Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue entrevistada por la periodista colombiana María Jimena Duzán, en su podcast ‘A fondo’, sobre la investigación fiscal a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, el 14 de abril pasado.
A continuación, las declaraciones más importantes de Botero, quien alertó que la disposición del fiscal Alcides Chinchay afecta de manera grave la libertad de expresión. “Si esta acusación llegara a prosperar, se acabó el periodismo de investigación. […] La fiscalía está violando los estándares interamericanos en materia derechos humanos en abrir esa investigación, al anunciar que está pidiendo el teléfono y decir que puede pedir los instrumentos de trabajo y las computadoras, porque eso es una violación flagrante de la reserva de la fuente protegida por la Convención Interamericana de derechos humanos”.
“Perú fue, luego de Brasil, el que más avanzó en la lucha por el caso Lava Jato. Y fue el país que más avanzó porque el periodismo de investigación […] tuvo todas las condiciones para poder avanzar, porque tenían periodistas de investigación rigurosos y serios que armaron esa red regional con periodistas en Brasil y otros lugares de América Latina, y al mismo tiempo […] un grupo de fiscales íntegros, decididos a cumplir con su deber, tenían una condición: eran independientes […] Por eso se hicieron investigaciones contra gente intocable”.
Gorriti “ejerció su derecho fundamental de investigar, opinar e informar a la sociedad peruana sobre el caso más grave de corrupción que durante décadas ha tenido América Latina. Ese es su delito”.
«Nadie tiene el derecho a no ser investigado. Pero todo el mundo tiene derecho a que una apertura de una investigación criminal tenga bases razonables. No se puede abrir una investigación criminal por el ejercicio de un derecho fundamental. Eso pasa en las dictaduras, eso no pasa en las democracias”.
