Para la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) la investigación fiscal abierta al director de IDL-R, Gustavo Gorriti, busca un efecto disuasorio en el periodismo investigativo y potenciales fuentes informativas acerca de hechos de corrupción, porque afecta a un medio y un periodista de amplio reconocimiento. Artur Romeu, director de la oficina de América Latina de RSF, sostiene que el acoso judicial que promueven grupos políticos investigados intenta ampliar la desconfianza que ya existe hacia las instituciones y el periodismo, porque la mejor manera que tiene un político para evadir el escrutinio público “es atacar al mensajero”.
Romeu visitó Guatemala en febrero para abogar por la liberación del periodista José Rubén Zamora, atacado y encarcelado por el régimen del expresidente Alejandro Giammattei. El representante de RSF ve un paralelo en el “efecto paralizante” que buscan, tanto en Guatemala como en el Perú, los ataques a personalidades notorias del periodismo.
En 2023, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF ubicó al Perú en el puesto 110 de 180 países, con un retroceso de 33 posiciones, la mayor caída en ese año. Guatemala, en el puesto 127.
En Centroamérica el acoso judicial ha golpeado duramente a los periodistas de investigación. ¿También piden levantar el secreto de las comunicaciones?
El acoso judicial a periodistas y comunicadores en América Latina es recurrente, es parte de los mecanismos de censura. No hablamos de los mecanismos clásicos contra la libre circulación de información como en alguna medida en Cuba, Venezuela o Nicaragua, sino que en las democracias es una herramienta sistemática de persecución. Se hace de maneras distintas, las más frecuentes son procesos por calumnia o difamación que intentan intimidar al periodista que revela información relativa a los intereses de grupos políticos o criminales. Pero es menos común que busquen informaciones sobre las fuentes periodísticas o se piden de manera no tan directa: por ejemplo la nomenclatura del teléfono móvil o la computadora, en acusaciones de delitos de extorsión a periodistas. Lo que me parece particular en el caso de Gorriti e IDL-Reporteros es que el reconocimiento público y la seriedad del trabajo del medio han quedado evidenciados ampliamente, y aún así es sorprendente que las autoridades intentan crear un hecho de investigación para generar y ejercer presión.
Para atacar pudieron haberlo hecho de otras formas, pero no hay garantías de libertad de prensa porque el secreto de las fuentes periodísticas es absolutamente crucial. Ello deja claro un mensaje de intimidación no solamente al periodista y al medio, sino a las personas que potencialmente tienen denuncias que quieren llevar a los medios y periodistas, porque crea un escenario de vulnerabilidad. Se amplía el ‘chilling effect’ [efecto paralizante], la capacidad disuasoria. Es importante hacer notar que [la investigación fiscal] no se trata solo de un ataque a la integridad de un periodista y un medio, es un mensaje al periodismo de investigación especializado en abordar la corrupción.
Por eso se va al secreto de fuentes aunque eso no es tan común con periodistas de reconocimiento público tan alto.
Exacto. Porque en los cálculos políticos que se hacen para abrir ese tipo de investigaciones se evalúa el impacto de visibilidad, qué tipo de reacción pueden generar esos intentos cuando se trata de un periodista en un medio de poca visibilidad en una ciudad pequeña o mediana. Los riesgos para quien quiere hacer presión en esos actores es menor, que cuando quieren silenciar el trabajo periodístico de medios y periodistas de referencia nacional con un reconocimiento muy establecido.
Tenemos un elemento central sobre el que tenemos que estar muy atentos. Ese intento no es solo contra Gustavo Gorriti e IDL-R, es un mensaje a la comunidad periodística en Perú y a las potenciales fuentes interesadas en revelar hechos de corrupción: que si hablan con periodistas pueden estar expuestos.
Si se puede hacer eso con un personaje tan relevante del periodismo peruano como Gorriti, en los periodistas de menos visibilidad genera un efecto intimidatorio y disuasorio. El hecho de que [la investigación fiscal] apunta al secreto de fuentes refuerza esa preocupación porque es un aspecto central del ejercicio periodístico. No sé cómo está contemplado en la Constitución peruana.
