Pocos días después de asumir el cargo de fiscal de la Nación, Patricia Benavides nombró, el 7 de julio, a Nórvil Cieza Montenegro como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.
Es un cargo muy importante. La Escuela del Ministerio Público fue creada para la capacitación y el perfeccionamiento continuo de los fiscales, con cursos y talleres que les permitan comprender y enfrentar los complejos problemas que les presenta la vida y que no alcanzaron a estudiar en sus universidades.
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Por ejemplo, ¿cómo puede un fiscal investigar por estafa agravada a quien la fiscal de la Nación acaba de nombrar como gerente central de la Escuela del Ministerio Público?
Si el caso fuera hipotético sería interesante. Pero lo es mucho más por ser real, como lo es.
Casi todo misterio académico –y este no fue la excepción– empieza también en el ámbito académico … o el que se presenta como tal.
Patricia Benavides obtuvo tanto la maestría como el doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP), en los años 2008 y 2009. Eso fue, claro está, antes de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara la licencia a esa universidad por no cumplir con estándares académicos básicos.
El presidente del jurado calificador en la maestría y, un año después, en el doctorado, fue Willy Ramírez Chávarry, entonces catedrático “principal” de la UAP.
El jurado calificó la tesis de Benavides, que obtuvo la maestría en Derecho Civil y Comercial el 18 de julio de 2008, con un Magna Cum Laude, lo que significa literalmente “con grandes honores [o elogios]” y equivale a “muy destacado” o “sobresaliente”. La única calificación superior es “Summa Cum Laude”, que equivale a un veinte de nota.
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El 4 de diciembre de 2009, con Ramírez Chávarry otra vez como presidente del jurado, Patricia Benavides optó por el grado de doctor en Derecho en Alas Peruanas; y su tesis volvió a ser calificada Magna Cum Laude por el jurado.
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Maestría y doctorado en menos de dos años, con dos Magna Cum Laude. Uno supondría que las dos tesis fueron extraordinarias … pero no hay cómo saberlo.
En septiembre de este año, IDL-R pidió a Alas Peruanas una copia de las tesis; y reiteró varias veces el pedido. Pero la exaérea universidad, después del forzoso aterrizaje que significó la denegatoria de licencia por la Sunedu, ni siquiera contestó y menos ofreció una explicación.
IDL-R también solicitó las tesis a su autora, la fiscal de la Nación, a través de la oficina de prensa de su institución. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
De manera que, por lo menos hasta ahora, las dos tesis están desaparecidas y apreciar su calidad es materia de clarividencia antes que de comprobación.
El que fuera presidente de aquellos jurados en Alas Peruanas, Willy Ramírez Chávarry, es hoy miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), delegado por el Colegio de Abogados de Lima, nada menos.
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¿Qué tiene que ver Nórvil Cieza con esa historia?
Sucede que existe una larga y reveladora trayectoria que une a Ramírez Chávarry con Nórvil Cieza Montenegro, que puede explicar la razón del nombramiento de este como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.
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Cieza Montenegro es un licenciado en Educación y abogado que, en las dos últimas décadas, ocupó diversos cargos en tres universidades que terminaron con sus licencias denegadas por la Sunedu. Fue docente de la Universidad Alas Peruanas (UAP), vicerrector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) y coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Juan Pablo II.
A lo largo de esa trayectoria profesional, Cieza Montenegro mantuvo una sólida y consistente relación con Willy Ramírez Chávarry.
Ambos, Ramírez y Cieza, son oriundos de la provincia de San Miguel, en Cajamarca; y ambos estudiaron Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Luego, aterrizaron como catedráticos en la Universidad Alas Peruanas. Y en medio de sus vuelos académicos, ambos obtuvieron sus doctorados en una universidad por correspondencia (o “a distancia”, si prefieren), la Atlantic International University, con sede en Honolulu, Hawái.
Es la universidad que otorgó, en tiempo récord, doctorados a una gran cantidad del personal docente de Alas Peruanas, que se declaró muy emocionada por esa relación y su lluvia de doctorados. Emoción que, luego, parece que no compartió la Sunedu.
