos países permiten que salgan ganando a pesar del desembolso».
La compañía mantuvo en secreto el soborno hasta que el hecho fue destapado por la prensa argentina en 2010.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estima que la empresa logró ahorrar más de 6.7 millones de dólares en salarios gracias al soborno a los líderes sindicales. Si bien la cifra ha sido superada con creces por el monto que tendrá que pagar como sanción, representa un porcentaje bajo comparada con sus ingresos anuales.
No es la primera vez que LAN acuerda pagar una multa con sus demandantes.
En junio de 2011, fue multada con 66 millones de dólares por colusión de precios en Estados Unidos. En 2009, la aerolínea llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses de pagar 88 millones de dólares también por colusión de precios.
¿Sanciones eficaces?
¿Fue realmente efectiva la sanción impuesta a LATAM? Muchas empresas siguen dispuestas a «invertir» en coimas y sobornos en el extranjero, pues las multas excesivamente bajas de dichos países permiten que salgan ganando a pesar del desembolso.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó a inicios de este mes un estudio sobre el soborno internacional, cuyas conclusiones son una cínica verdad: el dinero negro puede ser entendido como una inversión atractiva para las empresas en muchos países cuando las sanciones no son lo suficientemente severas.
El problema radica en la débil reglamentación y aplicación de los castigos que existen sobre estos actos. La compañía evalúa la probabilidad de que sus operaciones sean detectadas y la fuerza del castigo para decidir si ‘invertir’ en coimas o no. Según la simulación de la OCDE, 23 países de los 41 que son miembros de la Convención contra el Soborno, son tierra fértil para sobornar y, a pesar del castigo, salir ganando.
Según el mismo estudio, más de la mitad de los países miembros de esta Convención contra el Soborno no han podido juzgar satisfactoriamente a una compañía o persona individual por sobornos extranjeros desde 1999. Por lo que no hay ningún precedente negativo para una compañía que quiera ‘invertir’ en sobornos en esos territorios.
En el caso de Argentina, se ha podido abrir solo un proceso por sobornos extranjeros en el período 2011-2014. En la evaluación hecha por Transparencia Internacional, esta ubica a Argentina dentro de los países que prácticamente no han tomado medidas de aplicación contra el soborno transnacional. “No existe efecto disuasorio”, cita el informe.
Sin embargo, la publicación del OCDE también propone dos formas de enfrentar el problema. La primera es imponer un mayor endurecimiento de las penas como complemento a la escasa habilidad para detectar la corrupción de funcionarios. Y la segunda es usar la confiscación de bienes como un arma disuasiva.