«Ese intento no es solo contra Gustavo Gorriti e IDL-R, es un mensaje a la comunidad periodística en Perú y a las potenciales fuentes interesadas en revelar hechos de corrupción»
Dice que toda persona tiene derecho a guardar el secreto profesional.
Si está en la Constitución es aún más sorprendente la apertura de la investigación: tiene una connotación muy clara de intimidación porque el secreto de fuentes es el mecanismo más importante del periodismo de investigación. En algunos casos se materializa para presionar a que revelen sus fuentes, eso ya pasó con Glenn Greenwald en Brasil en el caso Lava Jato.
Atacar al mensajero
El comunicado de RSF de la semana pasada destaca la crisis institucional que vive el Perú. Esta investigación fiscal surge en un contexto de debilidad de la sociedad civil y el poder concentrado en fuerzas políticas investigadas por corrupción.
Uno de los retos para el ejercicio periodístico está en la relación entre sociedad y periodismo. Normalmente vemos que liderazgos políticos, grupos políticos, gobiernos y jefes de Estado se aprovechan de esa tensión o de los discursos ‘antiperiodismo’ para ampliar un abismo. Contribuyen a la ampliación de la desconfianza de la sociedad hacia el periodismo y se aprovechan de ella porque la mejor manera que tiene un político para evadir el escrutinio público es atacar al mensajero. Si están trabajando en la lógica sistemática de mellar la credibilidad del periodismo, promueven una desconfianza hacia el periodismo, no solo hacia un periodista o un medio.
Hacia la actividad profesional.
Exacto. Cuando alguien logra movilizar sus bases electorales a través de la ampliación y promoción de la desconfianza entre sociedad y periodismo, ya no tiene que preocuparse tanto por los hechos reportados por la prensa porque puede decir: ‘Mira: ese periodista forma parte de una estructura criminal’. Eso es lo que están haciendo con Gustavo. Se aprovechan de la deslegitimación y estigmatización de la prensa para promover lo que quieren.
En términos del gobierno, ya no está preocupado por la defensa de la libertad de prensa, sino por cómo puede tener mayor control sobre el debate público, sobre la agenda pública, al promover sistemáticamente una lógica de deslegitimación del trabajo periodístico. Ese es uno de los aspectos de la crisis institucional en el Perú porque ya hay una desconfianza muy grande de la sociedad hacia las instituciones del Estado, no recuerdo las últimas cifras.
«Contribuyen a la ampliación de la desconfianza de la sociedad hacia el periodismo y se aprovechan de ella porque la mejor manera que tiene un político para evadir el escrutinio público es atacar al mensajero».
En las encuestas, 7% de aprobación a Dina Boluarte y 9% al Congreso.
Si uno piensa en términos de democracias representativas, no se puede imaginar que haya ese nivel de desconfianza en la clase política. Eso alimenta una desconfianza con los medios y los periodistas de manera en general, como parte de una especie de reacción y una sobredosis de indignación ante los medios tradicionales, los cercanos al poder.
La crisis institucional que vive Perú seguramente afecta la capacidad [de la sociedad civil], porque los políticos se aprovechan de una especie de cansancio hacia las estructuras, los periodistas, los políticos. Un cansancio con todo. Es parte de la estrategia alimentar la desconfianza y aprovecharse de ella para promover la narrativa política que funcione mejor con el fin de alimentar un escenario de polarización, con grupos políticos –minoritarios pero muy organizados– que tienen una amplia capacidad de movilización de discurso público.
«Los daños ya están hechos»
RSF ha pedido al Ministerio Público que archive la investigación a Gorriti.