En 2005, Cieza y Ramírez publicaron un libro voluminoso sobre ‘Derecho Romano’, bajo el sello del Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas.https://www.youtube.com/embed/F5_MEEPJ-fE
Pero dicho tratado no fue la única vez en la que ambos personajes se vincularon como coautores.
En 2017, Cieza y Ramírez fueron denunciados por estafa agravada por haber, supuestamente, ofrecido títulos de maestría en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) sin que dichos estudios tuvieran acreditación de la Sunedu.
En ese año, ambos se habían mudado, cuando menos parcialmente, de la Universidad Alas Peruanas, para ejercer los cargos de rector (Ramírez Chávarry) y vicerrector (Cieza Montenegro) de la UPCI.
El abogado José Rolando Chávez Hernández denunció ese año a Ramírez y Cieza ante el Ministerio Público por estafa agravada. A decir de Chávez, el entonces rector de la UPCI, Willy Ramírez Chávarry, le ofreció obtener una maestría en Derecho Civil y Comercial en un plazo de dos meses, previo pago por la convalidación de cursos de una maestría cursada en otra universidad.
Sin embargo, tras sustentar y aprobar su tesis de grado, Chávez adujo que tanto Ramírez Chávarry como el vicerrector de la casa de estudios, Cieza Montenegro, incumplieron con entregarle el diploma. Preocupado, el mismo Chávez hizo una consulta a la Sunedu. La respuesta del ente regulador, para su sorpresa, fue que la UPCI no estaba facultada para dictar dicha maestría.
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Como respaldo, Chávez presentó a la Fiscalía el cuadro de cursos convalidados que lleva la firma de Ramírez Chávarry, quien, además de rector, era director de la Escuela de Posgrado de la UPCI. El denunciante también presentó el acta de sustentación de su tesis, en la que Cieza Montenegro figura como presidente del jurado calificador.
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A pesar de ello, el 20 de agosto de 2019 la fiscal provincial Yanet Roller archivó la investigación con el asombroso argumento de que, si bien quedaba comprobado que la universidad no estaba autorizada para dictar dicha maestría, “existe competencia [sic] de la víctima, pues la persona José Rolando Chávez Hernández, a efectos de proteger su patrimonio se encontraba en la obligación de verificar si la UPCI contaba o no con la autorización para prestar y/o ofertar el programa de Maestría en Civil y Comercial, por lo que la responsabilidad le es imputada a su persona”.
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En otras palabras, el responsable de la estafa era la víctima, no el estafador. Chávez Hernández presentó una queja, pero en noviembre de 2019 la fiscal superior Sonia Chávez la declaró inadmisible. Sin tomar en cuenta que Ramírez y Cieza tuvieron injerencia directa en la convalidación de cursos y aprobación de la tesis, la fiscal Chávez argumentó que el rector y vicerrector “no se encuentran directamente relacionados con la expedición de grados académicos” y, por lo tanto, no les cabía responsabilidad penal.
Mientras el caso seguía su curso azangarino en la Fiscalía, el 31 de octubre de 2018 Ramírez Chávarry fue despedido como rector de la UPCI. Pero la razón no fue ese sino otro caso.
De acuerdo con el documento de despido, tanto Ramírez Chávarry como Cieza Montenegro habían infringido el Reglamento de Convalidaciones de la institución para “favorecer indebidamente a la alumna Jane Mariette Jansson de Ramírez”, esposa de Willy Ramírez Chávarry.
Entre otros argumentos, se daba cuenta de que, al trasladarse de la Universidad Alas Peruanas a la UPCI, Jane Jansson de Ramírez logró la convalidación de 21 asignaturas, pese a que solo se “evidencian fotocopias simples de 13 sílabos [asignaturas, NdR] de la Facultad de origen”.
La carta precisaba que Ramírez “tenía perfecto conocimiento del proceder del Dr. Cieza y que favoreció a su señora cónyuge, por lo que se debe concluir que ha incurrido en las faltas a las que se refiere la Carta de Preaviso, más aún si tenemos en cuenta los descargos del Dr. Cieza que evidencian un claro contubernio con su persona”.
