La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) hicieron pública su preocupación por la investigación fiscal abierta a Gustavo Gorriti, director de IDL-R, y exigieron a las autoridades que respeten el derecho a la reserva de fuentes periodísticas.
“Con motivo de la investigación al periodista Gustavo Gorriti, APEP recuerda que la reserva de fuentes anónimas es una parte fundamental de la labor periodística y, asimismo, un derecho protegido por la Constitución peruana”, alerta el comunicado emitido el viernes 5 de abril por la junta directiva, en representación de 74 socios pertenecientes a 50 medios internacionales y oficiales de prensa de tres embajadas.
La institución fundada en 1964, que agrupa a los corresponsales de medios extranjeros que trabajan en el Perú, añade que “la garantía al secreto profesional periodístico es un indicador básico de la libertad de la prensa, permitiendo el cumplimiento de su rol vigilante y denunciante. Sin poder prometer el anonimato a fuentes periodísticas que temen represalias, importantes hechos de interés público simplemente no se llegarían a conocer”. Por ello, la APEP exigió “a toda autoridad a cumplir su obligación de respetar el derecho a la reserva periodística”.
El fiscal supremo Alcides Chinchay abrió una investigación por cohecho al director de IDL-R el 27 de marzo, basada en versiones distorsionadas o falsas del exasesor Jaime Villanueva, difundidas por medios dedicados a la desinformación y que son parte de una campaña de demolición y hostigamiento a este medio y a otros periodistas independientes.
Como parte de los actos de indagación, Chinchay solicitó a Gorriti el número de teléfono que utilizó entre enero de 2016 y abril de 2021, es decir, durante las investigaciones periodísticas de los casos Lava Jato y CNM-Audios, en los que están involucrados expresidentes peruanos, la lideresa de Fuerza Popular y otros dirigentes de su partido y aliados, abogados, y operadores del sistema de justicia, entre otros. En la apertura de investigación, el fiscal dispuso como parte de las diligencias, “autorizar, en su oportunidad, el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista”.
A su vez, el Consejo de la Prensa Peruana también mostró su preocupación por el caso que involucra a Gorriti, “dados los efectos que puede tener en el periodismo de investigación” porque el levantamiento del secreto de comunicaciones “atenta contra el derecho constitucional de protección de las fuentes de información que maneja la prensa”.
La asociación que reúne a directores de diarios, canales de televisión y medios digitales peruanos sostiene en un comunicado que sin la reserva y protección de las fuentes, a los periodistas de investigación les resultaría imposible “acceder a información de interés público”.
El Consejo de la Prensa Peruana plantea que para el ejercicio libre del periodismo y el conocimiento ciudadano es clave la protección de las fuentes y por ello “las autoridades están obligadas a respetar y proteger este derecho fundamental”.
El comunicado aclara que un periodista puede ser investigado como “cualquier otro peruano. Sin embargo, levantar el secreto de las comunicaciones de Gorriti abre una puerta peligrosa para que la Fiscalía –una de las principales instituciones agresoras de las libertades de expresión y de prensa en los últimos tiempos, según ha reportado el Consejo de la Prensa Peruana– abuse de esta figura para perseguir, amedrentar y limitar al periodismo de investigación”.
El CPP está conformado por once socios que integran la asamblea general, entre ellos el diario El Comercio, y los grupos RPP y La República.