Lo más triste en este proceso es que independientemente del resultado de la potencial investigación, en términos de la integridad y la labor periodística de Gustavo y del medio, ya hay un impacto. Aunque haya solidaridad, no solo de la comunidad periodística de Perú, también regional e internacional por el reconocimiento que tiene Gorriti, los daños ya están hechos. Porque tiene que convivir con campañas masivas de odio en las redes, promovidas por otros medios y grupos políticos. ¿Cómo es posible que siga haciendo periodismo y entrevistando fuentes cuando tiene que enfrentar ese nivel de campañas? Independientemente del resultado, se genera el impacto y se promueve la desconfianza. Y esa es parte de la estrategia en la utilización abusiva de la justicia y el derecho penal para criminalizar a periodistas: no necesariamente necesitan llegar al final, detener al periodista o cerrar el medio, todo el proceso es agotador, ese es el drama también.
¿Algún otro medio destina tanto tiempo a defenderse de acusaciones indebidas?
El Periódico, de José Rubén Zamora en Guatemala, es un caso internacionalmente reconocido porque él está hace más de 600 días encarcelado. El presidente de Guatemala [Bernardo Arévalo] afirma de manera muy categórica que Zamora está en la cárcel por un proceso [judicial] de persecución política, pero sigue ahí porque los intereses de las clases políticas y económicas del ‘Pacto de los corruptos’ están articulados al Poder Judicial y la fiscal general Consuelo Porras. Ese es un caso emblemático porque debido al alto nivel de presión tuvieron que cerrar el diario, pese a que tenía tres décadas de existencia. Más allá de Zamora, otros nueve periodistas fueron señalados, algunos tuvieron que salir del país y había presión financiera contra los anunciantes.
Es impresionante porque se trata de una figura prominente, un personaje emblemático del periodismo guatemalteco. Cuando estuvimos en Guatemala, escuchamos de los periodistas: ‘si lo hicieron con Zamora, conmigo lo harán mucho peor’. Y es lo que mencionaba para este caso: al criminalizar a personalidades bastante reconocidas se busca un efecto disuasivo.
En alguna medida en un contexto más complejo, también ocurrió en Nicaragua con Confidencial, el medio de Carlos Chamorro, una figura reconocida en el periodismo centroamericano que tuvo que exiliarse. Las instalaciones de la redacción fueron capturadas por el gobierno de Daniel Ortega en procesos que simulan algún nivel de…
Legalidad.
Exactamente. Se preocupan por reproducir aspectos de legalidad para poder decir ‘José Rubén Zamora está detenido porque está haciendo blanqueo de capitales’. La apariencia es fundamental para quienes promueven estas persecuciones, porque si quieres movilizar tu base electoral debes tener un discurso en el que la persona que está siendo víctima de esos procesos no se vuelva un mártir o héroe que está padeciendo frente a un poder corrupto, que defiende la verdad, está arriesgando su vida por principios éticos. Incluso imputan delitos como blanqueo de dinero o ser parte de esquemas de corrupción con otros actores, acusaciones muy fáciles de absorber para el ciudadano y las personas afines del grupo político que mueve ese discurso. Son justificaciones que las personas internalizan [y dicen] ‘esas acusaciones de que está detenido porque está haciendo periodismo no me valen, porque el gobierno dice que hay evidencias de que forma parte de una estructura corrupta y comete un delito’.
Afirmaciones fáciles de tragar.
Exactamente. En la persecución judicial de periodistas las acusaciones son por difamación, extorsión, o blanqueo de capitales si se trata de empresarios, o falsificación, o corrupción activa; siempre hay un intento de estigmatizar a la persona para crear una justificación fácil de tragar.
Los casos emblemáticos revelan ataques sistemáticos a la prensa
Usted estuvo en febrero en Guatemala para pedir la liberación de Zamora. ¿RSF ha llegado a alguna conclusión sobre cómo defender a los periodistas en democracias en crisis?