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Pero Ramírez Chávarry logró, en octubre de 2020, que el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte de Lima emitiera una sentencia a su favor por despido arbitrario. Ramírez argumentó, entonces, que las personas que lo despidieron no tenían capacidad para ejercer la representación jurídica de la UPCI.
El juzgado, a cargo de Pamela Cumpa Moreno, concluyó que si bien se advertían «errores» en el proceso de convalidación de los cursos de Jane Jansson de Ramírez, la UPCI no había podido probar de forma fehaciente la injerencia de Ramírez Chávarry ni de Cieza Montenegro. En consecuencia, dispuso que la casa de estudios indemnizara al abogado:
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Un dato que la jueza quizá ignoró es que los tres personajes estaban vinculados hasta los dientes. De acuerdo con Registros Públicos, en 2007 se inscribió el primer Consejo Directivo de la Asociación de Odontólogos Voluntarios del Perú (OvPerú). Ramírez Chávarry fue designado vicepresidente; Jansson, secretaria de Asuntos Exteriores, y Cieza Montenegro, vocal de Promoción Institucional.
OvPerú, inscrita como Organismo No Gubernamental en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), fue dada de baja de oficio en junio de 2013.
Pese a las evidencias, Ramírez Chávarry parecía haberse librado de las acusaciones en su contra, lo que le permitió proseguir en su singular ascenso institucional. Sin embargo, en mayo de 2021 fue excluido de la lista de postulantes al Tribunal Constitucional debido a una tacha presentada en su contra.
El autor de la tacha fue José Rolando Chávez Hernández, el abogado que lo denunció sin éxito ante la Fiscalía por estafa agravada. Esta vez la tacha de Chávez prosperó.
En su denuncia, Chávez reveló además la demanda civil que había interpuesto contra Ramírez Chávarry, Nórvil Cieza y la UPCI, reclamando indemnización por daños y perjuicios.
El caso se encuentra en el 34 Juzgado Civil de la Corte de Lima, a cargo del juez Eddy Vidal Ccanto, a la espera de una sentencia.
Las historias continuaron. Ramírez Chávarry logró eventualmente ser elegido como representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Su nombre no tardó en retornar a la notoriedad.
En mayo de este año, 2022, el vacado alcalde de Lima, Jorge Muñoz presentó unos audios sobre una presunta extorsión.
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En uno de los audios, un funcionario de la Municipalidad de Lima afirma conocer al hermano de un miembro del JNE de apellido “Ramírez” que podría ayudar a Muñoz a revertir la vacancia a cambio de un soborno.
La denuncia originó una investigación preliminar en el despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien allanó el domicilio de Johan Ramírez Chavarry, hermano de Willy Ramírez, y posteriormente logró que el Poder Judicial dictara impedimento de salida del país en su contra.
Nórvil Cieza Montenegro, en tanto, mantuvo vínculos con la UAP en tiempos recientes.
El año pasado fue el asesor de tesis de dos estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Alas Peruanas. El primero, Carlos Isaac Acosta Ledesma, se ha desempeñado como secretario de confianza de los jueces supremos Carlos Arias Lazarte y Eliana Araujo Sánchez, y optaba el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, mientras que la segunda, Lidia Cristina de la Cruz Arriarán, es fiscal adjunta provincial de Lima Este y buscaba obtener el grado de doctor en Derecho.
Pareciera un caso de dos por uno, pues las semejanzas entre ambas tesis son evidentes, comenzando por los títulos:
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Y continúan en la introducción:
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Las coincidencias prosiguen en el marco teórico:
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Probablemente gracias a méritos académicos como esos, Nórvil Cieza Montenegro fue nombrado gerente central de la Escuela del Ministerio Público el 7 de julio de este año, apenas seis días después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación.
Cieza encabezó varios eventos académicos hasta inicios de octubre, cuando fue reemplazado por la abogada Wendy Ledesma. Sin embargo, se mantiene en la misma Escuela del Ministerio Público, con el cargo de gerente académico.
No hay nada que hacer. Con Alas Peruanas y sus pasajeros se vuela lejos.