En las últimas semanas, la situación legal del representante de ISDS en el Perú, Saul Mishkin, se ha complicado inesperadamente. Fue detenido el 18 de enero en Las Vegas, en el marco de una gigantesca operación montada por el FBI para capturar a un conjunto de empresarios acusados de ofrecer sobornos a supuestas autoridades de un país africano. Las “autoridades” eran en realidad señuelos del FBI que tendieron pacientemente la trampa y la cerraron espectacularmente en Las Vegas.
Mishkin, junto a otras 21 personas, fue contactado por falsos representantes del gobierno africano –en realidad, agentes federales y gente controlada por el FBI– y acordó, según la acusación fiscal, pagar hasta un 20% de comisión a cambio de ser uno de los beneficiados de un contrato de venta de equipos militares de US$ 15 millones.
Luego de pagar US$ 100 mil para salir en libertad –el 10% de la fianza de US$ 1 millón que le fue impuesta–, el empresario retornó a su residencia, en Miami, desde donde afrontará este nuevo juicio.
Aunque Mishkin no actuó como representante de ISDS sino de su propia compañía, Orkil International LLC, es probable que esta situación afecte el proceso que se le sigue por el caso de los chalecos antibalas e, incluso, podría tener repercusiones en el de los portatropas. Por lo menos así lo cree su abogado en Perú, Luis Corvetto. “Podría haber presión para que los señores Mishkin y Gleser sean incluidos en la denuncia. Las informaciones que se han propalado sobre el tema recientemente apuntan a eso”, opina.
