Esta semana (13 setiembre 2009), el secretario regional del Apra en Arequipa, Antonio Gamero Márquez, reunió a la prensa para manifestar su apoyo a la instalación de las harineras Triarc y Natalia SAC en el litoral arequipeño, pese a que existen denuncias de irregularidades en los trámites que realizaron para obtener sus licencias de funcionamiento. El tema está oficialmente politizado.
Representantes de Triarc negaron además haber depredado más del 50 por ciento de la población juvenil de anchoveta que hay en las aguas de Quilca, durante los cinco días que operó, como indicó la denuncia de El Búho 389. Mientras que Natalia SAC asegura que usará procedimientos limpios de procesamiento.
Pero estas explicaciones no han satisfecho al gobierno regional de Arequipa (GRA) que insistirá ante el ministerio de la Producción (Produce) para que prohíba a las empresas operar en la región, hasta que la Contraloría de la República emita su informe sobre las supuestas irregularidades. Los consejeros regionales se reunieron la noche del viernes y tomaron ese acuerdo.
Se reconoció que este acuerdo es sólo un pronunciamiento sin plazos y sin carácter restrictivo, por lo que propusieron ir a Camaná para explicar la situación a la población. No descartaron la idea de hacer una protesta pública ante el Congreso de la República, debido a que el tema se ha politizado, luego que el secretario regional de Apra en Arequipa, Antonio Gamero, tomó posición a favor de las harineras.
Una facción aprista también ha hecho pública su posición; pero en contra de lo expresado por Gamero. Augusto Gamarra, cuya lista perdió ante la de Gamero en las pasadas elecciones internas del Apra en Arequipa, ha dicho que su partido debe defender los intereses sociales frente a las inversiones privadas, criticando que el secretario regional aprista haya asumido la defensa de las harineras en una situación tan delicada.
Se defienden
Los representantes de Triarc y Natalia SAC aseguran que no dejarán de operar porque han invertido demasiado capital. Asesores de Triarc negaron el último miércoles, en conferencia de prensa, que hayan depredado la anchoveta en sus primeros días de operación. Indicaron que la cuota pesquera establecida por el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) es de 500 mil toneladas anuales, una cifra que estiman no transgredirán.
El alcalde de Quilca, Henry Cáceres, en la misma conferencia, resaltó que estas harineras aportarán 800 mil soles por canon a su distrito y que generarán 80 puestos de trabajo a una población de más mil 500 personas. El burgomaestre afirma que hay intenciones escondidas para evitar la instalación de las plantas. Asegura que el GRA pretende dar la concesión a la empresa harinera Diamante SAC., que opera en la Caleta Agua (Islay-Mollendo), para que se traslade a la quebrada de la Sorda, donde opera Triarc.
Por su lado, Gamero Márquez solicitó a las autoridades locales y regionales realizar una audiencia pública para tratar el tema porque considera que «hay discriminación a las partes». La propuesta fue rechazada por el asesor legal del GRA, Walter Paz Valderrama. Según su postura, éste no es un asunto político, sino un tema técnico-legal que debe ser tratado entre los directos protagonistas, como se ha hecho en la mesa técnica conformada por Produce, autoridades y sociedad civil de Camaná.
Contradicciones
El informe preliminar de la mesa técnica, presentado por Paz Valderrama, afirma que hubo irregularidades en la obtención de autorizaciones y permisos de las harineras. Se reconocieron al menos cuatro defectos legales, evasión de requisitos en los procedimientos administrativos, observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) e invasión en zonas arqueológicas.
Sin embargo, Produce parece tener una lectura opuesta. La asesora del ministerio, Úrsula Letona, declaró a un medio local que no hubo ningún defecto en estas concesiones. Mediante un comunicado, Produce ratificó esta versión y además rechazó que en el informe de la comisión se acepte la existencia de irregularidades. Pero el supuesto mea culpa estaría en el punto 2.1 del documento, donde se reconoce que no se tuvieron en cuenta aspectos ambientales y de patrimonio. El texto fue firmado por representantes del Ejecutivo.
Contraloría
En sus recomendaciones principales el informe establece que hay otras cinco empresas dedicadas al procesamiento de harina de pescado que procesan 531 toneladas por hora, mientras que otras cuatro plantas transforman pescado para consumo humano con 80 toneladas por día. Es necesario, según el informe, evaluar si esa relación porcentual es adecuada con los fines ambientales y priorizar los recursos para el consumo humano.
Finalmente establece que será la Contraloría de la República quien decida la suerte de las harineras. En caso se confirme los vicios administrativos, las empresas ya no podrían operar en la región, además tendrían que desarmar las plantas e irse del litoral arequipeño. Ver para creer. (Sonia Quispe, El Búho, Arequipa.)