No hay una única manera de hacerlo. No existe una fórmula porque depende de la correlación de fuerzas políticas y sociales que están detrás de las motivaciones que llevaron a la persecución y acoso de los periodistas. Por ejemplo, en Guatemala actualmente el gran desafío que tienen es cómo mantener un equilibrio de independencia entre los tres poderes, el Poder Judicial está sistemáticamente operando para criminalizar a los actores que…
Intentan ser independientes.
¿Y cómo hace el Poder Ejecutivo o gobierno para no ser acusado de transgredir las líneas invisibles de la independencia de los tres poderes? El gobierno todavía no pudo liberar a Zamora porque el periodista se ha vuelto una especie de moneda de negociación, un triunfo [del ‘Pacto de los corruptos’], un símbolo de algo mayor. Al final vemos ese tipo de disputa alrededor de Zamora porque es una manera de presión del Poder Judicial sobre el Ejecutivo.
En Nicaragua, ante una medida autoritaria del gobierno de Ortega desde 2018, cientos de periodistas tuvieron que refugiarse en Costa Rica, Estados Unidos, España, porque ya no había manera de ejercer el periodismo independiente. Cuando un gobierno captura sectores importantes de la sociedad mediante su imaginario político, detenta un poder gigantesco. Lo hemos visto con el chavismo en Venezuela, de manera mucho más explícita con Nicolás Maduro hay una instrumentalización del discurso político para promover intereses del gobierno, y el periodismo hace parte de ese cálculo.
En toda la región notamos una especie de hostilidad hacia el periodismo: ha ganado una centralidad en las estrategias de presión política de los gobiernos. Hemos reconocido alguna sistematicidad, como esa preocupación por una supuesta legalidad, la utilización de las redes sociales y las plataformas -por la baja regulación-, espacios donde se promueve…
«Si se vuelve heroico hacer periodismo significa que ya no hay espacio democrático, no hay un espacio cívico saludable».
Donde vale todo.
Al final la estigmatización de periodistas y de medios se vuelve una estrategia de mayor control del debate público, al generar desconfianza hacia el periodismo, en el sentido de la función del periodismo, que es ejercer un control social sobre el poder. Entonces, cuando se deslegitima el rol del periodismo, los actores políticos y económicos ganan poder sobre la capacidad de escrutinio a la cual el gobierno está confrontado. Esos mecanismos están cada vez más presentes, pero cada país tiene su particularidad. En Colombia, el gobierno de izquierda está confrontado a entes políticos que tienen poder sobre los medios tradicionales, y los medios forman parte de un juego de polarización para…
Tener mejores condiciones frente al Ejecutivo.
Exacto. Y estamos hablando de democracias. Por más difícil que sea la situación en el Perú, es una democracia donde hay instituciones, no hablamos de otro modelo con instituciones mucho más débiles y capturadas por una lógica de autoritarismo. RSF intenta identificar las contradicciones y exponerlas. En el caso del gobierno mexicano, hablamos del país con mayor número de periodistas asesinados en los últimos cinco años. Quizá ahora la Franja de Gaza es una situación excepcional debido al genocidio, pero si la exceptuamos, México tiene el mayor número. Y vemos que sistemáticamente el presidente ataca la credibilidad de los medios y sostiene un discurso de que los medios son irresponsables; no es que no haya problemas en el periodismo, pero no es el lugar del presidente aclarar las mentiras de los medios, sobre todo en un país con esos niveles de violencia.
Por eso afirma que esta investigación fiscal tiene otro objetivo.
Envía un mensaje amplio al gremio periodístico y a las potenciales fuentes que tendrían interés de hablar con periodistas y delatar hechos de corrupción en sus espacios de trabajo e instituciones y decirles: ‘Mira, si te metes a eso vas a tener problema’. Ello causa que hacer periodismo se vuelva una labor de riesgo. Tenemos ese imaginario del periodismo un poco heroico de las películas estadounidenses y no debería serlo nunca. Se trata de reunir información de interés público y distribuirla. Si se vuelve heroico hacer periodismo significa que ya no hay espacio democrático, no hay un espacio cívico saludable.
